Condenan al exalcalde de Blanca Rafael Laorden por permitir que un paraje protegido se convirtiera en un vertedero ilegal
El exregidor, dos ediles del Ayuntamiento y el dueño de una empresa encargada de gestionar los residuos del basurero aceptan el pago de unos 1.500 de multa por un delito contra la flora protegida
Han pasado 17 años desde que se arrojaran los primeros residuos en un enclave protegido, ubicado en el paraje de Hoya de San Roque de la Sierra de Ricote. Y hoy la Justicia ha saldado cuentas con los responsables de convertir ese paraje en un vertedero ilegal que afectó a la vegetación protegida. En concreto, el exalacalde de Blanca, Rafael Laorden (PP), los concejales de Medio Ambiente, Ángel Cano Sánchez y José María Molina Triguero, y el propietario de la firma Los Marujos S.L. encargada de gestionar ese basurero, han asumido este miércoles, en la vista celebrada en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, el delito contra la flora protegida, tras modificar el fiscal el delito contra el medio ambiente que les imputaba en un principio. Así, se han conformado con la pena de ocho meses de multa, con una cuota de seis euros diarios (1.440 euros).
Las partes llegaron ayer a un acuerdo, que ha sido ratificado esta mañana en la sección tercera de la Audiencia Provincial, y tras la cual, el juez ha dictado sentencia firme contra los acusados.
Las penas impuestas pueden parecer exiguas a tenor de lo que solicitaba el fiscal en su calificación inicial, ya que pedía para cada uno de los encausados cuatro años y medio por un delito contra el Medio Ambiente, y el pago de 282.276 euros por los daños causados en la zona, valorados en 109.000 euros, más los 172.800 de restauración ambiental.
Sin embargo, la atenuante por las dilaciones indebidas del procedimiento, que se inició en 2009 y concluyó en 2015, y los más de siete años transcurridos hasta la celebración de la vista oral, han sido claves para la rebaja final de las penas. Además, este miércoles declaró un perito que confirmó que el paraje degradado por los residuos tuvo gran capacidad para reforestarse de forma natural, por lo que se eliminó la responsabilidad civil del Ayuntamiento al no ser necesario poner en marcha actuaciones de restauración.
Al finalizar la lectura de la sentencia, ninguno de los cuatro acusados quiso hacer uso de su derecho a la última palabra y se comprometieron a realizar el pago en el plazo de un mes. Si no fuera así, la sentencia contempla un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias que estén impagadas. Asimismo, también se les condena al pago de las costas procesales.
El escrito de la Fiscalía señala que el vertido ilegal de residuos y la afectación a la flora protegida se produjo en un monte conocido como La Navela y el Solán, ubicado en el paraje de Hoya de San Roque, en la zona especial de protección de aves (ZEPA) de la Sierra de Ricote.
Este paraje era de titularidad municipal y habría estado funcionando desde el año 2003 hasta 2009, cuando se cerró. En todo ese tiempo, la zona se degradó acumulando residuos de todo tipo, «a pesar de carecer de las preceptivas licencias y autorizaciones de la Dirección General del Medio Natural y de la declaración de impacto ambiental», tal y como señala el fiscal.
Durante seis años se arrojaron «los residuos del municipio de Blanca, tanto los inermes —procedentes de escombros— como los derivados de la madera, electrodomésticos, cartones, plásticos, asfaltos, neumáticos y bidones metálicos», entre otros desechos, lo que habría ocurrió «por indicación del propio Ayuntamiento y, en concreto, de su alcalde», ya que «la mayor parte de estos vertidos procedían del propio ayuntamiento».
La actividad desarrollada conllevó que se sepultara gran parte de la masa forestal existente, «afectando de forma grave a la flora y a la vegetación de la mayor parte de su superficie».
Y pone el foco en el «peligro grave» hacia la vegetación y a la afectación de dos especies de flora amenazada catalogada como vulnerable dentro del decreto de protección de la flora silvestre de la Región de Murcia, como son el 'Chaenorrhinum rupestre’ y el 'Teucrium libanitis', así como a otra especie catalogada como de protección especial como es la 'Campanuda fastigiata', entre otras.
El exalcalde Laorden y el empresario Juan Morales Guirado, propietario de la firma Los Marujos S.L. reconocen que ellos eran los principales responsables del vertedero y que firmaron un convenio de colaboración para la gestión de la escombrera municipal desde enero de 2006 y hasta 2009 cuando se cerró definitivamente.
