El retraso del pago de la atención temprana amenaza con dejar sin servicio a 80 niños
El centro Higea de Murcia comunica a las familias que dejará de asumir desde el lunes el coste de las terapias que debía abonar el IMAS y que no le transfiere desde agosto
Este viernes fue la última sesión de atención temprana gratuita hasta nuevo aviso para Leo, un pequeño de tres años que arrastra un retraso en ... su desarrollo por una intervención quirúrgica cuando tenía 8 meses para extirparle un tumor cerebral. La ley de atención temprana que entró en vigor en la Región en enero de 2022 establece que la Comunidad debe hacerse cargo del coste del servicio para todos los menores de 0 a 6 años. Sin embargo, los padres de Leo, igual que los de otros 79 niños que acuden al mismo Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana que él, Higea, en Murcia, recibieron en la mañana de ayer el aviso de que en unos días pueden dejar de beneficiarse de esa prestación. «Lamentamos comunicarles que las sesiones que está recibiendo su hijo subvencionadas por el IMAS en nuestro centro van a ser suspendidas a partir del próximo lunes, 30 de octubre. El motivo que nos ha llevado a tomar esta dura decisión es que Higea lleva sin recibir el coste del servicio desde hace cuatro meses», señala el comunicado remitido a las familias a través de WhatsApp.
Fuentes del departamento que dirige Conchita Ruiz señalaron a LA VERDAD que la Comunidad mediará para que el servicio no se vea interrumpido, aunque desde la dirección del centro ven «imposible» continuar asumiendo el coste sin recibir el pago de las cantidades que el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) les adeuda desde agosto y que ha provocado que la entidad no pudiera afrontar el ingreso de las nóminas de septiembre de sus 13 empleados, una situación en la que siguen con octubre agotando sus últimos días.
«La Consejería nos pagaba a 60 días, es decir, que no hemos cobrado las sesiones realizadas desde junio», explica Encarni Hernández, responsable de Atención Temprana de Higea, que considera que el ahogamiento económico es ya «insostenible». «Es una completa vergüenza. Nos dijeron que nos habían estado derivando más niños de los que nos correspondían por concierto y que no podían abonar las facturas. Pero claro, nos los derivaron porque los demás estaban saturados, no por hacernos un favor», señala.
La Consejería afirma que pagará a la entidad el 6 de noviembre y que mediará para intentar que no se interrumpan las sesiones
Los retrasos en el pago afectan desde este verano a todos los centros acreditados para prestar el servicio de atención temprana de la Región que firmaron el concierto con la Consejería, según confirmaron fuentes de Política Social a esta Redacción. Aunque hasta ahora, ninguno había tomado la decisión de dejar de prestar el servicio. La Consejería asegura que hará efectivo el pago de los servicios de Higea el próximo 6 de noviembre y que se encuentra trabajando para regularizar la situación con todas las entidades de forma paulatina. «Algunas ya se encuentran al día», explican las mismas fuentes.
Incremento de solicitudes
«La Comunidad ha tenido que redotar la partida presupuestaria destinada a este servicio con 3 millones de euros más para poder atender el incremento de solicitudes que se ha producido en los últimos meses -aseguran desde Política Social-. Una cantidad que se suma a los 11 millones presupuestados inicialmente y que genera una inversión total de 14 millones de euros para este 2023».
Desde Higea se muestran cautos con la promesa. «El 11 de octubre ya nos dijeron que el pago se aprobaría en el siguiente Consejo de Gobierno y, tres semanas después, seguimos sin noticias», lamenta Encarni Hernández, que señala que llevan desde septiembre alertando a la Consejería de la situación, y que han perdido ya a dos de sus empleados. «Se han marchado tras comunicar que no pueden seguir en estas condiciones, y yo lo entiendo».
La demora afecta a todas las entidades que tienen concierto con la Comunidad; y el Gobierno señala que irá regularizando a cada una de forma «paulatina»
Pedro Martínez, presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad en la Región (Cermi), señala que «las entidades más grandes pueden resistir los retrasos mejor, si son más pequeñas, la situación se hace mucho más complicada. Tienen que pagarle a sus trabajadores y es difícil sin tener esos ingresos ya durante tres meses».
Encarni lamenta los retrasos en los pagos que permiten prestar un servicio «indispensable». «No es un capricho, hablamos de niños que necesitan logopeda, que necesitan estimulación; niños con una grave afectación en muchos casos. Y ellos no tienen la culpa». «Habrá padres que decidan pagar para poder seguir, lo que es muy injusto para ellos porque tienen aprobado un servicio gratuito. Pero aún peor es la situación de aquellos que no lo puedan asumir. Hay muchas familias sin recursos. ¿Con ellos qué va a pasar?».
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