La Región de Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana reclaman al Ministerio una reunión sobre el recorte del Trasvase

Los Gobiernos de la Región de Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana reclamaron al Ministerio para la Transición Ecológica la convocatoria urgente de una reunión con las comunidades autónomas afectadas por los recortes en el Trasvase Tajo-Segura. La consejera Sara Rubira y su homólogo valenciano, Miguel Barrachina, se reunieron este miércoles por la tarde en la sede de la Conselleria de Agua, Agricultura y Ganadería en Valencia, donde acordaron reclamar este encuentro al Miteco en coordinación con Andalucía.

«Hace más de un año se nos convocó a una reunión para poder participar en este proceso. Una reunión sin datos y sin guion que no se volvió a repetir. Ahora sabemos que las aportaciones que remitimos al Ministerio no han sido tenidas en cuenta», aseguró la consejera Rubira. «El Gobierno de la Región de Murcia hará lo que esté al alcance de su mano para frenar esta injusticia y este castigo a la Región y a sus regantes», afirmó.

Ambos consejeros acusaron al Gobierno central de «usar a los regantes del Levante como moneda de cambio para sus intereses partidistas en Castilla-La Mancha». Asimismo, condenaron los planes del Ejecutivo central para el Trasvase Tajo-Segura, que supondrían la pérdida de más del 50% del agua que reciben los regadíos de Almería, Alicante y la Región de Murcia.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca afirmó al término del encuentro que «el Gobierno de Sánchez quiere un 'apagón hídrico' en el Levante cuando las reservas de los pantanos de cabecera están en máximos históricos». Sara Rubira indicó que «los más de 1.500 hectómetro cúbicos que se almacenan en Entrepeñas y Buendía hacen aún más incomprensible esta decisión arbitraria del Ministerio que sólo pretende castigar al Levante y contentar a Castilla-La Mancha».

«Una vez más, Sánchez utiliza lo que es de todos para satisfacer sus intereses políticos y partidistas. Para elevar dos centímetros el cauce del Tajo va a poner en juego más de 15.000 empleos y la desaparición de más de 27.000 hectáreas de cultivo, que supondrán la pérdida de 5.600 millones de euros», añadió.

«Las intenciones del Gobierno central son claras, quieren terminar con una infraestructura única, modélica, un ejemplo de solidaridad y cohesión territorial. En España hay agua suficiente aunque mal repartida, y es necesario trabajar para tener las infraestructuras necesarias, para que esta pueda llegar de donde sobra, cuando sobra, a donde hace falta, cuando falta», concluyó la consejera.

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