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En una decisión contra la que no cabe recurso, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 7 de Lorca ha rechazado el recurso de la ... Fiscalía y ha confirmado la apertura de juicio oral a la alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez, como presunta autora de un delito continuado de prevaricación administrativa por haber permitido la ampliación de una granja porcina con unas obras sin licencia urbanística. El titular del juzgado, Pedro José López, ha desestimado la solicitud del Ministerio Público, que reclamó declarar nulo el auto de procesamiento de la regidora, del PP. La Fiscalía argumentó que dicha resolución «no incluyó, por un error material», al representante legal de Juan Jiménez García, S. A. U., dueña de la explotación. Esta irá a juicio junto a la alcaldesa en la Audiencia Provincial, por un presunto delito contra la ordenación del territorio y urbanismo.
«El auto de 24 de abril de 2024 fue dictado con todas las garantías y con intervención de todas las partes, incluidas el Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas, y ninguna de ellas promovió recurso de reforma ni de apelación, ni incidente de aclaración a este respecto», señala el magistrado. E indica que no ve motivos para aceptar una impugnación formulada por la Fiscalía «más de diez meses después» y a la que se adhirió, sin éxito, el Ayuntamiento. El instructor añade que el representante legal de la firma «nunca fue citado ni tratado como persona física investigada».
En consecuencia, la Audiencia acogerá un juicio -cuya fecha aún debe ser señalada- contra Túnez y contra la empresa, que amplió sus instalaciones en El Campillo para pasar de 10.000 cerdos a 60.000. La Fiscalía pide para la compañía una multa de 600.000 euros y suspender su actividad dos años; y no acusa a la alcaldesa, que lleva en el cargo desde 2013.
El juez halló «indicios racionales de criminalidad» en la actuación de la alcaldesa, que «omitió la realización de las inspecciones debidas en la zona donde se llevó a cabo la construcción». Ello, pese a que conocía la existencia de una denuncia sobre las obras. El Consistorio abrió un expediente sancionador, que acabó caducando por la «pasiva actitud» de Túnez.
Ecologistas en Acción acusa a Túnez de prevaricación y delito contra la ordenación del territorio. El colectivo naturalista, representado por el abogado José Manuel Muñoz, reclama para la regidora doce años de inhabilitación especial para cargo público y, para la empresa, una sanción de 600.000 euros. El PP de la Región de Murcia descartó en marzo adoptar medidas contra Túnez por esta causa penal, alegando que «lo que se discute es un acto administrativo» aún por enjuiciar.
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