El Parlamento Europeo exige al Gobierno regional el cumplimiento íntegro de la Ley del Mar Menor
El informe final de la Comisión de Peticiones blindará la personalidad jurídica y reclama quese aplique el principio de 'quien contamina, paga'
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó este martes el informe final de la misión de la Eurocámara que recorrió el Mar Menor el pasado mes de febrero para estudiar sobre el terreno su deterioro medioambiental y proponer medidas para su restauración. En la jornada de este viernes tuvo lugar la votación de las enmiendas presentadas por los distintos grupos, de las que las aprobadas se incorporarán al dictamen final.
El eurodiputado murciano del PSOE Marcos Ros, que participó en las votaciones, destacó que se aprobó una enmienda de su grupo al apartado de recomendaciones, que no obtuvo el apoyo del PP, en la que exigen al Gobierno de Fernando López Miras «el cumplimiento íntegro de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor», aprobada por la Asamblea en julio de 2020 tras un acuerdo entre PP, PSOE y Cs.
El texto reclama también un mayor control de los fondeos ilegales para evitar macrobotellones como el del pasado verano
Además, el informe final de la Comisión de Peticiones incluirá otra propuesta socialista que pide reforzar la lucha contra los fondeos ilegales en la laguna salada «para que no vuelva a ocurrir la vergüenza del macrobotellón del pasado verano».
De igual forma, Marcos Ros resalta que el informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo solicita a la Comisión Europea que aplique en el Mar Menor el principio de que «quien contamina, paga», con el fin de que «el esfuerzo económico de la recuperación de la laguna salada no caiga exclusivamente en los ciudadanos».
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Lo que no aprobó la Comisión de Peticiones fue la enmienda de la eurodiputada española de IU Sira Rego, que responsabilizaba directamente al Gobierno de la Región de Murcia, y también a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), de la degradación sufrida por el Mar Menor.
La enmienda número 2 al informe de la Comisión no obtuvo votos suficientes y, por tanto, no salió adelante, porque los socialistas se abstuvieron. La europarlamentaria popular Dolors Montserrat, que dirigía la votación, pidió incluso un chequeo de la misma para comprobar que la enmienda era rechazada.
Marcos Ros justificó la abstención de su grupo en que la enmienda de Izquierda Unida «decía cosas que no podíamos aceptar». Por ejemplo, asegura que repartía responsabilidades «a los ayuntamientos ribereños» y que no distinguía entre agricultura legal e ilegal en la comarca del Campo de Cartagena.
Miras: «Buscamos soluciones»
Por su parte, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, valoró como «positivo» que una institución como la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo «no haya sucumbido a intereses partidistas».
López Miras explicó que el partido que presentó la enmienda solo buscaba «sacar rédito electoral» y que, a diferencia de ellos, «otros estamos buscando soluciones y e intentando garantizar la protección del Mar Menor».
Por su parte, tanto IU como Podemos lamentaron la «cobardía» del PSOE. No obstante, IU celebra que el informe señala que «los regadíos de la agricultura intensiva, muchas veces ilegales, son los responsables de la degradación de la laguna salada».
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Por su parte, Ciudadanos señaló que sus eurodiputados también han incorporado enmiendas al texto. La formación naranja, que sí apoyó la enmienda de IU que señalaba al Gobierno regional, indica que el documento blinda el desarrollo de la personalidad jurídica reconocida recientemente por las Cortes Generales, «de manera que los gobiernos de cualquier signo político se vean comprometidos a aplicarla». Asimismo, a propuesta de Cs, el informe pedirá que se auditen las plantas y sistemas de tratamiento de aguas residuales.
La Comunidad responde que la normativa está en aplicación
Desde la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias aseguran que la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor «se está aplicando de forma completa», sin necesidad de que lo exija la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
Fuentes de la Consejería señalan que la Comunidad ha obligado a restituir, hasta la fecha, un total de 733,77 hectáreas de cultivos sin derecho de riego en el entorno de la laguna salada. Asimismo, están en tramitación «el cien por cien de los 305 expedientes recibidos de regadío ilegal, que afectan a 5.175 hectáreas, recibidos por parte de la CHS.
De igual forma, la Comunidad defiende que se han realizado un total de 810 inspecciones, que abarcan una superficie de 16.471 hectáreas. «De 285 expedientes sancionadores iniciados, se han resuelto 180, habiéndose cobrado 317.040 euros como resultado de expedientes sancionadores con la sanción liquidada», dicen las citadas fuentes.
Además, tal y como le obliga la Ley del Mar Menor, el Gobierno regional ha formado a más de 2.500 agricultores y ganaderos para la correcta aplicación de las medidas incluidas en la normativa, creando asimismo la figura de los operadores medioambientales, con el fin de que asesoren a los propietarios de las explotaciones agrarias. Otro punto de la norma que, según el Gobierno, está cumplida es la creación del distintivo de agricultura sostenible.
