La arquitecta dice ahora que no avisó a la alcaldesa de Puerto Lumbreras sobre una granja ilegal

En noviembre pasado, Túnez, del Partido Popular, negó en el juzgado, también como investigada por un presunto delito de prevaricación, haber sido informada sobre este cebadero, propiedad de la empresa Jisap, por parte de la arquitecta. Indicó que, cuando los técnicos le pusieron al corriente de las anomalías administrativas en la explotación, destinada a albergar 1.888 cerdas reproductoras, el Ayuntamiento activó los mecanismos para restablecer la legalidad. Agregó que, según la explicación que le dieron los trabajadores del Consistorio, por cuyo criterio se guio, no se habían detectado distintas situaciones relacionadas con la granja por estar esta «muy alejada» del casco urbano.

Según la regidora, el expediente sancionador caducó porque no hubo ningún funcionario que continuara con el procedimiento cuando se fue el Técnico de Administración General responsable de su tramitación. La nueva técnico fue designada en diciembre de 2021 y el expediente expiró en marzo de 2022.

Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación particular a través del abogado José Manuel Muñoz Ortín, manifestó tras esta declaración que la comparecencia de Túnez «constituye una burda justificación». Los naturalistas señalaron que la primera edil «no inició el expediente hasta que no tuvo más remedio, con el procedimiento penal en marcha, y que luego lo dejó caducar para iniciar otro en el que la sanción impuesta a la empresa se redujo en casi 300.000 euros gracias a un cambio de valoración» por parte de la arquitecta municipal.

El colectivo Ecologistas pidió la imputación de esta funcionaria para que aclarara lo ocurrido y detallara su actuación en este segundo expediente. Ayer, a preguntas del magistrado –la investigada no contestó a la acusación particular y la Fiscalía no asistió a la declaración–, la arquitecta alegó que en todo momento se ajustó a la normativa vigente. Explicó que la legislación cambió desde la fecha de elaboración de su primer informe de valoración económica de las construcciones realizadas en la granja hasta el segundo y definitivo informe. Según las fuentes consultadas, en el primer caso fijó la cuantía de las obras en 165 euros por metro cuadrado y en el segundo, en 96 euros.

Fuentes de Ecologistas indicaron que la empresa aceptó en el procedimiento administrativo un coste de 158,16 euros por metro cuadrado, una cifra «muy superior» a la que finalmente usó el Ayuntamiento para multarla.