La presidenta de la COEC pide regular las sanciones acorde al volumen de las empresas que contaminen el Mar Menor
Ana Correa critica la imposibilidad de ampliar granjas en el Campo de Cartagena y reclama la instalación de los balizamientos en la laguna para evitar más multas a los barcos
Las sanciones accesorias de la Ley de recuperación y protección del Mar Menor y la cuantía de las mismas ha vuelto a ser objeto de debate en la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos de la Asamblea Regional durante la comparecencia de la presidenta de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena, Ana Correa, para estudiar la reforma de la normativa ambiental de la Comunidad sobre la laguna. La representante de la patronal cartagenera ha remarcado que las infracciones estipuladas en esta legislación «no se encuentran bien delimitadas ni bien descritas», y que ello conlleva que agricultores con pequeñas y medianas explotaciones se enfrentan a multas abultadas por hechos que no contaminan directamente el Mar Menor, sino que corresponde a cuestiones del ámbito administrativo.
«El que la haga, debe pagar por ello y, a lo mejor, todavía más de lo que está previsto en la ley». Correa ha reclamado que se reforme este apartado sancionador de la norma para regular la proporcionalidad de las multas, es decir, que las cuantías se impongan en función del tamaño o volumen de las empresas agrícolas o ganaderas, y que no a todos les afecte la imposibilidad de recibir fondos o ayudas públicas si la infracción no ha conllevado un daño ambiental. Estas multas han propiciado, según ha afirmado, que agricultores y ganaderos «se quiten la vida» por no poder hacer frente a dichas cantidades económicas «absolutamente desproporcionadas». La presidente de la COEC ha centrado gran parte de su intervención en los «impactos» que tiene la ley sobre el sector turístico, el de la construcción o la actividad primaria.
La norma, para ella, se aprobó en 2020 con poco tiempo de estudio para definir el articulado, aunque reconoce que hubo consenso político. Afirma que tampoco hay estudios que «culpe» a la navegación a motor de los impactos medioambientales, y ha insistido en la instalación inmediata de los balizamientos en zonas protegidas para las nacras del Mar Menor. Ello porque se están «imponiendo multas» a los usuarios de barcos «sin haberles informado antes», generando «indefensión e inseguridad». «Nos llama poderosamente la atención que se establezcan sanciones sin que se hayan establecido los polígonos balizados», ha subrayado. Al respecto, ha elogiado la incorporación de motos de agua para la Policía Local de Cartagena, y ha reclamado más vigilancia para evitar «conductas incívicas» en el mar.
Para el sector de la construcción ha pedido acortar los tiempos de respuesta y la burocracia cuando se promocionen proyectos en torno a la laguna, un sector al que le ha querido quitar la responsabilidad sobre su posible daño al Mar Menor preguntando qué estudios existen que lo certifiquen. Pide colaboración público-privada para impulsar desarrollos, lo que en la práctica, según Correa, podría beneficiar a un territorio donde «la rentabilidad (del suelo) se ha desplomado». El PSOE ha recordado en el turno de réplicas que la construcción necesita del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente al Mar Menor, todavía atascado en la Administración regional.
La reforma de la ley debería, a su juicio, permitir como hasta ahora que la impermeabilización artificial de las balsas no sea necesaria ni no se producen infiltraciones de los purines en el terreno. Correa ha criticado que las granjas no puedan ampliar sus explotaciones: «De qué sirve que investiguemos y encontremos soluciones si no se pueden implementar», en referencia al catálogo de buenas prácticas de producción que deben aplicar los ganaderos. «Cada año tenemos más empresas dedicadas a eliminar purines, reducir contaminantes y poder controlar científicamente la situación del Mar Menor», ha indicado a los diputados. Podemos, por su parte, ha rebatido su argumentario incidiendo en que hay explotaciones ganaderas cuyas balsas continúan en mal estado, pese a los cuatro años en vigor de la ley.
«Los niños eran acosados porque les decían que sus padres eran unos asesinos»
Ana Correa también ha pedido «unificar» la normativa ambiental tanto estatal como autonómica para «evitar duplicidades». Un único documento «de control» de la agricultura pero «simplificado» para poder permitir el desarrollo de la actividad. La responsable de la patronal ha recordado, además, que tras la sopa verde del Mar Menor y los episodios de anoxia «hubo niños en los colegios que eran acosados diciéndoles que sus padres (agricultores) eran unos asesinos», según ha afirmado. «Se ha demostrado que no hay un solo efecto» que haya perjudicado al Mar Menor, «sino varios», y ha solicitado que se aceleren las infraestructuras pendientes para evitar arrastres de nutrientes a la laguna.
