Los policías locales de la Región podrán usar pistolas táser antes de final de año

La Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias está readaptando el borrador que elaboró el presidente regional de Vox, José Ángel Antelo, cuando era consejero de Interior. Y aunque el equipo de Marcos Ortuño realizará algunos cambios significativos en el documento, mantendrá el respaldo jurídico al empleo de estos dispositivos electrónicos de control, abriendo la puerta también al uso de gases y aerosoles por parte de los policías locales. Eso sí, tras someter a los funcionarios a una exhaustiva formación y después de establecer unas reglas específicas de utilización de estos nuevos medios de defensa, «respetando siempre el principio de proporcionalidad». Las pistolas táser, que no son baratas, serán consideradas dotación colectiva (unas unidades para toda la plantilla) y no dotación individual (los medios asignados a cada policía de forma permanente).

Por contra, la Consejería de Presidencia mantiene todavía dudas sobre si el futuro decreto de armamento dará amparo al empleo de armas largas para las policías locales, como también recogía el borrador que realizó José Ángel Antelo antes de abandonar el Gobierno regional el pasado verano. Fuentes del departamento que dirige Marcos Ortuño admiten que están estudiando la posibilidad «de que miembros de unidades operativas concretas de la Policía Local, en aquellos ayuntamientos que cuenten con ellas, puedan hacer uso de armas largas en determinados servicios, previa autorización del alcalde y a propuesta del jefe de la Policía».

Es decir, que si se autoriza el uso de rifles y escopetas, será de una forma muy restringida, para cuerpos específicos y en circunstancias muy concretas. Es el mismo planteamiento que tiene el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. De hecho, el consejero de Presidencia y el director general de Administración Local, Francisco Abril (encargado de la coordinación de policías locales), estuvieron hace unas semanas en la capital de España para reunirse con el titular de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, quien tiene muy avanzado un decreto de armamento muy del agrado de los gobernantes de la Región de Murcia.

El Gobierno regional recuerda que, como publicó LA VERDAD, en ninguna de las autonomías que hasta el momento tienen regulado el empleo de armas largas por parte de las policías locales de los municipios (Aragón, Galicia, Extremadura, Baleares y Canarias) se están utilizando estas, ya que los ayuntamientos se encuentran con el veto de Intervención de Armas de la Guardia Civil a la hora de solicitarlas.

Cuentan en la Comunidad que en Aragón, incluso, un consistorio adquirió por su cuenta una escopeta para la Policía que fue requisada por la Benemérita en cuanto tuvo conocimiento de su existencia. Por este motivo, antes de concluir la redacción del decreto, el director general de Administración Local, Francisco Abril, quiere entrevistarse con los responsables de la Intervención de Armas para que le expliquen en qué situaciones se podría autorizar el uso de estas armas largas por parte de los agentes municipales.

«El objetivo del decreto es garantizar la integridad de los funcionarios policiales en el ejercicio de sus funciones, así como la eficacia del servicio que se presta a los ciudadanos, independientemente de donde vivan», explican fuentes de la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias. «La autorización de determinados medios de defensa hará posible una escalada progresiva en el uso de dichos medios a su alcance por parte de los funcionarios policiales, lo que permite a su vez actuar con escrupuloso respeto al principio proporcionalidad», añaden desde el Ejecutivo regional.

En cualquier caso, al decreto de medios y armamento le queda todavía mucho recorrido administrativo antes de ser aprobado por el Consejo de Gobierno y comenzar a aplicarse. Según los planes de la Consejería de Presidencia, el nuevo borrador se publicará en el portal de transparencia en primavera, remitiéndose a la Federación de Municipios, los sindicatos, los 45 ayuntamientos y la asociación de jefes policiales. A su vez, se recabarán informes del Consejo Regional de Cooperación Local, la Comisión de Coordinación de Policías Locales, así como los dictámenes de los servicios jurídicos de la Comunidad y del Consejo Jurídico.

La dotación de armas largas y pistolas táser a los policías locales de la Región ha sido una de las banderas de Vox, tanto cuando estaba en el Gobierno como ahora en la oposición.

El presidente del partido de Santiago Abascal en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha incluido la aprobación inminente del decreto de armamento como una de las condiciones para apoyar en la Asamblea Regional el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad para 2025, que el Ejecutivo de Fernando López Miras ni siquiera ha presentado todavía.

Antelo entiende que el borrador de decreto que dejó había pasado ya todos los filtros de los servicios jurídicos de la Comunidad y contaba con el apoyo de los sindicatos y las asociaciones profesionales, por lo que exige que se apruebe de inmediato.

Este decreto de armamento corresponde al desarrollo reglamentario de la ley de Coordinación de Policías Locales de la Región de Murcia, aprobada en 2019. En ese sentido, el Consejo de Gobierno ya ha dado el visto bueno a la norma que crea el registro de las policías locales y el sistema de acreditación de los profesionales. También se trabaja desde Presidencia en otra orden para unificar los procesos selectivos de ingreso en estos cuerpos municipales.

El uso de las pistolas táser se va extendiendo poco a poco por las fuerzas de seguridad en toda España, tanto en las policías locales como en la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. De hecho, a las organizaciones profesionales les parece que el ritmo de penetración de estos dispositivos electrónicos es demasiado lento, pidiendo a las administraciones públicas que aceleren la compra de más unidades.

Recientemente, el Ministerio del Interior ha aprobado una inversión de 4,5 millones de euros para la adquisición de 800 pistolas eléctricas para la Guardia Civil. Asimismo, la Guardia Urbana de Barcelona se sumará próximamente a los cuerpos que utilizan estas herramientas. La Policía Local de Madrid las implantó hace cuatro años, activándose el protocolo que regula su utilización en 160 ocasiones, según comunicó el Ayuntamiento hace unas semanas.

En la Región, la Guardia Civil y Policía Nacional cuentan con algunas armas, aunque desde organizaciones como AUGC y Jupol denuncian que son escasas y exigen más dotación. El Ayuntamiento de Cartagena compró dos, aunque no podrá utilizarlas hasta que entre en vigor el decreto autonómico.

En cualquier caso, las pistolas táser tienen grandes detractores. Organizaciones como Amnistía Internacional y el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) han expresado sus reservas contra el empleo de estos dispositivos por parte de las fuerzas de seguridad, ya que su mala utilización puede llevar «a casos de trato cruel, inhumano o degradante». En España, el Defensor del Pueblo reclamó hace unos años al Ministerio del Interior una regulación estatal con instrucciones minuciosas sobre la utilización de estas pistolas táser.