El PP no aclara si es partidario de limitar los rezos musulmanes en otros municipios

Mientras tanto, se remiten a la postura del partido a nivel nacional, que es quien ha dado las explicaciones públicas: no hay nada ilegal en la moción aprobada en Jumilla, que por el momento carece de valor legal, ya que se trata solo de una declaración política. «Nosotros estamos con la integración y con la legalidad que es lo que marca la Constitución española», subrayó ayer uno de sus vicesecretarios, Elías Bendodo. Según Bendodo, el PP «defiende la libertad de culto que recoge nuestra Constitución y evidentemente la Constitución dice que los poderes públicos tendrán que promover la integración de todas las religiones en España».

A pesar de eso, hay alcaldes, como el de La Unión, que lo tienen claro: «No tiene encaje legal», responde Joaquín Zapata a este periódico, al tiempo que añade que en su municipio «nunca se ha planteado esa posibilidad y no existe esa necesidad». Mientras tanto, insiste en que es «una polémica que nació muerta» porque una moción carece de valor legal y solo es una declaración política. Zapata es uno de los alcaldes populares que gobiernan en coalición con Vox, igual que lo hizo en Cieza hasta marzo del año pasado Tomás Rubio: «Aquí nunca se ha planteado nada así tampoco», apunta el regidor del PP.

Está por ver qué recorrido dará también Vox a partir de ahora a esa moción en otros ayuntamientos, si mantendrá la redacción original o si, tras ver el éxito para sus intereses obtenido en Jumilla, opta por incluir esa matización al uso de espacios públicos que los populares acabaron por asumir. Ésa es la sustancial diferencia sobre un texto que también se debatió en los plenos municipales de Murcia, Torre Pacheco y Mazarrón: había un intento de rechazar y prohibir la Fiesta del Cordero, pero no había referencias en ellas a limitar a las instalaciones municipales. Con mayoría absoluta en el ayuntamiento de la capital, calificaron la moción de «más sectaria de la cuenta», mientras que en los otros dos argumentaron la condición de aconfesional del Estado o el la pluralidad de la sociedad actual para no apoyarla, si bien optaron por abstenerse.

Preguntado por esta polémica ayer, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, aseguró que el Gobierno «actuará para paralizar cualquier comportamiento anticonstitucional contrario a los valores europeos y que discrimine a la población por sus ideas, por su credo, por su condición sexual o por su sexo». En todo caso, sobre si el Ejecutivo, se plantea emprender una vía judicial en caso de que el consistorio no de «marcha atrás», indicó que no va a «adelantar acontecimientos». Así, añadió que, a la vista de la respuesta que dé el Ayuntamiento de Jumilla al requerimiento, el Gobierno de España adoptará «las medidas legales y las acciones legales que sean necesarias».

«Desde luego, los ciudadanos de nuestro país pueden estar seguros que el Gobierno de España no va a permitir ninguna discriminación de nadie y no va a permitir que se vulnere la Constitución y un derecho fundamental de manera tan abierta como lo ha hecho o lo intenta hacer el Ayuntamiento de Jumilla», aseguró.

Igualmente, acusó a Vox de intentar «discriminar» a las personas por «distintos motivos», como ha dicho que es el religioso, la orientación sexual, por ser mujer o «simplemente por no pensar como ellos o ser de izquierdas». En cuanto al PP, Bolaños dijo que es «muy lamentable» que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo sea «protagonista» y «cooperador necesario» en el «comportamiento excluyente, discriminatorio» de Vox en Jumilla.