El Gobierno regional seguirá sin publicar la lista de altos cargos vacunados fuera de protocolo

El Gobierno regional seguirá sin hacer pública la lista de altos cargos que se vacunaron al inicio de la campaña de inmunización frente a la Covid sin respetar la estrategia nacional. Si bien el Consejo de la Transparencia fue rotundo en su resolución del martes a la hora de reconocer el derecho de los ciudadanos a conocer esta información, el Ejecutivo señala que dicho dictamen «en ningún momento ordena la publicación» del listado, sino que «establece que se retrotraigan las actuaciones [de la Consejería de Salud] al momento en el que se debe de dar audiencia a altos cargos», dentro del procedimiento abierto a raíz de la solicitud de información presentada por un periodista de 'maldita.es'.

Así lo señaló el consejero de Transparencia Seguridad y Emergencias, Antonio Sánchez Lorente, en declaraciones recogidas por Europa Press. Por su parte, el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, aseguró que el Gobierno no tiene «ningún problema en que se publiquen los nombres que se tengan que publicar», aunque añadió que «siempre y cuando así lo establezca la normativa o, en su caso, lo determine un juzgado». Mientras, la Consejería de Salud se limitó a señalar que «se analizará [la resolución] por parte de los servicios jurídicos».

La resolución del Consejo de la Transparencia reconoce el derecho a la información sobre altos cargos vacunados fuera de protocolo solicitada por un periodista de 'maldita.es', y anula la Orden del consejero de Salud que rechazó esta petición. La Consejería deberá emitir una nueva Orden, aunque previamente tendrá que conceder «trámite de audiencia» a los ex altos cargos afectados, un paso que se omitió indebidamente, advierte el Consejo de la Transparencia.

La resolución es de obligado cumplimiento y debe ejecutarse en quince días, aunque la Consejería puede recurrir a la la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

El Consejo de la Transparencia señala, en la resolución, que «hay un indudable interés público en la petición de conocer si desde la Consejería de Salud se actuó con observancia de las normas establecidas o si, arbitrariamente, se dispuso de vacunas para personas que no le correspondían, con grave perjuicio para la salud de aquellas otras que estaban en situación de mayor riesgo de padecer la enfermedad provocada por el coronavirus».

En este sentido, «el acceso a la información reclamada contribuye a tener un mejor conocimiento en la toma de decisiones de las autoridades y directivos, así como de la asignación de los medios de la Administración, las vacunas en este caso, en relación con los objetivos marcados por las autoridades sanitarias en la estrategia de vacunación». «Cabe considerar la existencia de un interés público prevalente en el acceso a la información sobre los derechos a la protección de datos de las autoridades y cargos», subraya el Consejo.

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