El recorte en el uso de aguas subterráneas amenaza el 15% del regadío en la cuenca del Segura

«En total, se verían afectadas 40.722 hectáreas, aproximadamente el 15% de la superficie de regadío» de la cuenca, calcula un estudio del Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales de la UE, a cuyas conclusiones ha accedido LA VERDAD. El informe fue solicitado por la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, una entidad entre cuyos patronos está la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y que tiene entre otros objetivos «promover y apoyar el desarrollo de la investigación y el desarrollo (I+D) en el uso y la gestión de los recursos hídricos, con especial énfasis en los problemas de escasez de agua».

El estudio toma como referencia la previsión del Plan de Cuenca del Segura, si bien en enero el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, abrió la puerta a limitar el recorte a 75 hectómetros. Con motivo de una reunión del Consejo del Agua de la cuenca, indicó que la cifra inicial podría variar, al actualizarla añadiendo el aumento de los caudales desalados.

«Uno de los principales efectos de la implementación de las medidas correctivas será la reducción de la superficie de regadío», señala el estudio de la Universidad de Alicante sobre la planificación del aprovechamiento económico de los acuíferos. Y recuerda que en la Demarcación Hidrográfica del Segura –que abarca territorios de la Región de Murcia, Alicante, Almería y Albacete–, el Ministerio ha identificado «63 masas de agua subterránea, de las cuales 43 están afectadas por sobreexplotación y requieren medidas».

«La agricultura de regadío es el principal sector afectado por las restricciones impuestas en el uso de estas aguas», advierte el informe. Y explica que «se ha realizado una valoración específica del aspecto crítico del impacto patrimonial sobre las explotaciones agrarias» en la Región.

La UA señala que «la eliminación de la sobreexplotación y la reconversión de tierras de regadío a secano reducirán significativamente el valor de mercado de las tierras afectadas». Y estima «que el valor del patrimonio agrario disminuirá debido a la menor rentabilidad de las explotaciones de secano». El Gobierno regional prevé dar hoy datos de los efectos económicos.

Los autores del mencionado análisis emplearon datos geoespaciales, económicos y estadísticos. Usaron el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura (PHDS) y la cartografía SIG. Asimismo, recurrieron a «modelos input-output para calcular los impactos directos, indirectos e inducidos en los sectores económicos» de las acciones ideadas para «mitigar la sobreexplotación» y conseguir «un buen estado cuantitativo» de las masas de aguas.

Asimismo, parten de la base de que «la sobreexplotación representa un desafío crítico que exige respuestas fundamentadas en el conocimiento técnico y la responsabilidad institucional». «Estas masas están afectadas por una sobreexplotación significativa, ya que las extracciones superan los niveles de recarga natural, lo que pone en riesgo la sostenibilidad a largo plazo de estos recurso». Ante esa realidad, y en medio del cambio climático, la «gestión sostenible de los recursos hídricos constituye uno de los pilares fundamentales para garantizar el equilibrio entre el desarrollo económico, la cohesión territorial y la conservación del medio ambiente».

Fuentes de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, que dirige Sara Rubira, exigieron ayer al Ministerio «alternativas» viables. Y reivindicaron que «no se recorte el Trasvase, porque hablamos de un doble recorte en 2027»; y que «para el Altiplano, la zona más afectada porque no tiene Trasvase ni llega el agua desalada, se construya una conexión con la tubería Júcar-Vinalopó». Ello «permitiría dotar de agua a estos municipios, que no podrán extraer agua de los pozos».

El incremento de la producción de agua de mar, con dos nuevas plantas en Águilas y Torrevieja; la interconexión de las desaladoras; y el enlace entre la planta de Torrevieja y el Postrasvase son tres de los puntos clave de la estrategia del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que dirige Sara Aagesen y al que está adscrita la CHS, para compensar la disminución de los envíos del Tajo. Se trata de proyectos que acumulan mucho retraso y que difícilmente estarán ejecutados en un año y tres meses, según vienen advirtieron el Gobierno regional y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats).

Este colectivo ha elevado al 35% la superficie de regadío que se verá afectada por el doble recorte en el agua disponible, si se suman los 212 hectómetros de caudales subterráneos a los 105 del Trasvase; en total, unos 320 hectómetros cúbicos al año.