López Miras entrega Educación y Cultura a los expulsados de Vox para salvar su gobierno

El espectáculo político de los últimos diez días en la Región reservaba un epílogo a la altura del 'show'. Nada más concluir la votación de la moción de censura, en la que Ana Martínez Vidal y Diego Conesa se quedaron a dos votos de desbancar a Fernando López Miras, LA VERDAD desveló el borrador del acuerdo que el PP negocia con los tres diputados expulsados de Vox, claves para que los populares hayan podido conservar el poder en la Comunidad.

El documento, que todavía no ha sido rubricado por ambas partes, consta de cinco puntos. El más importante es el compromiso que adopta el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, de remodelar el Ejecutivo a finales del presente mes –concretamente el 29 de marzo– para incluir a Mabel Campuzano, una de las diputadas del grupo encabezado por Juan José Liarte, al frente de la Consejería de Educación y Cultura, donde sustituiría a Esperanza Moreno. Campuzano se mantendría en el cargo hasta final de legislatura, y si por alguna circunstancia saliera del Ejecutivo, sería sustituida por alguno de sus dos compañeros, Liarte o Francisco José Carrera de la Fuente.

La primicia de LA VERDAD generó revuelo e incredulidad en los partidos políticos, ya que ni los populares ni los ex-Vox se refirieron al mismo durante la segunda sesión del debate de la moción de censura. Fuentes de la negociación entre PP y el grupo de Liarte confirmaron la existencia de ese borrador, que incluye asimismo la promesa de Fernando López Miras de no adelantar las elecciones autonómicas y dos acuerdos para la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad para 2021 y la reforma de la Ley del Estatuto del Presidente para establecer en ocho años la limitación de mandatos, de forma que Fernando López Miras pueda volver a ser candidato del PP en los comicios de 2023. Otra de las cláusula obligaba a guardar confidencialidad sobre lo acordado. Obviamente, ya no tiene sentido mantener este punto después de que el borrador del documento haya sido desvelado.

La negociación con los tres disidentes de Vox –que fueron expulsados del partido el pasado junio tras retirar al secretario general, Javier Ortega Smith, el control de las cuentas bancarias del grupo parlamentario– se está llevando a cabo desde Murcia. Génova ha dado total libertad al nuevo secretario general del PP regional, José Miguel Luengo, y al portavoz parlamentario, Joaquín Segado, para sellar el acuerdo de estabilidad para los dos años que quedan de legislatura. Este se pretende enmarcar dentro de «la política de reunificación del centroderecha desde la base» anunciada por Pablo Casado y Teodoro García Egea. Fuentes populares recuerdan que los tres diputados no forman parte del partido de Santiago Abascal –algunos de ellos estuvieron afiliados al PP antes de la irrupción de Vox– y no descartan que finalmente la Consejería que gestionen los autodenominados diputados libres de Vox sea otra, como la de Empresa e Industria, que estuvo hasta hace una semana en manos de Ana Martínez Vidal y ahora ocupa Valle Miguélez.

Pero será complicado que Juan José Liarte y sus fieles renuncien a la Consejería de Educación. La elección de este departamento, que junto a Sanidad es el que más presupuesto maneja y el que más nóminas tiene a su cargo en la Administración regional, no es casual. Una de las banderas de los expulsados, que siguen defendiendo gran parte del ideario del partido de Abascal, es el reconocimiento del derecho de los padres a conocer y autorizar la educación que reciben sus hijos, sobre todo cuando afecten a contenidos morales o sexuales. Llámese 'pin parental' o como quiera denominarse.

La publicación de LA VERDAD, recogida luego por otros medios de comunicación, provocó de inmediato reacciones del resto de partidos. La impulsora de la moción de censura fallida, Ana Martínez Vidal, denunció que el voto en contra de los expulsados de Vox «le ha costado al PP nada más y nada menos que la Consejería de Educación».

Antonio Espín, del PSOE, reprocha que el PP deje la enseñanza en manos de la ultraderecha, mientras que Javier Sánchez Serna, de Podemos, lamenta que los populares han convertido las instituciones «en una oficina de colocación».