El Consistorio de San Javier no recurrirá la anulación de la licencia de Collados Beach y ultima su cierre

Martínez, quien también es del PP, recordó que hace menos de un mes, el 19 de septiembre, el Pleno del Consistorio aprobó una moción defendida por él mismo para «iniciar un procedimiento de revisión de oficio» de la citada autorización al establecimiento, situado en la playa de Veneziola.

La corporación, con los votos a favor de los populares y del PSOE, y las abstenciones de Vox y Pleamar, acordó «sustanciar si procede declarar nulos el decreto de Alcaldía n.º 1.196, de 11 junio de 2007, por el que se concedía licencia a la actividad, así como el acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado el día 5 de noviembre de 2008, por el que se autorizaba la puesta en funcionamiento» del local.

Ello, ante la eventual nulidad de pleno derecho de las resoluciones (la segunda de la etapa de la alcaldesa socialista Pepa García), ya que el suelo ocupado por el local «es incompatible» a efectos urbanísticos «con la actividad ejercida» en él. Así lo expuso en agosto un informe del arquitecto municipal, que recordó que el restaurante está en la zona de servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre.

El concejal de Urbanismo explicó a este diario que el Consistorio se disponía a realizar una consulta sobre este asunto al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, pero que la sentencia del Contencioso hace ya «innecesario» este trámite administrativo. Y destacó que, antes de que el gobierno encabezado por el alcalde José Miguel Luengo llevara el tema al Pleno y de que el juzgado se pronunciara, el área de Disciplina Medioambiental del Ayuntamiento ya estaba tramitando un expediente sancionador de suspensión de la actividad contra Vive Collados SL, empresa responsable del restaurante y club de playa.

El edil indicó que el decreto de suspensión fue notificado a la mercantil en agosto y que el expediente, que menciona el informe del arquitecto, está «muy avanzado». Fuentes de toda solvencia aseguraron que los servicios técnicos municipales se inclinan por rechazar las alegaciones presentadas por la mercantil, de forma que el Ayuntamiento ordenará el cierre de este negocio de hostelería sin necesidad de que la sentencia sobre la licencia de actividad adquiera firmeza.

Grupo Orenes, al que pertenece el restaurante, anunció que recurrirá la sentencia. Y la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) pidió al Ejecutivo local que acate el fallo judicial. Este da la razón a una vecina, defendida por el abogado Eusebio Torres Bernal y que denunció el incumplimiento de la normativa autonómica de protección medioambiental y que desde hace 17 años sufre «un auténtico infierno» por el ruido del local.

El portavoz municipal del PSOE, Pedro Górriz, dijo ayer que «la Administración Luengo ha sido duramente golpeada por la sentencia». Argumentó que el fallo «pone en entredicho la gestión del exalcalde del PP José Hernández y la del actual equipo de gobierno, por no iniciar el procedimiento de revisión de oficio solicitado» por la demandante en 2021 y actuar con el silencio administrativo.

El edil socialista exigió que la sentencia no sea recurrida en ningún aspecto y recordó que «la vía penal está muy viva, por un posible delito de prevaricación» cometido en este asunto por el exalcalde Hernández y por el funcionario jefe de Asuntos Generales del Ayuntamiento. En la causa consta imputada la exalcaldesa García, si bien falleció en 2015.