Ciudadanos defiende que esta ley solucionará la situación de 20.000 empresas

Miguel Sánchez, portavoz regional de Ciudadanos, en el pleno de la Asamblea Regional de este lunes./J. M. Rodríguez / AGM
Miguel Sánchez, portavoz regional de Ciudadanos, en el pleno de la Asamblea Regional de este lunes. / J. M. Rodríguez / AGM

El portavoz de la formación naranja, Miguel Sánchez, señala que «es necesario arreglar este problema que han generado PP y PSOE por su nefasta gestión urbanística mediante una carta de naturaleza provisional»

LA VERDADMurcia

El pleno de la Asamblea Regional rechazó la enmienda a la totalidad que presentaron PSOE y Podemos a la proposición de Ley de Aceleración Empresarial registrada por Ciudadanos y PP, por lo que la iniciativa continúa su tramitación parlamentaria.

Miguel Sánchez, portavoz regional de Ciudadanos, mostró su satisfacción señaló que esta ley tiene el objetivo de «solucionar la situación de unas 20.000 empresas, que, por estar fuera del ordenamiento, se encuentran en un 'limbo jurídico', y que afecta a 50.000 trabajadores».

En este sentido, Sánchez resaltó que la situación actual «sólo deja pie a tres opciones: cerrar las empresas que cumplen con la legislación sectorial y medio ambiental, mirar para otro lado y no afrontar este problema, o la que propone Ciudadanos, que es arreglar este problema que han generado PP y PSOE por su nefasta gestión urbanística mediante una carta de naturaleza provisional».

Con respecto a la propuesta presentada por PSOE y Podemos, Sánchez lamentó que «la izquierda y la extrema izquierda se hayan dado la mano para criticar esta ley y lo han hecho sin ningún rigor, porque es una ley que incide en la licencia de actividad y no en el urbanismo. Además, los solicitantes de estas licencias deben cumplir con todos los trámites y requisitos correspondientes».

«PSOE y Podemos se centran en la crítica, tal vez porque no saben cómo afrontar el problema de una actividad que genera trabajo y que cumple con todos los requisitos sectoriales, incluyendo el medioambiental», añadió el diputado de la formación naranja, quien resaltó que la última palabra la tendrán los ayuntamientos, que disponen de un plazo de tres años para adaptarse a la normativa autonómica.

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