Las residencias de mayores culpan a Política Social de «poner en peligro» la viabilidad de los centros
Denuncian que la Consejería «no ha cumplido ninguna de las promesas» firmadas hace siete meses en relación a los gastos Covid y el aumento del precio por plaza: «La paciencia tiene un límite»
La Consejería de Política Social, que dirige la vicepresidenta Isabel Franco, «sigue sin cumplir con lo prometido» hace siete meses -cuando se fumó la pipa de la paz con los representantes de las residencias de mayores de la Región- lo que «pone en peligro la calidad del servicio a los usuarios y la viabilidad de nuestros centros», denunciaron este viernes las principales asociaciones del sector.
Fue en abril cuando, tras meses de duras negociaciones, Franco anunció que destinaría 2,8 millones de euros para sufragar los gastos extraordinarios generados por la pandemia de Covid-19 en 2020 y 2021; que subiría el precio por plaza que cobran los centros concertados de forma progresiva, empezando con un aumento del 5,38% este 2022; y que promovería una iniciativa legislativa para estudiar cómo ligar la subida del convenio estatal de la dependencia a los precios de los conciertos. Cumplía así con las principales reivindicaciones del sector. Y todos tan contentos por aquel entonces, a pesar de que la situación económica de los centros ya era sumamente delicada, como explicaban los directivos de las residencias.
El hacha de guerra, sin embargo, volvió a ver la luz este jueves tras la reunión mantenida entre Franco y los representantes de Adermur y Lares. Estas asociaciones mayoritarias ya remitieron a la consejera un escrito el pasado lunes día 7 de noviembre en el que advertían de que «transcurridos siete meses desde que se celebró la reunión de abril, aún no se ha cumplido con ninguno de los compromisos adquiridos». Ninguno, en mayúsculas.
El resultado del encuentro mantenido este jueves, que se entendía casi como el último clavo al que agarrarse, «ha sido decepcionante», según las asociaciones. «La Consejería sigue sin cumplir con lo comprometido y ni siquiera es capaz de concretarnos un calendario de cumplimiento de los acuerdos que se adoptaron hace ya más de siete meses: nuevo decreto para sufragar los gastos pendientes por Covid de 2020 y 2021; el incremento y regularización del precio por plaza (5'38%) para 2022 y los atrasos desde el 1 de enero, y la disposición de los fondos Next Generation».
Sobre la iniciativa legislativa de repercutir las subidas del convenio estatal de la dependencia a los precios de concertación, «un asunto de trascendente importancia para el sector -continúa la nota de prensa difundida por las asociaciones-, la consejera después de siete meses, nos comunica la imposibilidad de cumplir con lo prometido achacando el problema a la Ley de Estabilidad Presupuesraria. A este respecto, no comprendemos cómo esta ley, que es una ley nacional, puede imposibilitar algo que el sector de la dependencia ha conseguido en Cantabria este mismo año». A juicio de los responsables de las residencias, las alternativas a esta solución «dependen más que nada de la voluntad política». A cambio, Franco «sigue pidiendo que hagamos un acto de fe».
Los representantes del sector definen la situación económica de los centros como «muy complicada» y recuerdan que, a los ya conocidos incrementos de los precios de la energía, materias primas, transporte y demás, hay que sumar «el incremento del 6,5% de las retribuciones de nuestro personal, por cierto merecidas, y que hemos de afrontar antes del 30 de noviembre del presente año».
«Las propuestas planteadas por las asociaciones solo tienen como objetivo mantener la sostenibilidad del sector, algo que en vista a lo conseguido parece no preocupar a la Consejería. Entendemos que a la política se debe venir a solucionar los problemas de los ciudadanos y no a agravarlos. Nuestra actitud conciliadora nos ha llevado a ser pacientes, pero nuestra paciencia tiene un límite y, más aún cuando se pone en peligro la viabilidad de nuestros centros, el futuro de nuestros trabajadores y, sobre todo, la calidad del servicio y atención que prestamos a nuestros mayores, un colectivo muy vulnerable y minusvalorado por nuestro Gobierno regional», lamentan. Y advirtieron de que «no dejaremos de velar por nuestros usuarios y trabajadores, y estamos dispuestos a llegar hasta donde sea necesario».
La versión de la Consejería
Por su parte, la Consejería de Política Social explicó que la reunión celebrada el jueves tenía el objetivo de «revisar los acuerdos vigentes en el sector de la dependencia». Franco quiso dejar claro tras la reunión que «la Comunidad tiene como prioridad el sector de la dependencia, especialmente el sector de personas mayores, siendo con el que más se ha comprometido en la legislatura, que se verá reflejado en los presupuestos de la Comunidad para el próximo año».
Respecto a la subida del precio por plaza, la consejera informó de que «la propuesta de ley que está tramitando la Asamblea será ordenada en breve para su debate en Pleno antes de que finalice el año. Subida que se verá consolidada en los presupuestos de 2023».
En relación a los gastos Covid, la Consejería de Política Social justifica su incumplimiento asegurando que «se está a la espera del convenio que regula el plan de choque para la dependencia. Dicho convenio se ha visto retrasado por la oposición de la Región de Murcia al nuevo modelo de cuidados propuesto por el Ministerio, respondiendo así a las demandas del sector». Y, aunque los centros siguen sin ver un solo euro, la Consejería promete aún más millones: «La propuesta remitida a Madrid contempla un incremento de los gastos Covid sobre la cantidad pactada en abril, que sube de 2,8 a 3,7 millones de euros».
En cuanto a las líneas de subvenciones recogidas por los fondos MRR Región de Murcia, la consejera señaló que «se ha informado en la reunión de que la Comunidad está a la espera de que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 remita la documentación correspondiente y el nuevo convenio a suscribir una vez los plazos de ejecución de los proyectos se han ampliado al segundo trimestre de 2026, atendiendo así a las reivindicaciones de la Región». Además, también informó sobre el estado de tramitación de la ampliación de las 226 plazas en residencias, que se encuentran en esos momentos en proceso de creación.
