PSOE y Podemos anuncian recursos al Tribunal Constitucional contra la Ley de Aceleración Empresarial

PP y Ciudadanos rechazaron este lunes en el pleno de la Asamblea Regional las enmiendas a la totalidad a la Ley de Aceleración Empresarial, presentadas por PSOE y Podemos, que anunciaron la interposición de sendos recursos de anticonstitucionalidad sobre esta ley en caso de que se apruebe sin cambios significativos tras el debate de enmiendas parciales.

Tanto el diputado regional socialista Alfonso Martínez Baños como el portavoz parlamentario de Podemos, Óscar Urralburu, denunciaron que el texto pactado por populares y naranjas «atenta contra los principios constitucionales de seguridad jurídica, igualdad, medio ambiente adecuado y autonomía local, lo que han calificado de «chapuza» y «barbaridad inconstitucional».

Sin embargo, los portavoces parlamentarios del PP, Víctor Manuel Martínez, y de Ciudadanos, Miguel Sánchez, defendieron la legalidad de esta proposición de Ley, augurando el portavoz popular que el Tribunal Constitucional «les va a decir lo mismo» que en el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE a la Ley de Simplificación Administrativa, en el que se «cambiaron ocho palabras de un artículo».

Martínez aseguró, ante las acusaciones de PSOE y Podemos de que la norma se hace a medida de la patronal Croem, que los populares están «orgullosos» de sentarse con los empresarios porque son quienes generan la riqueza económica y de empleo, proponiendo «herramientas para que esas oportunidades se multipliquen en el menor tiempo posible». El portavoz popular anunció que a esta norma, una vez que se apruebe con los votos de PP y Ciudadanos, le sucederá una nueva ley de simplificación administrativa, cuyo objetivo será que ponga «menos impedimentos» a los emprendedores «dentro de la legalidad».

Por su parte, Sánchez defendió un texto que aboga por dar un «permiso provisional» hasta que los planes urbanísticos municipales decidan sobre si «pueden seguir o no» en los municipios de la Región las 20.000 empresas y 50.000 trabajadores. El portavoz parlamentario de la formación naranja acusó al PSOE de apostar por que sus alcaldes «sigan prevaricando por omisión mirando hacia otro lado», mientras que consideró «coherente» a Podemos por propugnar el «cierre» de estas mercantiles.

Mientras, Martínez Baños defendió que el informe de los servicios jurídicos de la Asamblea Regional y otro «ocultado» de los abogados de la Comunidad Autónoma advierten de la inconstitucionalidad de la norma, que catalogó como una «ley de amnistía urbanística que regula actividades ilegales». «El mensaje que lanzan a la ciudadanía es que incumplan la ley que aquí no pasa absolutamente nada, algo propio de una república bananera», apostilló el parlamentario socialista.

Al igual que Podemos, el diputado del PSOE criticó a Ciudadanos por sumarse a la «política de amigotes que tanto ha criticado» durante esta legislatura, al tiempo que ha considerado que «Croem está haciendo muy bien su trabajo y quien está incurso en un proceso de decadencia es el PP y el Gobierno regional».

Por su parte, Urralburu incidió en que el «gran proyecto» que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado para su mandato «no lo hace él, sino que se lo escribe el presidente de Croem, José María Albarracín». Además, remarcó que la norma «está muy mal hecha» y «disfraza con propuestas de sentido común una amnistía para los que llevan décadas saltándose la ley, que son los amigos clásicos del PP y ahora de Ciudadanos». Finalmente, anunció que los grupos proponentes «quieren ganar tiempo para estos despropósitos» hasta que «tumbe la ley» el Tribunal Constitucional.

El hemiciclo también aprobó la modificación del artículo 8.1 de la ley de Patrimonio de la Región, de forma que se emplaza a la Consejería de Cultura a que desarrolle un reglamento que estipule «de manera clara» los motivos justificados y, sobre todo, cuando conlleve «vulneración de derechos fundamentales», por los que el propietario de un Bien de Interés Cultural (BIC) no abrirá los cuatro días al mes que, como mínimo, establece la legislación. Además, ese reglamento también deberá contemplar los mecanismos de control que tendrán que ponerse en marcha para garantizar la accesibilidad a los BIC que no formen parte de esas causas de dispensa.

Asimismo, la Comunidad Autónoma, en colaboración con los ayuntamientos, podrá establecer sistemas adecuados de acompañamiento y guía para facilitar que el acceso a los inmuebles que habitualmente no están abiertos al público se realice en condiciones que no supongan cargas adicionales para sus titulares.