Lo que pierde la Región de Murcia con el bloqueo de Junts a las leyes de Pedro Sánchez

Pero el bloqueo a otras iniciativas como las leyes de industria y autonomía estratégica, de inclusión laboral de personas con discapacidad y acciones colectivas para la defensa de los consumidores, pone en guardia a los afectados.

En el caso de la Ley de Industria, el decano del Colegio de Ingenieros Industriales en la Región, Marcos Mateos, recuerda que los profesionales realizaron aportaciones en el proceso de elaboración y tienen mucha esperanza en la misma, «pues la última regulación data de hace treinta años». Según Mateos, uno de los puntos fuertes de la norma es que «lleva aparejado un compromiso de inversión» en infraestructuras, por lo que si no se aprueba «será un retroceso muy importante».

«Si no hay un marco regulatorio que ofrezca seguridad jurídica y no hay planificación, todas las comunidades autónomas se verán afectadas, desde la Región de Murcia hasta Cataluña. Si bien el Gobierno regional trabaja en un plan industrial, al final a nivel macro y de infraestructuras dependemos mucho del Estado», apunta el decano, quien espera que «no llegue la sangre al río» y la norma termine siendo aprobada por el Congreso con el máximo consenso posible.

Otro colectivo que ha tenido un papel activo en la redacción de una de las leyes amenazadas por Puigdemont es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). La norma que más preocupa a su presidente, el murciano Pedro Martínez, es la de inclusión de las personas con discapacidad.

«Esta norma contempla avances como la actualización de los centros especiales de empleo, la regulación del empleo con apoyo, el acceso a la función pública para las personas con discapacidad, los planes de Formación Profesional... En definitiva, establece herramientas necesarias e imprescindibles para seguir avanzando en la inserción laboral del colectivo, que recordemos que tiene una tasa de actividad de solo un 35% frente al 80% general», explica Martínez, quien avisa de «un problema importante» si la ley finalmente resulta bloqueada. «Si se paralizan las medidas que fomentan la inclusión, tendremos dificultades», sentencia.

Respecto a la ley de acciones colectivas, el presidente de la organización Consumur, Roberto Barceló, defendió la necesidad de una norma «que refuerce la defensa de los consumidores frente a los abusos empresariales y que agilice los procedimientos judiciales». Sin embargo, el texto no contiene aspectos que no le gustan, pues «abre la puerta a la mercantilización de las acciones colectivas, permitiendo que fondos de inversión, despachos especializados o entidades sin base social lideren demandas en nombre de los consumidores sin garantizar ni el rigor ni la representatividad necesarias». Además, incluye el sistema 'opt-out', que implica automáticamente a los afectados en los procesos sin su consentimiento, «lo cual pone en entredicho el principio de transparencia y el derecho a la tutela judicial efectiva», declara Barceló. Asimismo, Consumur considera imprescindible que la futura ley apueste por la financiación pública, el refuerzo de los recursos judiciales y la gratuidad de los procedimientos para garantizar la independencia y eficacia de las acciones colectivas. «No se trata de crear un nuevo nicho de negocio, sino de asegurar una verdadera herramienta de empoderamiento social», subraya Barceló, quien lamenta que el bloqueo parlamentario «pueda dejar una vez más a los consumidores sin una defensa colectiva efectiva frente a los abusos del mercado».

Menos dramática sería para el sector hostelero regional la paralización de la Ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas para menores, una norma con la que el Ejecutivo pretende endurecer las restricciones a la venta y publicidad de alcohol para evitar que las bebidas lleguen a niños y adolescentes. El presidente de la patronal HoyTú, Bartolomé Vera, avisa de que «de salir adelante, esta ley tendría un impacto enormemente negativo en la hostelería, en especial en las microempresas».

Según Vera, «las marcas del canal Horeca prestan mucho apoyo a nuestros establecimientos, especialmente a los más pequeños. Ese pago en especie, costeando mobiliario, toldos o equipamientos, es una ayuda vital, para la puesta en marcha y subsistencia de muchos negocios, los cuales generan numerosos puestos de trabajo». Vera sostiene que sin esos apoyos «el sector lo pasaría muy mal» y cuestiona la eficacia real de la medida en el objetivo que persigue. «Si saliera adelante, el efecto sobre el consumo de alcohol en menores sería muy limitado o incluso nulo. Si creyéramos que pudiera ser mínimamente útil, seríamos los primeros en apoyarla», subraya. El presidente de HoyTú insiste en que el debate debe abordarse «con equilibrio y diálogo», para no castigar a un sector que considera «clave para la economía regional y para el mantenimiento del empleo» en la Región.