El PSOE acusa ante Fiscalía al exconsejero Luengo de «irregularidades» en Esamur
Denuncia dos presuntos delitos en el pago de 63 millones en ayudas a la empresa de la desaladora de Escombreras y a los ayuntamientos
El PSOE ha presentado en la Fiscalía una denuncia contra el exconsejero de Agua y actual senador del PP Antonio Luengo y contra Ignacio Díaz ... Rodríguez-Valdés por un presunto de delito de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación administrativa durante sus mandatos como presidente y gerente, respectivamente, de la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (Esamur). Los socialistas sostienen que entre los años 2019 y 2022 esta empresa pública de la Comunidad Autónoma pagó subvenciones por unos 63 millones de euros a otras entidades públicas «sin sustento legal alguno», «infringiendo el ordenamiento jurídico a sabiendas de su ilegalidad» y sin un control de la justificación del gasto y de las inversiones por parte de las beneficiarias.
El PSRM-PSOE afirma que hay «irregularidades» en la transferencia de 61.331.796 euros a la mercantil autonómica Desaladora de Escombreras SAU (Desau), para la explotación de esta infraestructura, a lo largo de 2019, 2020 y 2021; en el abono de 1.0402.667,3 euros a ayuntamientos de la Región, para «la ejecución de obras en las depuradoras», en 2019 y 2020. Y cuestiona las «aportaciones» a las mercantiles Emuasa, Hidrogea y Sercomosa, empresas mixtas y concesionarias de los servicios municipales de aguas de Murcia, Cartagena y Molina de Segura.
El principal partido de la oposición al Gobierno regional basa sus acusaciones sobre posibles ilícitos penales en los informes anuales de auditoría del cumplimiento de la legalidad realizados por la Intervención General de la Comunidad. Señala al exconsejero Luengo y a Díaz porque tenían «las competencias en la administración del patrimonio de la entidad y la capacidad para autorizar los pagos».
Auditorías de la Intervención
El PSOE indica que la Intervención cuestionó las transferencias de Esamur a la desaladora y los convenios con los consistorios, por no ajustarse a Ley General de Subvenciones, entre otras cosas porque no se aprobó ningún marco regulatorio que fijara condiciones y plazos. Además, la Intervención rechazó las alegaciones de Esamur, entre ellas que actuó amparada por la Ley de saneamiento; y le instó a exigir el reintegro de fondos a Desaladora de Escombreras SAU abonados con cargo al FLA, el Fondo de Liquidez Autónomico.
Fuentes de la Fiscalía indicaron ayer que está estudiando el escrito de los socialistas y que, por ahora, no ha abierto diligencias. El exconsejero Luengo defendió la legalidad de su gestión y atribuyó la denuncia del PSOE a su designación como presidente de la Comisión de investigación sobre la gestión del presidente del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), José Félix Tezanos, en el Senado. Las comparecencias arrancan este jueves y, según manifestó Luengo a LA VERDAD, «el PSOE trata de manchar mi nombre, deslegitimarme y desviar la atención». Este martes, el PP registró la solicitud de citación del ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para que exlique las supuestas maniobras del CIS «para influir o intentar influir en los resultados electorales y en la opinión pública española» en favor del PSOE y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Consejería: «Denuncia política»
Fuentes de la Consejería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, de la que depende Esamur, indicaron desconocer el contenido de la denuncia del PSOE; defendieron «la total y absoluta trasparencia en cuanto a las cuentas de Esamur; indicaron que las transferencias a la mercantil de la desaladora corresponden a las obligaciones contraídas con respecto a ésta y siguen, en todo momento, las recomendaciones de la Intervención General»; y señalaron que «las cantidades entregadas a los ayuntamientos se encuentran debidamente justificadas» todos los años. En la Consejería que dirige en la actualidad Sara Rubira añadieron que «estamos ante una denuncia política del PSOE, que utiliza a la Fiscalía para sus fines políticos con el fin de hacer ruido y levantar sospechas infundadas».
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