Prisión para dos detenidos por la red de repatriación de magrebíes muertos en la Región
Un juez de Cartagena les acusa de lucrarse con los trámites funerarios para familias de argelinos y marroquíes fallecidos en pateras y por otras causas
La red dedicada presuntamente a la identificación irregular y la repatriación de cuerpos de argelinos fallecidos en pateras en aguas de la Región de Murcia hacía también negocio con la localización y devolución a su país de origen de cadáveres de marroquíes desde esta Comunidad y desde al menos dos provincias de Andalucía: Almería y Jaén. Así lo aseguraron a LA VERDAD este lunes fuentes conocedoras de la investigación coordinada por el Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena, cuyo titular decretó el ingreso en prisión provisional y sin fianza de dos de los cuatro individuos detenidos el sábado por la Guardia Civil por su pertenencia a esta organización criminal.
Según informó en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región, el magistrado Raúl Sánchez Conesa instruye unas diligencias relacionadas con «la posible existencia de una red que obtendría beneficios ilícitos mediante la intermediación en trámites de repatriación y funerarios». Y, según las fuentes consultadas por este diario, que desveló en exclusiva la existencia de la operación policial y judicial, las personas enviadas a la cárcel serían dos de los cabecillas de la red. Son un empleado de una funeraria que opera en la zona de Huércal-Overa (Almería), de nacionalidad española, y un hombre de nacionalidad marroquí vinculado a una empresa que realiza servicios funerarios en Torre Pacheco, pero que no tiene su sede en este municipio, y otras localidades de la Región de Murcia.
Fuentes del Tanatorio Virgen del Pasico de Torre Pacheco aseguraron a este periódico que ni este establecimiento ni el resto de los que operan de forma legal en el Campo de Cartagena y en la comarca del Guadalentín (la trama tendría actividad en Fuente Álamo, La Unión y Lorca), tienen nada que ver con la investigación.
La trama habría logrado fotos de cadáveres, para identificarlos, gracias al contacto de una ONG de Almería con forenses
Las averiguaciones del juzgado y de la Policía Judicial de la Guardia Civil alcanzan a una ONG (organización no gubernamental) de Almería, cuyo nombre no trascendió y que tiene entre sus fines ayudar a parientes de inmigrantes fallecidos y desaparecidos. Dicha entidad habría obtenido fotografías y otros datos de cadáveres gracias a sus contactos en el Instituto de Medicina Legal de Cartagena.
El TSJ informó de que para los otros dos detenidos por el Instituto Armado el juez decretó la retirada del pasaporte y la obligación de que se personen de forma periódica en el juzgado. A estos arrestados se les investiga por pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad en documento público y delitos contra el respeto a los difuntos. Estas dos personas tendrían relación con la ONG, que al parecer habría accedido al Instituto de Medicina Legal gracias a que colabora con las autoridades españolas en tareas de asistencia humanitaria vinculadas al tráfico de pateras en el Mediterráneo por parte de mafias asentadas en el norte de África y en España.
Trece entradas y registros
El sábado hubo trece entradas y registros, tres de ellos en Cartagena, Murcia y Molina de Segura, cuatro en Almería y uno en Jaén, confirmó el TSJ. Y, según los testimonios recabados por los investigadores, la organización habría llegado a cobrar hasta 5.000 euros por cada cuerpo repatriado, lo que incluye los trámites administrativos de identificación de los cadáveres y otros servicios funerarios.
El magistrado retira el pasaporte a otros dos arrestados e investiga a tres técnicos de Medicina Legal de Cartagena
En una larga jornada, que se prolongó hasta pasadas las seis de la tarde, el instructor tomó declaración a cuatro investigados, dentro de unas diligencias en las que hay al menos veinte imputados. Según el TSJ, comparecieron «dos funcionarias de la Administración de Justicia con destino en el Instituto de Medicina Legal», una referencia al de Cartagena. Una de las citadas fue la directora de dicho servicio, en el que hay tres funcionarias investigadas.
Antes de las declaraciones, el magistrado levantó el secreto de sumario, que incluye también presuntos delitos de revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos. De las defensas se encargan al menos siete abogados de distintas provincias, entre ellos los cartageneros Alberto de la Corte, Ana Ruipérez y Juan Manuel Negroles.
