La Comunidad alerta de que el cierre de acuíferos pone en riesgo 680 millones y 20.500 empleos en la Región de Murcia
El Ejecutivo regional señala que la zona más perjudicada sería el Altiplano, por lo que pide que se estudie la conexión de la comarca con el Trasvase Júcar-Vinalopó como plantea el informe de la Universidad de Alicante
El cierre de acuíferos subterráneos previsto para el año 2027, en cumplimiento la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea (UE), tendrá un impacto económico de 680 millones de euros en la Región, poniendo en riesgo 20.500 puestos de trabajo.
Así lo señaló el portavoz del Ejecutivo, Marcos Ortuño, acerca del informe del Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante (UA), cuyo contenido adelantó este jueves LA VERDAD y que prevé la pérdida de 40.722 hectáreas de regadío en toda la cuenca del Segura (el 15% del total), 28.702 de ellas en la Región de Murcia (el 16,5% del área dedicada a este tipo de cultivo en la Comunidad). Ello, si se aplica un recorte de 212 hectómetros cúbicos al año.
El informe estima que la Región de Murcia será la más perjudicada por este recorte, pues concentra el 82,4% del impacto total previsto en la Demarcación Hidrográfica del Segura. Tanto en términos económicos como de empleo, una de las zonas más afectadas será la comarca del Altiplano (Yecla y Jumilla), por lo que Ortuño exigió al Gobierno de España que adopte algunas de las soluciones propuestas por el informe, concretamente la de conexión del Altiplano con el trasvase Júcar-Vinalopó.
El portavoz señaló que, según el estudio de la Universidad de Alicante, el perjuicio económico no se limitaría al sector agrícola, sino que se verían afectadas la industria de transformación de productos agroalimentarios, la comercialización y los servicios relacionados. Asimismo, se produciría «una notable pérdida de valor patrimonial en las explotaciones agrarias, al reducirse la rentabilidad de las tierras reconvertidas de regadío a secano».
«Golpe sin precedentes»
El Ejecutivo de López Miras advierte además de que este hecho se suma a la previsión de recortar el 50% de las aportaciones del Trasvase Tajo-Segura, que entraría en vigor, al igual que el cierre de pozos, en el año 2027. «La combinación del cierre de los acuíferos y la reducción de caudales del Trasvase supondría un golpe sin precedentes para el futuro de la agricultura y la economía de la Región de Murcia, que pondría en riesgo su desarrollo social y territorial», dijo Marcos Ortuño.
En ese sentido, reiteró al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que ponga de forma urgente alternativas encima de la mesa para evitar «el perjuicio irreparable para zonas de la Región que carecen de otras fuentes de suministro, como es precisamente el Altiplano».
Hay que recordar que el cierre de pozos se enmarca dentro de la aplicación de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea (UE) para atajar la sobreexplotación de los acuíferos.