La moratoria del Mar Menor ya está prorrogada y la Comunidad no prevé nuevas urbanizaciones
El Gobierno regional aprueba la prolongación del veto, que la Asamblea debe convalidar en 30 días y durará hasta que haya un plan de ordenación territorial. Las promociones ya iniciadas deberán incluir «soluciones basadas en la naturaleza»
El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma aprobó este jueves, a través de un decreto ley, la prórroga de la moratoria urbanística del Mar Menor. La norma entró en vigor esta misma jornada, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), y estará en vigor hasta la aprobación inicial del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente. El veto a los nuevos desarrollos urbanísticos, entendidos como aquellos sin aprobación inicial antes de la entrada en vigor de la Ley de protección y recuperación del Mar Menor, mantiene las mismas áreas de exclusión incluidas en la moratoria aprobada hace tres años en la Asamblea Regional y que caduca hoy.
El consejero portavoz, Marcos Ortuño, recordó en la rueda de prensa posterior al Consejo que el decreto ley tendrá que ser refrendado por la Asamblea Regional en el plazo de 30 días. Y preguntado sobre si cabe la posibilidad de que con el decreto ley salga adelante alguna nueva promoción, como la ampliación del centro comercial Las Dunas, en Cabo de Palos, y el Plan Parcial Los Belones Este (con 700 viviendas), dio a entender que se mantiene el mismo bloqueo que había hasta ahora. Su respuesta fue: «Se mejora la redacción del texto [aplicado en los últimos tres años] y se concreta y se definen mejor las áreas de exclusión, que son las mismas. Por lo tanto, creo que queda contestada la pregunta».
El texto legal sí sufrirá algunos cambios en cuanto a su redacción, para «clarificar dudas interpretativas» expuestas por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Se trata, según el ejecutivo, de solventar «la indeterminación de los términos que se emplean» en los apartados 1 y 2 del artículo 16. Por el momento, las fuentes consultadas no concretaron cuáles son los cambios y su repercusión concreta en los proyectos actuales. Además, el decreto recoge que las áreas de exclusión temporal será definidas con «precisión técnica», en concreto estarán georreferenciadas.
Además de estas variaciones para aumentar la «seguridad jurídica», el Gobierno regional ha incluido la obligación que «todos los desarrollos ya iniciados deben incorporar medidas de sostenibilidad y soluciones basadas en la naturaleza».
El texto también afecta a los ayuntamientos, que solo podrán iniciar nuevos instrumentos de planeamiento cuando esté aprobado de forma inicial el plan de ordenación territorial, que depende de la Consejería de Fomento e Infraestructuras y que continúan sin fecha.
Ortuño destacó que el ejecutivo de Fernando López Miras no podía permitir «la desprotección total» del Mar Menor a nivel urbanístico que, según dijo, suponía la «chapuza» de propuesta de prórroga presentada por el PSOE en el parlamento regional. Ortuño defendió que «hoy el Gobierno da un paso al frente» con «contundencia».
Según Ortuño, no hay incoherencia en que el portavoz del PP en la Asamblea, Joaquín Segado, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, afirmaran que los ayuntamientos tenían capacidad legal suficiente para evitar nuevos desarrollos urbanísticos y que el Gobierno regional afirme que sin moratoria habría «automáticamente» una «desprotección total». «Son cuestiones distintas. Por un lado, lo que plantean los ayuntamientos; y por otro, lo que piensa el Gobierno de la Región de Murcia. El Gobierno de Fernando López Miras tiene como objetivo prioritario la protección del Mar Menor. Hoy vence la moratoria urbanística y hoy se aprueba un decreto ley para prorrogarla. Una cosa es lo que planteen los alcaldes, en cuanto a las herramientas que tienen a su disposición para poder proteger el Mar Menor, y otra cosa es el objetivo prioritario de proteger el Mar Menor a través de este decreto ley».
«Los grupos parlamentarios deben posicionarse»
Sobre la convalidación del decreto en la Asamblea, el consejero mostró su confianza en que «no habrá ningún tipo de problema» para que se haga «en el plazo» legal. «Nosotros hacemos como Gobierno regional lo que tenemos que hacer y, a partir de ahí, los grupos parlamentarios sabrán lo que tienen que hacer, tendrán que dar su opinión y posicionarse».
Ortuño se refirió, con ello, a tres cuestiones: que el mes de agosto es inhábil en la Asamblea; que la convalidación debe pasar por un Pleno extraordinario que convoque la Diputación de Permanente; y que la actual cámara quedará disuelta el 7 de septiembre si no hay un acuerdo sobre la investidura de López Miras como presidente, ante las diferencias entre PP y Vox, que pueden abocar a nuevas elecciones autonómicas. Estas se celebrarían, probablemente, a finales de octubre.
