El proyecto de la Comunidad para expropiar y restaurar las salinas de Marchamalo sufre otro retraso

En 2022, la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, con Antonio Luengo al frente, presupuestó 871.318 euros para rehabilitar las salinas, como elemento «oxigenador» del mar. Incorporó la medida en el Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos del Mar Menor y la Franja Litoral Mediterránea de la Región de Murcia.

Ya en el Plan de Actuación del Gobierno regional en el Mar Menor 2024, el Ejecutivo de Fernando López Miras se comprometió a intervenir «sobre una superficie de casi 32 hectáreas de extraordinario valor» en las salinas. Y detalló que la recuperación de espacios litorales, incluida la Marina del Carmolí, tendría «especial dedicación en estos presupuestos, con un total de 7.883.654 euros», a través de la Consejería que dirige Juan María Vázquez.

Fuentes de Medio Ambiente admitieron a LA VERDAD que el proyecto de Marchamalo sigue sin fecha de ejecución. En la Consejería atribuyeron la demora a las exigencias que estableció el Ministerio, a través de la Demarcación de Costas, al autorizar la ocupación de 189.643,70 metros cuadrados de dominio público durante 25 años, prorrogables hasta 75.

«La resolución de Costas sobre la concesión se produjo el 30 de septiembre de 2024. E impone unas limitaciones que modifican sustancialmente el proyecto. Se está ejecutando un contrato de modificación del proyecto, que se deberá supervisar y aprobar. Entonces, se entrará en la fase de expropiación de los terrenos de la parte de las salinas privada; la de domino público hidráulico se corresponde con la concesión que se ha obtenido de Costas», señalaron fuentes de Medio Ambiente.

En la Consejería recordaron que el proyecto «consiste en una rehabilitación importante de las salinas de Marchamalo, para recuperar la plena funcionalidad de los canales de circulación del agua que abastece a las balsas salineras y la recuperación del calado de buena parte de estas balsas, para mejorar el hábitat asociado». Y agregaron que se la Comunidad ha diseñado la instalación de «vallados de protección y mejora de la nidificación de la avifauna en las motas salineras, junto a «mejoras para el fomento del uso público», como la restauración de un observatorio de aves.

Fuentes del Ministerio que dirige Sara Aagesen afirmaron que «no puede justificarse el retraso» del proyecto «por los condicionantes de Costas. Indicaron que, «tal y como se aprecia en la publicación del BOE sobre el otorgamiento de la concesión, desde la Dirección General de la Costa y el Mar no se imponen más limitaciones que las derivadas de la necesidad de que el vertido se realice conforme a lo que disponga el órgano competente para autorizarlo, que pertenece a la misma Consejería».

Costas fijó que «en el caso de que se produzcan eventuales vertidos al Mar Menor a través de canal de entrada y evacuación», que une las salinas con la laguna, y de la tubería captadora de agua del mar «el concesionario deberá aportar la correspondiente autorización de vertido». Ello, «a menos que el órgano competente justifique la no necesidad de la misma».

Otro sector de las salinas (8 hectáreas del dominio público) está siendo gestionado por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), que ha recuperado la producción de sal y el pasado verano cosechó ya mil toneladas.