Pospuesto hasta julio el Pleno de la Asamblea sobre la nueva ley de la Transparencia regional

La sesión plenaria en la Asamblea Regional de este miércoles comenzó con polémica, con motivo del debate y votación de la proposición de ley para modificar la vigente Ley 12/2014 de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia, defendida por PP y Vox. Un accidentado comienzo, ya que, apenas una hora después, y tras las intervenciones de los representantes de los grupos políticos (PSOE, Mixto, Vox y PP) la presidenta de la Cámara, Visitación Martínez, suspendió el pleno cuando comenzaba la votación de las 23 enmiendas a la proposición de ley presentadas por el grupo Socialista.

Al final, en la reunión de la Junta de Portavoces se decidió reanudarla, sin marcar ningún día concreto, el próximo mes de julio, y el Pleno comenzará en el punto donde quedó suspendido: en la votación.

La polémica se produjo tras el turno de palabra de Rubén Martínez Alpañez (Vox) y de Joaquín Segado (PP) en defensa de la proposición de ley cuando Martínez anunció que abría el turno de votación, si bien desde su escaño Víctor Egío pidió el turno de palabra «por alusiones personales» de Alpañez hacia él, acusándole de estar 6 meses sin venir a la Cámara. «No solo es mentira, sino que es un ataque gravísimo a todas las personas que creen y defienden el derecho a la conciliación», defendió Egío posteriormente en redes sociales, explicando que fue padre de una niña el pasado 16 de abril y estaba en uso del permiso de paternidad.

La presidenta en tres ocasiones le denegó el turno de palabra, mientras el diputado del Grupo Mixto (Podemos) insistía, aludiendo a que el reglamento de la Cámara lo permitía. Al final, Martínez optó por pedirle que abandonara la Cámara y al no hacerlo decidió suspender temporalmente la sesión. «Es muy grave lo que está sucediendo, abierto el tiempo de votación», argumentó la presidenta de la Asamblea Regional.

Previa a polémica, abrió el turno de palabra para la exposición y defensa de las posturas sobre la proposición de ley la socialista Lola Jara. Con un contundente «esta propuesta es la estacada final a la transparencia» y al Consejo de la Transparencia, lamentó que el objetivo «es no informar a la ciudadanía y con una clara intención de anular su participación». En su lugar, dijo, elimina al Consejo «porque es un órgano independiente de control al Gobierno regional», y «se busca moldear a la sociedad al servicio de sus intereses».

«Si sale adelante la ley, lucharemos con todos nuestros recursos a nuestro alcance para evitar un perjuicio al derecho a la información pública y a las normas del buen gobierno», advirtió la diputada socialista, quien destacó que los miembros del actual Consejo «no tienen remuneración».

Tanto Jara como posteriormente Víctor Egío, destacaron que el nuevo Comisionado de la Transparencia propuesto en la ley regional no es sino «un chiringuito» y que desde que el Consejo de la Transparencia se creó en 2014 «no le han perdonado que fuera independiente y no lo pudieran controlar». Egío relató como los tres presidentes que han pasado por el Consejo -José Molina, Julián Pérez Templado y Santiago Álvarez-, se han ido por falta de medios y por un «boicot permanente» por parte del Gobierno regional a su trabajo.

«Ahora nos proponen un Comisionado elegido a dedo por Vox, que cobrará 80.000 euros, sueldo que saldrá del bolsillo de todos los murcianos», dijo Egío, añadiendo que también cobrará el personal eventual que designen «y que le servirá a Vox para colocar a sus amiguetes». Por último, el diputado de Podemos aseguró que la partida presupuestaria del 2023 para el anterior Consejo de la Transparencia ascendía a poco más de 313.000 euros y que este año supera los 590.000 euros, de ellos, casi 245.000 euros en gastos de personal.

«Vox dijo que venía para acabar con los chiringuitos, pero han acabado montando el chiringuito más caro de la Región», dijo Egío.

Fue Rubén Martínez Alpañez, portavoz del Grupo parlamentario Vox, el que defendió la proposición de ley que se debatió este miércoles. Hasta ahora, dijo, «la transparencia no se ha planteado como debería; es un jolgorio de mediocres, un nicho para los que no han podido destacar» en sus respectivas profesiones.

Para Martínez Alpañez, la «transparencia real» debería ir más allá de lo que contempla la ley y «abarcarlo todo» para generar en la ciudadanía «confianza, facilitar el control al gobierno y a la administración pública y evaluar su gestión». Desde su grupo rechazó al actual constitución del Consejo, porque dijo desconocer con qué criterios se seleccionaban, y lo calificó de «lento» en la toma de decisiones cuando las toma. «Porque no funciona hay que cambiarlo». Alpañez no hizo referencia a la parte económica denunciada por Egío, pero sí a que el IPC (Índice de Percepción de la Corrupción).

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox calificó de «simulacro» el Pleno que tuvo lugar este miércoles «tras ser boicoteado por un diputado de Podemos», dijo. Al mismo tiempo, señaló que, «al quedarse Podemos fuera de esta ecuación de reparto, han buscado protagonismo mediante actuaciones disruptivas que han desvirtuado la acción de la sesión plenaria». Alpañez criticó severamente «la falta de límites y escrúpulos de aquellos que, según él, han sido capaces de ignorar el reglamento de la Cámara y el respeto hacia todos los diputados, todo por obtener titulares». «Desde Vox consideramos inadmisible la actitud del diputado del Grupo Mixto y afirmamos que tales comportamientos no deben repetirse ni ser un ejemplo para ningún parlamentario de esta Asamblea o de cualquier otro parlamento», declaró.

En su turno de palabra, el portavoz popular Joaquín Segado defendió la ley («estamos convencidos de que es una reforma buena») porque otorgará «independencia, agilidad, eficacia y eficiencia» en el control a la gestión pública. Afirmó que permitirá pasar de un Consejo con 18 miembros a un órgano unipersonal, que será «más ágil», con una persona «de reconocido prestigio al frente, elegido por la mayoría cualificada de la Asamblea regional, esos ⅔ que los ciudadanos han decidido que sean del PP y Vox». Y sin «afiliación política, a jornada completa y en exclusividad», había apuntado previamente del portavoz del partido de Abascal.

Segado reprochó a la oposición que no hubiera presentado ninguna propuesta en las ocho ocasiones que se reunió la ponencia sobre la la nueva ley y que ahora el PSOE lo haga con 23 enmiendas «que solo pretende dejar el texto tal y como está, y eso es lo que nosotros no queremos».

El portavoz del PP, en su comparecencia tras la decisión de la Junta de Portavoces de posponer hasta julio el Pleno de este miércoles, lamentó que «un diputado de Podemos ha sometido a chantaje a la Cámara que representa a los ciudadanos de la Región». Criticó que Egío «ha interrumpido con su actitud lo más sagrado en una democracia, como es el procedimiento de votación en un Parlamento».

Segado subrayó que «saltarse a la torera el reglamento», cuyo artículo 102.1 indica que «las votaciones no podrán interrumpirse por causa alguna (…)», y «someter a chantaje a una institución democrática no debe quedar impune y debe conllevar una sanción».

El diputado popular concluyó indicando que «independientemente de las apreciaciones que haya hecho el portavoz de Vox, ese hecho no justifica la actitud del diputado de Podemos».

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