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José Luis Hernández, saliendo de Coato el pasado 22 de febrero, día en que se había convocado una asamblea. Paco Alonso / AGM
Un juez investiga al presidente de Coato y a toda su directiva por presunto abuso de poder

Un juez investiga al presidente de Coato y a toda su directiva por presunto abuso de poder

Una treintena de socios denuncia que se les ha negado su derecho al voto y a la información con maniobras ilícitas, como la de crear mayorías artificiales para verse siempre respaldado

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Lunes, 21 de octubre 2019, 08:34

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Un juzgado de Totana ha abierto diligencias penales contra el presidente de la cooperativa Coato, José Luis Hernández Costa, y contra una quincena de quienes en los últimos años han integrado sus órganos de dirección, después de que varias decenas de socios hayan presentado una denuncia por presunto abuso de poder, delito societario continuado, fraude en subvenciones públicas, falsificación de documentos privados, malversación de caudales públicos, apropiación indebida de los fondos de los cooperativistas y pertenencia a organización criminal. Los denunciantes están integrados en la denominada Asociación Nacional de Afectados por las Liquidaciones de Coato Sociedad Cooperativa (ANACO), que preside Juana María Sánchez y que es quien está impulsando la acción penal a través del letrado Francisco Luis Valdés-Albistur Hellín, según han confirmado a 'La Verdad' fuentes de toda solvencia. La denuncia también se dirige contra varias sociedades vinculadas a Coato y sus directivos, como Oro LíquidoS.C., Coaco S.C., Hermanos García Cánocas S.C., Costa Simón S.C., Apimed S.C. y Pimentón de Murcia S. C..

La causa se está tramitando en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Totana, que ya ha comenzado a practicar diligencias. Los miembros de ANACO exponen que son socios de Coato prácticamente desde la constitución de la cooperativa totanera en 1979 y que cada año han venido entregando a la misma sus cosechas de almendra para que procediera a comercializarla. Aseguran que en las cam,pañas 2015-16 y 2016-17, el presidente de Coato, José Luis Hernández, adoptó «la decisión unilateral» de no comercializar gran parte de la almendra que se le había entregado, ya que no consultó presuntamente con los órganos rectores de la sociedad, como la Asamblea General y el Consejo Rector, y porque de manera «generalizada» adopta sus decisiones «con abuso de poder». Para demostrar la veracidad de estas afirmaciones, los denunciantes aportan grabaciones de encuentros con directivos de Coato, que reconocerían que Hernández Costa siempre ha actuado de forma personalista y que el Consejo Rector y las distintas comisiones y órganos directivos «nunca han pintado nada». Igualmente admitirían que nunca se le ha aportado información a los socios sobre las decisiones que se adoptaban ni sobre la gestión de la cooperativa.

Fruto de esa supuesta decisión personal del presidente de Coato de no comercializar buena parte de la almendra, a la espera en apariencia de un momento más propicio de los mercados, se acabó liquidando ese producto, en la variedad marcona, a 5,8 euros el kilo (IVA aparte), mientras que otras cooperativas similares, como la Mañan de Pinoso, las habrían vendido a 9 euros el kilo (también sin IVA), y la Lonja de Reus a 8,75 euros. Esta gestión habría provocado pérdidas millonarias a los 200 agricultores adscritos a la sección de la almendra de Coato, lo que provocó que a finales de julio de 2017 acudiera a la sede de la cooperativa para pedir explicaciones. Ante esta «situación excepcional y de extrema gravedad», se habría procedido a anunciar asambleas extraordinarias en la sección almendra y en toda la cooperativa, que sin embargo nunca habría llegado a celebrarse «porque, maliciosamente, y siguiendo instrucciones del presidente de Coato, nunca llegaron a convocarse formalmente y se evitó así facilitar cualquier información al respecto».

El 31 de julio, cuando esos 200 almendricultores se presentaron frente a la sede de Coato, también se les dijo que se iba a crear un grupo de trabajo junto con el Consejo Rector y la Comisión de la Sección Almendra, para buscar soluciones al perjuicio económico sufrido. Pero el 3 de agosto tuvieron conocimiento de que se habían anulado todas las decisiones previas, «a propuesta del presidente».

El 11 de agosto, un centenar de socios volvió a acudir a la cooperativa, esta vez acompañados de una notaria, con el fin de celebrar una asamblea y levantar acta de la misma. Según consta en la denuncia, «un empleado les denegó la entrada por orden del presidente».

Días después, el Consejo Rector habría convocado la asamblea general extraordinaria para el 14 de diciembre, «pero sin darle publicidad ni comunicárselo a los socios». Uno de los cooperativistas se enteró de forma casual, lo que motivó que cientos de socios se presentara ese día en la sede de Totana. «La asamblea se celebró de manera inusual, por no decir denigrante para sus socios», que supuestamente tuvieron que esperar cinco horas a la intemperie, bajo un intenso frío, hasta poder acreditarse. Y entonces se toparon, según sostienen, con que el único punto del orden del día, la aprobación de las cuentas anuales, ni siquiera se debatió. Se votó directamente y salió adelante merced a supuestas maniobras para crear artificialmente una mayoría, como el hecho de que un socio de Coaco llegara a votar por más de 400 cooperativistas, que otro de Oro Líquido votara por más de 90, y que otro de Apimed lo hiciera por más de 70. Con la aparente paradoja de que muchos socios de estas tres cooperativas mencionadas, que no tenían conocimiento de que se hubiera celebrado una asamblea previa o una delegación de voto, se quedaron sin poder votar de forma personal.

Igualmente, según relatan en la denuncia, el 29 de diciembre de 2018, en plenas fiestas navideñas, se convocó nuevamente, «de forma maliciosa e intencionada», a través de un anuncio en un periódico de tirada nacional, una asamblea general ordinaria para el día 22 de febrero de 2019. Y sostienen que nuevamente José Luis Hernández, «con abuso de poder de su cargo», habría impedido el acceso de cientos de socios a las instalaciones, lo que provocó la indignación e incluso la solidaridad de los que estaban dentro. La consecuencia de todo ello fue que se produjeron graves incidentes, incluso con la irrupción de cooperativistas en las instalaciones.

Una vez más, se volvió a convocar una asamblea para el 29 de marzo pasado, que igualmente finalizó con fuertes enfrentamientos. Una persona votó por 362 cooperativistas, otra por 246, otra por 106, otra por 100... En tales circunstancias, señalan, las propuestas y la candidatura impulsada por Hernández Costa salió adelante por amplia mayoría.

Uno de los hechos se apariencia más grave que se recoge en la denuncia es la compra que Coato hizo en abril de 2015 a la sociedad cooperativa Nature Green, presidida por Lucía M.B., esposa de José Luis Hernández Costa. El precio pagado ascendió a más de 349.000 euros por un piso de 148 metros cuadrados en Totana, pese a que los denunciantes afirman que estaba valorado a efectos de tasación entre 110.000 y 133.000 euros. El presunto sobrecoste que se habría abonado habría ido en claro beneficio de Hernández Costa y su esposa y en perjuicio de los socios de Coato.

También resulta relevante que se atribuya al presidente Hernández Costa ser la figura responsable de la firma Ampoas, que estaría prestando servicios técnicos y de asesoramiento a socios de Coato y a sus cooperativas vinculadas y, por supuesto, cobrando por ellos, aunque «disfrazando» supuestamente dichos pagos bajo el concepto de 'Cuotas'.

Hernández: «Siempre se ha actuado dentro de la legalidad»

El presidente de Coato, José Luis Hernández, manifestó a este periódico que, pese a que no había recibido notificación alguna hasta el momento de la apertura de diligencias judiciales, «se ha actuado siempre cumpliendo la legalidad y lo que marcan los estatutos de Coato». Negó asimismo que se le haya hurtado información a los socios o que se haya actuado con abuso de poder y, a tal respecto, aseguró que «en las decisiones aprobadas por la cooperativa participan los distintos órganos de gobierno que forman parte del Consejo Rector, en los cuales están representadas todas las actividades y sectores quue aglutina Coato entre sus más de 2.000 cooperativistas».

También insistió en que los socios siempre han dispuesto de los datos que necesitaban para juzgar la gestión en la cooperativa y que las cuentas anuales «se han expuesto siempre en la sede, antes de ser aprobadas por la mayoría de los cooperativistas». Y que toda la documentación pertinente ha sido facilitada con la necesaria antelación.

Por último recordó que el voto delegado es una figura que está recogida en los estatutos de Coato, negó haber sacado provecho personal alguno de su actividad en la cooperativa y recordó que han sido citadas más de 30 personas por la Guardia Civil, hasta el momento, por los sucesos que se produjeron en la asamblea del 22 de febrero pasado. «Hubo hasta agresiones físicas a directivos de Coato y robos de documentos privados, lo que obligó a suspender la asamblea».

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