Condenado un empresario de Molina de Segura por verter residuos peligrosos al alcantarillado

El Juzgado de Lo Penal 2 de Murcia ha condenado al administrador de tres empresas del sector de la gestión de residuos (y subsidiariamente a las mismas), y al conductor de un camión desde el que se hicieron vertidos que dañaron al medio ambiente y pusieron en riesgo la salud pública, al contaminar las aguas en las depuradoras de Molina y Archena.

El juzgado ha impuesto a J. A. R., administrador de Productos Químicos de Arqués SL, Valorizaciones de Materiales Industriales SLU y Materiales Reciclados SL., un año, nueve meses y dos días de prisión, y una multa de 1.205 euros, por un delito continuado contra el medio ambiente. La pena se suspende con dos condiciones: que no delinca durante cuatro años y cumplir la responsabilidad civil, incluida «la recogida y el adecuado tratamiento de los residuos y, en su caso, indemnizar a la Consejería de Medio Ambiente por los trabajos que haya realizado o deba realizar. Y se aplica la atenuante de reparación parcial del daño, si bien la Fiscalía instó a establecer «un seguimiento que permita el control del efectivo cumplimiento» de estas obligaciones por parte del condenado.

Asimismo, se condena al industrial y al conductor, a A. V. P., «de forma conjunta y solidaria, a indemnizar a Esamur en el importe de los daños por sobrecostes causados por los vertidos de zinc en las EDAR (estaciones depuradoras de aguas residuales)». El de Archena fue de 33.354 euros, y el de Molina se fijará en la fase de ejecución de sentencia, que no admite recurso. Fuentes de Esamur, empresa de la Consejería de Agua, indicaron a este diario que «en Molina no se pudo precisar la cantidad, porque se detectó rápido» el vertido y los autores «dejaron de hacerlo»; «sí se pasaron los costes de Archena en la denuncia».

El fallo, dictado en febrero y al que ha accedido LA VERDAD, recoge que el principal acusado, «desde al menos octubre de 2013 a agosto de 2014, llevó a cabo una actividad de eliminación incontrolada de residuos peligrosos mediante su vertido a la red de saneamiento municipal» (el Seprona llegó a detener a tres personas relacionadas con la propiedad y el alquiler de las naves). El acusado usaba «naves cedidas por sus propietarios, sin que se haya demostrado que estos fueran conocedores de sus ilícitas actividades». Y «daba instrucciones a los conductores de los camiones utilizados por la empresa para dirigirse a naves del polígono industrial Los Polvorines (Archena), de La Capellanía (Archena) y de El Tapiado (Molina de Segura) y verter líquidos con altos contenidos de zinc».

En un almacén de productos químicos de la pedanía molinense de El Romeral, una de las mercantiles -autorizada para el transporte de materiales no peligrosos y peligrosos- «almacenaba de forma ilícita residuos en un foso excavado sin impermeabilizar». En el hoyo había líquidos y lodos. Además, el Seprona halló «almacenados en superficie gran cantidad de bidones de 1.000 litros», con aguas sin identificar. Y había «un pozo excavado con color amarillento», con 903,5 metros cúbicos de residuos, la mayoría peligrosos; y «dos naves repletas de contenedores y palés con bidones de 200 litros».

El empresario llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía que incluye la inhabilitación especial como administrador o gerente de empresas de tratamiento de residuos durante un año. El pacto fue aceptado por la Asociación de Vecinos El Romeral como acusación particular. Por su parte, el conductor aceptó un año de prisión por delito ambiental y la inhabilitación especial como transportista de sustancias peligrosas seis meses. El juzgado absuelve al hijo del empresario, director de calidad de una de las sociedades. Todas las decisiones las tomaba el padre.

El 1 de abril de 2014, la Policía Local de Molina sorprendió al conductor con un camión cargado con 22 bidones de «residuos químicos peligrosos» con un nivel «muy tóxico»» de zinc, mientras vertía el contenido a los desagües de los aseos» de una nave de El Tapiado. Y en agosto de ese año, la Guardia Civil acreditó otro vertido en una nave de Los Polvorines. Esamur había detectado valores anómalos de zinc en un pozo de registro. Los análisis arrojaron concentraciones muy por encima del límite legal, «extremadamente tóxicas para organismos acuáticos».

La sentencia recoge que la Dirección General de Salud Pública constató que en Molina, debido a la cercanía de las viviendas, «pudo existir riesgo para la salud pública, como consecuencia del almacenamiento y gestión inadecuada de los residuos; y que tanto vecinos como trabajadores de la mercantil investigada contactaron en mayor o menor medida con el contenido volátil de estos residuos».

Los agentes del Seprona denunciaron también irregularidades en Fortuna y de Calasparra. En el primer caso, los agentes localizaron una nave de «almacenamiento de alrededor de 1.300 metros cúbicos de diferentes tipos de residuos contenidos en envases tipo GRG y bidones de 200 litros de volumen, estando la mayoría de estos envases mal etiquetados».

La Benemérita anotó que la mercantil propietaria recogió 2.145,100 toneladas de residuo en los años 2013 y 2014: aguas de lavado de proceso: y ácido clorhídrico residual, sin que «conste la firma del responsable que acepta dichos residuos ni la cantidad de kilos netos aceptados».

En Calasparra, el Seprona denunció «la eliminación incontrolada de residuos por vertido al suelo» desde bidones y «mediante hormigonado» de bidones, así como la «evaporación de sustancias volátiles» en bidones situados en contenedores abiertos. Además, los recipientes hormigonados «se utilizaron para la construcción de estructuras de edificación, como una rampa de hormigón y la base donde se apoyan» unas vigas metálicas.