La Región de Murcia es una de las comunidades donde menos eutanasias se solicitan

El recurso a la eutanasia sigue siendo algo excepcional que se plantea en situaciones muy concretas, confirma José Manuel Allegue, presidente de la Comisión regional de Garantías, el organismo encargado de autorizar o denegar en última instancia las solicitudes. «La sociedad ha acogido la eutanasia con normalidad y, en efecto, no se está produciendo una pendiente resbaladiza», resume.

Los informes regionales sobre la aplicación de la ley permiten dibujar el perfil del solicitante de eutanasia en la Región de Murcia. De las 14 personas que han recibido autorización para esta práctica, nueve padecían esclerosis lateral amiotrófica (ELA) o alguna otra enfermedad neurológica, y cuatro afrontaban un proceso oncológico. Hay también un paciente con diversas patologías sin especificar.

Todos estos casos se ajustan de forma clara a los criterios fijados por la ley, que es muy garantista. A la eutanasia se puede recurrir ante «una enfermedad grave e incurable» o «una enfermedad grave, crónica e imposibilitante» que provoque un padecimiento «que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios».

A lo largo de estos cuatro años se han denegado 8 solicitudes de eutanasia en la Región de Murcia. Esto significa que una de cada tres peticiones tramitadas no consigue autorización. La ley establece que cada caso debe ser analizado por un médico responsable y otro médico consultor, previamente a la evaluación de la Comisión de Garantías. En la mayoría de los casos, la comisión ha ratificado el dictamen de los médicos responsables y consultores. Pero no siempre.

El órgano regional de garantías, nombrado por la Consejería de Salud, aplica un criterio restrictivo en el caso de las demencias o enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer, lo que ha llevado a denegar dos solicitudes que habían contado con dictamen favorable de los médicos. El caso más polémico es el de Ada, una mujer de 71 años de Cartagena que falleció a principios de 2024 mientras esperaba a que la Justicia resolviese el recurso presentado contra la decisión de la Comisión de Garantías.

Los miembros de esta comisión denegaron la prestación por «falta de evidencias objetivamente constatables de la concurrencia» de un «sufrimiento continuo e insoportable», pese a que Ada había hecho constar en su testamento vital su deseo de acogerse a la eutanasia cuando el alzhéimer le llevase a un callejón sin salida. «En la Región de Murcia tenemos una comisión conservadora que es tendente a rechazar los casos más interpretables», señala Abel Novoa, presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ADSP).

El presidente del órgano de Garantías, José Manuel Allegue, responde que en el caso de pacientes con procesos neurodegenerativos «no hay unos criterios tan claros en la ley como los referidos a un proceso oncológico». Se trata de un «tema complejo que da para el debate». A algunas cuestiones se intenta dar respuesta en el manual de buenas prácticas elaborado por los grupos de trabajo del Ministerio y las comunidades autónomas.

Allegue no cree que el factor religioso esté detrás del bajo número de solicitudes de eutanasia en la Región de Murcia, aunque sí considera que puede haber otros factores culturales, como el papel de la familia y los cuidadores.

Aunque Abel Novoa coincide en la existencia de condicionantes culturales, apunta a un clima contrario a la norma como una explicación del bajo número de solicitudes en la Región. «De alguna manera, se desincentiva a las personas que en un momento determinado podrían solicitar la eutanasia. Si vas a un médico que te pone dificultades, te intenta convencer de lo contrario o te dice que no sabe cómo activar el proceso, al final puede que ni siquiera presentes la solicitud», avisa. En algunos casos esto puede producirse «por desconocimiento del profesional», pero «la Administración está obligada a formarlo», advierte.

La Consejería de Salud defiende, sin embargo, la normalidad en la aplicación de la norma: «Los procedimientos tramitados en estos cuatro años se han desarrollado de acuerdo con los trámites y plazos dispuestos en la Ley, y se ha garantizado en todos los casos el correcto desarrollo del proceso eutanásico, sin menoscabo de los derechos reconocidos a los solicitantes de la prestación, y sin que se hayan producido obstáculos en la aplicación de la ley». Salud destaca «la implicación de los profesionales sanitarios» que intervienen en el proceso. La Consejería creó equipos de médicos consultores para acompañar a las personas que quieren acogerse a la eutanasia.

Los plazos del proceso se han ido acortando, y actualmente se tarda una media de 49 días entre la presentación de la primera solicitud y la realización de la eutanasia. La Región de Murcia se sitúa así en el promedio nacional. No obstante, uno de los 23 pacientes que han solicitado la eutanasia desde 2023 falleció antes de que hubiese una resolución. Otras dos personas murieron antes de que el proceso hubiera llegado a término.