La ley regional de familia considera el aborto como «un fracaso, no como un derecho»

Fernando López Miras, en los talleres organizados con motivo del Día de la Familia, el pasado mes de mayo, en Murcia. / Alfonso Durán / AGM
Fernando López Miras, en los talleres organizados con motivo del Día de la Familia, el pasado mes de mayo, en Murcia. / Alfonso Durán / AGM

El Gobierno de López Miras quiere aprobar este mes la normativa, que aumenta las ayudas a los hogares monoparentales, así como la protección a las madres y los menores en situación vulnerable

Daniel Vidal
DANIEL VIDAL

El Ejecutivo de la Región de Murcia no quiere demorar más allá de este mes la aprobación del proyecto de Ley de Protección Integral de la Familia, que el Gobierno de Fernando López Miras lleva cocinando buena parte de la legislatura. Será la primera ley sobre familia en la Región, y la quinta comunidad autónoma en contar con una legislación integral en esta materia, tras Andalucía, Cataluña, Galicia y Aragón.

La ley pretende «otorgar una atención prioritaria a las familias más necesitadas, las que requieren una especial protección: familias numerosas, monoparentales, con personas mayores o dependientes a cargo, con personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad».

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En este sentido, y aunque la normativa establece medidas específicas para las familias numerosas (de tipo fiscal y en materia de vivienda, educación y empleo, entre otras), el texto que López Miras quiere llevar cuanto antes al Consejo de Gobierno recoge como novedad la equiparación de las familias monoparentales con las familias numerosas en cuanto al régimen de ayudas y exenciones de ámbito autonómico.

El texto contempla la creación de una red de puntos de lactancia de acceso libre

Además, la ley se propone el apoyo decidido a la maternidad, «entendiendo que el aborto no es un derecho, sino un fracaso del proceso natural de la maternidad», tal y como recoge el artículo 74, en un párrafo propuesto expresamente por el presidente de la Comunidad, y en la misma línea de lo manifestado días atrás por el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Entre otras medidas, la normativa contempla el desarrollo de una «red de apoyo a la mujer embarazada», incluyendo la creación de puntos de lactancia materna de acceso libre.

«Culminar el embarazo»

«Se van a poner a disposición de la mujer embarazada todos los recursos de la Administración para apoyar su decisión», señaló López Miras a 'La Verdad'. «Queremos garantizar que aquella mujer embarazada que quiera culminar la gestación pueda hacerlo sin que su decisión pueda ser menoscabada por las circunstancias sociales, económicas, o familiares». Por eso, de hecho, el texto incide especialmente también en la conciliación de la vida familiar, profesional y personal.

La ley, con la que el Gobierno de López Miras y el PP de la Región quieren fortalecer (o recuperar, en algunos casos) el apoyo entre los votantes de derecha, es «muy ambiciosa, y pretende alcanzar a todas las familias, sin exclusión de ningún modelo, para facilitar su desarrollo y protegerla frente a los muchos ataques que sufre hoy en día», según el jefe del Ejecutivo regional. «Las familias han sido básicas e imprescindibles para superar la crisis. Debemos devolver ese esfuerzo y sacrificio. Ningún miembro de ninguna familia se va a sentir desamparado», añadió.

El articulado de la norma garantiza que los padres puedan elegir la educación de sus hijos

En este sentido, el proyecto de ley establece diferentes prestaciones económicas: por tener hijos a cargo, por adopción o acogimientos remunerados, por partos múltiples, por hijos nacidos con daños que requieren atenciones especiales, por personas a cargo en situación de dependencia, etcétera. También se establecen diferentes servicios y recursos de apoyo, y contempla la puesta en marcha de la llamada renta estandarizada, que persigue «dar un trato más equitativo a las distintas situaciones familiares», según recoge el documento. Hasta ahora, esta renta estandarizada solo está implantada en el País Vasco.

Conflictos domésticos

Otro de los puntos más destacables de la ley, que contiene ocho títulos y más de cien artículos, es el que hace referencia al reconocimiento del «carácter universal y gratuito a la atención temprana para niños de hasta seis años con necesidades especiales, discapacidad, limitaciones funcionales, alteraciones en su desarrollo o riesgo de padecerlas».

Además, la normativa contempla la creación del Servicio de Mediación Familiar, cuyo objetivo será «ayudar a resolver conflictos familiares». Así, la ley definirá los conflictos que serán objeto de mediación, su ámbito de aplicación, las funciones del servicio, derechos y obligaciones tanto de la persona mediadora como de las partes en la mediación, y el régimen de infracciones y sanciones en caso de incumplimientos, entre otros. De esta manera, «las administraciones públicas podrán atender las situaciones de crisis que se produzcan en el seno de la familia», explicó López Miras.

La normativa también «garantiza el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos», y gran parte del articulado se dedica a prevenir y a atender la violencia en el ámbito de la familia. Además, incide en las medidas de protección «a la infancia y la adolescencia». También se contempla la creación del Consejo Asesor Regional de la Infancia y Familia, la Comisión Interdepartamental de Familia y el Observatorio de la Familia de la Región, que tendrán como misión la vigilancia del cumplimiento de la ley.

Tras su aprobación en el Consejo de Gobierno, la normativa pasará por los órganos consultivos pertinentes (Consejo Jurídico y Consejo Económico y Social de la Región) para después recalar en la Asamblea, donde el Gobierno pretende alcanzar el acuerdo: «Tenemos voluntad de concertar el consenso de todos aquellos que tienen interés en que la familia siga siendo el pilar de la sociedad», dijo López Miras.