Las reivindicaciones del campo murciano en la protesta del 21-F

Las cláusulas espejo son la primera barrera que los representantes quieren imponer en las relaciones comerciales entre los Estados miembros y el exterior del continente. «Queremos que se impongan las mismas normas y exigencias a los productores que vienen de fuera de la UE que a las producciones europeos», remarcan en el documento. Jugar en la misma liga también implica aplicar una vigilancia y control sobre las mercancías para tener presente la sanidad vegetal y animal, por lo que también se reclama un observatorio de importaciones europeo y un respeto al mercado único continental para garantizar la soberanía alimentario. La ley de agricultura familiar que está estudiando el Gobierno central es otra meta que quiere alcanzar el sector «para proteger este modelo productivo» que desaparece, y que tiene como consecuencia directa la falta de incorporación de nuevos jóvenes al campo. Las tres organizaciones piden una política fiscal del medio rural que contemple las particularidades del desarrollo económico en este ámbito.

El pacto verde europeo y la nueva estructura de la PAC, más ambiental, está entre ceja y ceja del sector. La «incesante» normativa que se impone al sector primario, «carente de sentido en muchas ocasiones», está presionado la producción de alimentos, lo que genera una mayor dependencia, señalan, de terceros países «para alimentar a la sociedad europea». Piden su «paralización y revisión» hasta que no se garantice la seguridad alimentaria y la sostenibilidad social, ambiental y económica del sector primario. La Política Agraria Común tiene como protagonista este año a los ecorregímenes, las líneas verdes de ayudas por cultivar de forma sostenible. El secano regional ha quedado mermado después de la aprobación del primer paquete de esta partida económica, por lo que el sector exige acomodar esta parte de la PAC a la «realidad climatológica y productiva de los cultivos del sureste». El cuaderno digital, y su voluntariedad, es otra reivindicación ante la carga burocrática del sector.

La Eurocámara respaldó hace muy pocas semanas las técnicas de edición genómica como medidas para adaptar las variedades de cada producto al cambio climático, una realidad que los agricultores esperan que se materialice pronto. En esta línea de las complicaciones por la futuras sequías y falta de agua en la Región, las organizaciones reclaman regadíos sociales y riegos de socorro, como en el Altiplano; mejorar el sistema de seguros agrarios contra las inclemencias extremas del tiempo y que el Gobierno regional garantice cubrir junto con ENESA dos tercios del coste de las pólizas; la continuidad del Trasvase Tajo-Segura o modernizar las explotaciones para gastar menos agua. La sequía, opina, el campo, debería ser una causa de fuerza mayor que permita garantizar una línea de ayudas económicas para las explotaciones más afectadas.

La ley de la cadena alimentaria necesita, tras ser reformada hace unos años, una nueva versión que aplique la directiva sobre prácticas comerciales desleales y cree el observatorio de formación de precios. A la Comunidad le reclaman un organismo de control eficaz y que aumente la vigilancia en las operaciones comerciales en la Región. Los costes de producción requerirían, apuntan las organizaciones, otros mecanismos de control para esquivar la especulación en el mercado.

En un ámbito administrativo más regional, una de las principales reivindicaciones del sector ganadero murciano es aumentar el presupuesto de las agrupaciones de defensa sanitaria que el Gobierno regional recortó para este año. El Plan de Ordenación Territorial y las directrices sectoriales para la actividad ganadera son otros deberes que la Comunidad deberá afrontar con los ganaderos. Además, piden no continuar con los planes de implantar la figura del veterinario de granja por los posibles sobrecostes que pueda tener para las explotaciones.

El Mar Menor y la legislación agrícola es otro pilar de las demandas del sector. «Manteniendo los objetivos y ambiciones para la protección y recuperación del Mar Menor, la ley debe ser actualizada atendiendo a la experiencia acumulada desde su entrada en vigor, teniendo en cuenta las prácticas agrarias y avances técnicos que se aplican en su ámbito de aplicación y las conclusiones científicas aceptadas». Para el campo resulta «indispensable» la integración de toda la normativa aplicable a la cuenca vertiente, unificando la estatal y autonómica, de forma que los agricultores y ganaderos de la comarca vean reducida su carga burocrática que, a día de hoy, «se hace insoportable».