Investigan la presunta prevaricación de la alcaldesa de Puerto Lumbreras con la ampliación de un cebadero

Las diligencias se dirigen de manera provisional contra la alcaldesa del PP, María Ángeles Túnez, y el primer teniente de alcalde, César Gázquez, concejal delegado de Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Sostenible. Los hechos que están siendo objeto de investigación penal tienen su origen en la denuncia que Ecologistas presentó en julio de 2020, dirigida expresamente a la alcaldesa, en la que se le informaba de que una granja porcina, situada en las inmediaciones de la rambla Vilerda, estaba acometiendo una ampliación muy relevante de sus instalaciones, en apariencia sin disponer de licencia alguna.

Las obras estaban consistiendo, según el escrito, en la demolición de parte de una nave preexistente, la construcción de otra nave que debía reemplazar a la anterior y en la roturación de una extensa área para levantar nuevas instalaciones, en concreto otras tres naves, con un incremento de la superficie construida de otros 5.000 metros. Y todo ello, según los ecologistas, sin licencia alguna.

Los datos cobran más relevancia si se tiene en cuenta que las instalaciones, que en ese momento acogían a unos 10.000 cerdos, iban a permitir albergar con su ampliación unos 60.000 ejemplares, según los hechos sostenidos por esta organización. Una «alteración sustancial» de las condiciones de la granja y de la licencia con la que podía contar en origen.

La denuncia iba acompañada de un amplio reportaje fotográfico, que además aportaba pruebas del presunto «estado lamentable» de las balsas de purines de la granja, con abundantes filtraciones a escasos metros de la rambla y la aparente afección al medio ambiente que ello supondría.

Por todas esas circunstancias, se instaba a la primera edil lumbrerense a actuar para restablecer la legalidad aparentemente infringida, cursando las oportunas inspecciones e incoando un expediente sancionador y de demolición de las construcciones sin licencia.

A esa primera denuncia habrían seguido otras posteriores, según fuentes próximas al caso, que supuestamente no recibieron atención alguna por parte del equipo de gobierno del Consistorio de Puerto Lumbreras. De ahí que finalmente Ecologistas en Acción iniciara la vía penal, con la presentación de una denuncia judicial que ya ha determinado la apertura de diligencias por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Lorca.

Por el momento, este órgano judicial acaba de remitir un oficio al Ayuntamiento lumbrerense para instarle a que le remita, en el memor plazo posible, un informe sobre todas las denuncias interpuestas por Ecologistas en Acción sobre esa granja porcina y sobre el trámite que se les ha dado, otro informe sobre las inspecciones que se han cursado a esas instalaciones y los posibles expedientes sancionadores que se hayan podido abrir y, asimismo, una aclaración acerca de si la secretaria municipal tiene atribuidas funciones para la incoación y tramitación de los expedientes sancionadores.

Por último, reclama la identificación de los funcionarios competentes en materia de inspecciones urbanísticas.