La nueva moratoria del Mar Menor desbloquea cientos de viviendas en La Manga y Los Belones
Los municipios esperan solicitudes para edificar casas y hoteles tras los cambios aprobados por la Consejería en lo relativo a los ensanches urbanos
Los cambios introducidos por el Gobierno regional en la normativa que regula la moratoria urbanística en el entorno del Mar Menor, prorrogada desde el 3 de agosto, no solo supondrán el desbloqueo de la tramitación administrativa del proyecto de ampliación del centro comercial Las Dunas, en Cabo de Palos. También implicarán la reactivación o el inicio de expedientes orientados a la construcción de cientos de viviendas y plazas hoteleras en dos zonas consideradas por los ayuntamientos ensanches de suelos urbanos consolidados: Los Belones, en el municipio de Cartagena, y la parte norte de La Manga, en el término de San Javier.
Así lo confirmaron ayer a LA VERDAD fuentes de los dos consistorios afectados, a propósito de la eliminación del requisito de tener aprobado el proyecto de urbanización en las zonas colindantes a suelos urbanos consolidados antes de la entrada en vigor de la Ley de protección y recuperación del Mar Menor (de julio de 2020). Esa exigencia, suprimida en el decreto ley que el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma aprobó el jueves pasado, ha bloqueado, en la práctica, en los últimos tres años el avance del Plan Parcial Los Belones Este, que incluye 700 viviendas, y la urbanización de varias parcelas situadas entre el puerto deportivo Tomás Maestre y Veneziola.
La Asamblea puede corregirlo
Fuentes del Consistorio de Cartagena explicaron a este diario que, tal y como está redactada la moratoria en la actualidad, la empresa promotora de una urbanización entre la iglesia de Los Belones y la laguna puede ahora «presentar al Ayuntamiento un proyecto de urbanización, acompañado de una evaluación de impacto ambiental». «El Ayuntamiento tendría que aprobarlo y, a partir de ahí, los promotores pedir los permisos de licencia de obra». En todo caso, en el Consistorio, cuyo gobierno dirige la alcaldesa Noelia Arroyo (del PP), recordaron que el denominado Decreto Ley 3/2023, que entró en vigor el mismo jueves 3 de agosto con su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), puede sufrir modificaciones durante el trámite de convalidación en la Asamblea Regional. Los grupos políticos PSOE y Podemos-IU-Alianza Verde ya han anunciado su intención de corregir el texto impulsado por el Ejecutivo de Fernando López Miras, del Partido Popular, a través de su tramitación como proyecto de ley para recuperar expresamente el «blindaje anterior» a este tipo de construcciones próximas a la costa. Vox rechaza la moratoria, al entender que no contribuye a corregir el deterioro ambiental de la laguna. El 31 de julio, votó en contra de que la Asamblea debatiera una propuesta del PSOE para ampliar la moratoria, que caducaba el 3 de agosto. El PP hizo lo mismo, si bien aduciendo errores técnicos, como el no concretar las áreas de exclusión de nuevas edificaciones y el no permitir enmiendas.
Fuentes conocedoras del expediente de Los Belones, que promueve la empresa Sociedad de Inversiones Los Belones, indicaron que la compañía llegó a tener aprobado el proyecto de urbanización, pero el permiso caducó. Además, ya en febrero de 2022, la Concejalía de Urbanismo llegó a citar a los empresarios para «para poner al día» el proyecto, una vez conocida la respuesta del Consejo Jurídico de la Región de Murcia a una consulta municipal sobre los efectos de la moratoria.
El dictamen del Consejo es, precisamente, el mismo que la Comunidad ha utilizado este mes para justificar las variaciones en la moratoria, que estará vigente hasta que apruebe el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor. Se trata, según el Ejecutivo, de dar «seguridad jurídica» y «clarificar» las dudas municipales sobre la aplicación del veto urbanístico aprobado en 2020 por la Asamblea.
En el caso de San Javier, el concejal de Urbanismo, Antonio Martínez (del PP), señaló que la nueva moratoria permite la tramitación administrativa de desarrollos en cinco parcelas de La Manga situadas junto a suelos urbanos consolidados. Se trata, detalló, de «grandes parcelas», de hasta 12.000 metros cuadrados, programadas en el planeamiento de las normas subsidiarias como suelo residencial y hotelero.
Iniciativa para expropiar suelo
Martínez no pudo concretar el número de viviendas y de plazas de alojamiento hotelero que podrían levantarse en esos solares. En todo caso, destacó que desde hace un año el Ayuntamiento viene reclamando a la Comunidad Autónoma y al Ministerio para la Transición Ecológica la necesidad de alcanzar un pacto para evitar la urbanización de algunos de estos suelos.
Se trata, explicó, de que haya «un compromiso» entre las tres administraciones para buscar fórmulas legales y económicas que permitan expropiar «las parcelas más favorables para su uso como sistemas generales de espacios libres». Esa enajenación de suelo privado exigiría «una inversión millonaria», que el Consistorio de San Javier, cuyo alcalde es José Miguel Luengo (del PP), «no puede afrontar en solitario.
También subrayó que hay «receptividad» del Gobierno regional hacia esta iniciativa municipal y que, entre otras cosas porque hay suelos afectados por el dominio público marítimo-terrestre, es «imprescindible» la implicación del ministerio de Teresa Ribera (del PSOE). Una posible vía de financiación, apuntó, sería sufragar la compra de suelo con fondos europeos vinculados a zonas de interés ecológico.
San Pedro revisa cuatro planes
En San Pedro del Pinatar, el Ayuntamiento estudia si la nueva moratoria abre la puerta a cuatro planes parciales, que supondrían la construcción de 2.493 viviendas. Según fuentes del Consistorio, cuyo gobierno está en manos del PP, se trata de desarrollos que afectan a zonas urbanas o a espacios que pasarían a ser ensanches. Y en Los Alcázares, el alcalde, Mario Pérez Cervera (del PSOE), aseguró no tener constancia de ningún proyecto que estuviera bloqueado por la moratoria anterior.
Fuentes de la Consejería de Fomento afirmaron desconocer la situación de cada proyecto. Y aseguraron que «la nueva redacción» del decreto, conforme al dictamen del Consejo Jurídico, solo «aclara las dudas» de los ayuntamientos. Según Fomento, la norma «mantiene los condicionantes originales», bajo «el criterio de impedir la conurbación del anillo con nuevos desarrollos». Admitieron, no obstante, que «exigir el proyecto de urbanización» en los ensanches suponía una contradicción «con el espíritu del decreto inicial de respetar los crecimientos vegetativos de los cascos urbanos». Añadieron que la decisión sobre cada proyecto de urbanización es de los ayuntamientos y que, con el nuevo decreto, «todos, ahora, deben contar con medidas de sostenibilidad».
El sábado, tercer abrazo a la laguna
Colectivos ciudadanos y ecologistas han convocado para el sábado, a las 12 horas, el tercer 'Abrazo al Mar Menor'. La organización destacó ayer, en Los Alcázares, que la cadena humana exigirá a las administraciones soluciones al daño ambiental.
