El sector de las renovables de la Región de Murcia estalla contra Vox por sus «ataques» a la fotovoltaica

La gota que ha colmado el vaso es una enmienda que el Grupo Parlamentario Vox presentó a la cuarta ley de Simplificación Administrativa que aprobó el Gobierno autonómico, y cuyo decreto deberá convalidar la próxima semana la Asamblea Regional. El partido de Santiago Abascal ha mantenido una oposición permanente a la ubicación de plantas solares en terrenos agrícolas, y sobre esta cuestión versa esa polémica enmienda. La formación llegó a realizar tres propuestas de reforma del decreto ley para frenar a la fotovoltaica, pero de momento sólo una podría llegar a la votación del próximo miércoles, cuando el Pleno de la Asamblea debatirá la convalidación de la norma.

«No tendrán la consideración de proyectos estratégicos las iniciativas que de forma directa supongan un desplazamiento de las actividades del sector primario, ocupar suelo agrícola consolidado, desmantelar instalaciones de regadío o desarrollar políticas de cambio climático que ocasionen la destrucción del paisaje o la alteración de las formas tradicionales de vida en el medio rural y forestal», menciona el texto que Vox quiere incluir en el articulado de Ley para que, a fin de cuentas, las plantas solares no sean catalogadas como un proyecto estratégico.

Francisco Espín, presidente de Aremur, avisa que de aprobarse esa enmienda o una similar que se pudiera presentar el lunes en la Comisión de Política Territorial, que preparará el dictamen definitivo de la ley, «conllevaría la denegación por parte de los ayuntamientos para la implantación» de parques solares. «Ya no hablamos de proyectos fotovoltaicos grandes, sino de todo tipo de proyectos. Podría limitar el desarrollo industrial de la Región en general, o de proyectos implicados en combatir el abandono de zonas rurales». Añade a la lista las instalaciones para autoconsumo que se ubican en los perímetros de los pueblos, pero que no se pueden hacer sobre cubiertas: «También se verían afectadas».

El Gobierno regional pretende que estas instalaciones se autoricen mediante un título habilitante y con el cumplimiento previo de la normativa vigente. Estas instalaciones, entre las que se incluyen aquellas para el almacenamiento de energía, «no se considerarán como uso industrial sino como infraestructuras energéticas», señala la Ley de Simplificación Administrativa.

Espín advierte a Vox, pero también al Ejecutivo regional (PP), que tanto la patronal del metal como la Croem apoyan sus protestas. El representante de los empresarios de las renovables explica que muchos agricultores optan por arrendar sus terrenos para colocar placas solares, dada la mayor rentabilidad que pueden sacar de sus terrenos; pero también por el abaratamiento de costes. Esta redacción preguntó ayer a Vox si seguirá adelante con esta enmienda, pero no hubo respuesta. El próximo lunes la asociación se reunirá con el líder de la formación, José Ángel Antelo, para debatir esta cuestión.

«Frenar las plantas solares limitará el Plan Industrial de la Región»

La asociación del sector de las renovables considera que «hundir» a estos empresarios y «frenar las plantas solares» con normativas que regulen contra ellas «limitará bastante el Plan Industrial» de la Comunidad Autónoma, «porque, sin energía limpia, es inviable». Los productores de energía verde temen la ruina, advierte Francisco Espín, quien pone el acento en que el precio «más asequible» de la luz es «porque tenemos un mix con más renovables».

Apostar por los ciclos combinados o por los combustibles fósiles «no nos hace ser competitivos como país», incide Espín. Aremur protesta, concretamente, por los intentos de Vox de enfrentar al sector primario con el sector de las renovables, «cuando pretendemos ser la solución para muchos problemas», añade.