Más de la mitad de los municipios de la Región están atados a un plan de ajuste de Hacienda

El Ministerio asegura que 26 consistorios de la Región de Murcia tienen un plan de ajuste por adhesión al Fondo de Financiación de Entidades Locales. Entre ellos, dos de los grandes: Lorca y Alcantarilla. Además, hay tres (Archena, Fuente Álamo y Villanueva del Segura) que están controlados, a la vez, por un plan de sostenibilidad financiera, acordado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de abril de 2023.

La diferencia entre estar sujetos a un plan de ajuste y a uno de sostenibilidad radica, según explican desde la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, en que los ayuntamientos que se acogen al Fondo de Financiación a Entidades Locales tienen que presentar un plan de ajuste «que ha de contener medidas de incremento de ingresos o ajuste de gastos, que permita al ayuntamiento cumplir con las reglas fiscales y devolver los préstamos».

Por otro lado, los municipios que tienen un plan de sostenibilidad, se acogen a «una medida excepcional que estuvo dirigida a ayuntamientos con un volumen de deuda alto, con primera cuota de amortización de préstamos del Fondo de Financiación de Entidades Locales a pagar en 2023 y con otros requisitos». «Con estos ayuntamientos se acordó un plan mediante el cual se comprometen a aprobar medidas de incremento de ingresos y reducción de gastos. A su vez, el Ministerio ha reestructurado los préstamos con el Fondo de Financiación de Entidades Locales, ampliando plazos y estableciendo un sistema de amortización de cuotas crecientes».

Lo explica Soledad Gambín, concejala de Hacienda de Villanueva del Segura, un municipio de 3.771 habitantes, que aparece en la lista de entidades locales acogidas a ambos planes. En opinión de la edil, lo que diferencia uno de otro es que el de sostenibilidad está hecho a medida, «redactado, negociado y aprobado por el Ministerio de Hacienda», es decir, «es más personalizado». En su caso, permite ampliar el plazo de pago de deuda a interés cero y dejan de retenerle el 50% de la participación en impuestos del Estado. «El plan de ajuste es un modelo estándar para todos por igual. El de sostenilidad es algo nuevo, del año pasado, y te lo manda hecho el Ministerio. Lo único que tiene que hacer el ayuntamiento es decidir obligatoriamente y como parte del acuerdo en qué porcentaje sube los impuestos para intentar que el consistorio sea solvente con sus propios recursos. El Ministerio ayuda siempre a cambio de medidas de control de gastos y mayor eficiencia en los ingresos».

De esta forma, en Villanueva se incrementó en un 30% la tasa de basuras, para repercutir el impuesto de residuos, y se aumentó el tipo impositivo del impuesto de tracción del 1,3% al 1,6%, aunque el Ministerio les pedía subirlo hasta el 2%, máximo permitido, y también les reclamaba seguir encareciendo el IBI, algo que no hicieron porque la contribución llevaba diez años de incrementos en el municipio.

Fran Díaz, concejal de Hacienda de Totana (32.329 habitantes), uno de los municipios sujetos a un plan de ajuste, explica que «estar intervenido por el Ministerio supone que mensualmente el Ayuntamiento recibe una cantidad de dinero para hacer frente al gasto corriente. Esto se traduce en sus consecuencias. La primera es que a la hora de hacer el Presupuesto municipal nos tasan el capítulo 1 y 2 de gasto, el de personal y gasto corriente, y aunque el gasto real supere ese límite que nos tasa el Ministerio, no se puede aumentar de ninguna de las maneras. La segunda consecuencia es que tenemos la recomendación y casi la obligación del Ministerio de aumentar ingresos y reducir gastos. En caso contrario, corre peligro esa cantidad mensual que recibimos», dijo. Sin embargo, Totana ha incumplido los planes de ajuste de 2021 y 2022 y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en julio del año pasado, situó al Consistorio en el 'ranking' de municipios españoles en riesgo «alto de sostenibilidad».

«En realidad lo que ha pasado es que para el Ministerio no hemos aumentado los ingresos y reducido los gastos como de verdad podríamos haberlo hecho. A mi juicio, creo que el anterior gobierno de IU podría haber hecho bastante más, por ejemplo, con la actualizando de tasas. Además no han aprovechado este momento con la reglas fiscales suspendidas para contener el gasto», insiste.

Cehegín (14.710 habitantes) es uno de los municipios que en 2022 incumplió el plan de ajuste de Hacienda. Casi la mitad del año 2023 estuvo como alcalde Jerónimo Moya (Cs), que explica que con la intención de acogerse al Fondo de Ordenación y a un plan especial de pago a proveedores se comprometieron a hacer un plan de ajuste y a llevarlo a cabo. «Yo, como alcalde, llevé la propuesta al Pleno. En principio había consenso. Cuál fue mi sorpresa cuando en la comisión informativa el PP se abstuvo porque tenía que someterlo al consenso dentro del partido, que en ese momento era mi socio de gobierno. Cuando llegamos al Pleno, me enteré de su voto negativo. Con una abstención hubiera sido suficiente para sacarlo adelante. El PSOE y el PP votaron en contra y yo me quedé con el plan de ajuste que ya había sido aprobado por el PP meses atrás y que no incorporaba ninguna cuestión de calado, más allá de una subida de impuestos, que era imprescindible porque era lo que nos pedía y exigía el Ministerio para no tener que estar intervenidos, como estamos ahora», señaló.

Como consecuencia, añade Moya, ahora «ni siquiera les han dado la opción de llevar un plan de ajuste y cumplirlo. Directamente estamos intervenidos por el Ministerio, que es el que previamente fiscaliza los presupuestos y controla el gasto del ayuntamiento en este momento», dijo.

La actual alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor Galo (PP), aclara que «el plan de ajuste sí se aprobó. Lo que no se aprobó fue una subida de impuestos porque no veíamos por su parte [de Jerónimo Moya] contención de gastos ni otras medidas sino todo lo contrario. Nos han intervenido ahora cuando ellos nos han aprobado la subida de impuestos. A los dos días de subir los impuestos, llegó la carta del Ministerio».

«En mayo, el Ayuntamiento de Cehegín solicitó adherirse al Fondo de Ordenación para el pago de facturas a proveedores por un importe aproximado a los 2 millones de euros para abonar facturas. El Ministerio lo concedió y en septiembre envió un comunicado indicando que debíamos cumplir las medidas del plan de ajuste al que estamos sometidos. Para ello la alcaldesa propuso una subida de ordenanzas de impuestos y tasas para dar cumplimiento al mismo, pero no fue apoyado ni por el PSOE ni XCehegín, por lo que no se dio cumplimento al plan de ajuste. Como consecuencia, una semana después el Ministerio comunicó que debe fiscalizar el Presupuesto antes de ser aprobado», añaden fuentes municipales.

El Ayuntamiento de Calasparra aprobó en el año 2012 un plan de ajuste que, según el concejal de Hacienda, Antonio José Merino, les permite «seguir afrontando inversiones y ejecutando los servicios públicos». «Es un plan liviano con el que el Ministerio nos permitió en 2019 agrupar los préstamos con unas condiciones muy positivas».

Pero esas condiciones favorables exigen una contrapartida. «Con los planes de ajuste se identifican áreas en las que se pueden reducir los gastos, como revisar contratos, optimizar procesos administrativos, eliminar programas no esenciales o ajustar la plantilla de empleados. Todo eso ya se hizo de manera progresiva y se sigue teniendo en cuenta a la hora de hacer cualquier operación financiera. De hecho, hace pocas semanas hemos solicitado un préstamo de 3.300.000 euros para tres proyectos importantes en Calasparra y no ha sido un problema ese plan de ajuste, pero sí que lo hemos tenido en cuenta a la hora del nivel de endeudamiento».

Paqui Terol, concejala de Hacienda de Alcantarilla, explica que el plan de ajuste, al que el Ayuntamiento está sujeto desde 2012, les impide realizar determinadas inversiones para garantizar la estabilidad presupuestaria y la reducción de la deuda. Desde 2015 han conseguido devolver el 65% de la deuda, bajarla de 51 millones de euros a los 20,2 actuales y además no se han endeudado más.

«Durante estos últimos ocho años no solo no hemos subido ninguna tasa, sino que hemos bajado impuestos cada vez que hemos podido. Sin embargo, debido al aumento desmesurado de los gastos estructurales, la luz, el gas, los gastos corrientes y el incremento de salarios fijado por el Gobierno de España, nos hemos visto obligados a actualizar el Impuesto de Bienes Inmuebles para poder elaborar el Presupuesto de 2024 y así seguir manteniendo los servicios públicos sin recortes e intentando repercutir al mínimo la presión fiscal sobre los ciudadanos».

Se refiere e un incremento del tipo impositivo del IBI del 0,71 al 0,80%, que se traducirá en un incremento en el recibo anual de la contribución de entre 80 y 150 euros (12,67%), uno de las subidas más fuertes de la Región y que ya recibió las críticas de los socialistas.

Lorca estuvo dos años, mientras gobernaba el PSOE, incumpliendo el plan de ajuste del Ministerio. asegura el PP, ahora en el gobierno local. La concejala Belén Pérez recuerda que desde la oposición estuvieron «alertando de la pésima gestión económica que se realizaba por parte de los anteriores responsables del ejecutivo municipal. En lugar de rectificar, se embarcaron en una espiral de gasto desbocado totalmente irresponsable, de tal forma que todo el ahorro que habíamos conseguido dejar en el Ayuntamiento se esfumó en gasto superfluo». No obstante, aclara que el Ayuntamiento «pagará a todos los proveedores» y «está saldando las deudas heredadas», sin dejar de cumplir el compromiso de bajar impuestos «porque los lorquinos no tienen por qué pagar la negligente actuación de políticos del pasado. De momento, en 2024, vamos a aplicar rebajas fiscales de hasta 3,5 millones de euros, a pesar del quebranto económico que nos hemos encontrado».

Diecinueve municipios de la Región y la Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña incumplieron el año pasado el plan de ajuste en vigor, según el informe del Ministerio de Hacienda cerrado a 31 de diciembre de 2022. Por orden alfabético, según consta en la página web del Ministerio, entran en la lista de incumplimientos Abarán, Albudeite, Aledo, Archena, Blanca, Calasparra, Campos del Río, Cehegín, Ceutí, Fuente Álamo, Librilla, Lorca, Moratalla, Mula, Puerto Lumbreras, Ricote, Torre Pacheco, Totana y La Unión, más la Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña.

En ese mismo listado hay 17 municipios reincidentes que, a su vez, habían incumplido también el plan de ajuste de 2021. Es el caso de Albudeite, Aledo, Blanca, Campos del Río, Ceutí, Fuente Álamo, Librilla, Lorca, Mazarrón, Moratalla, Mula, Pliego, Puerto Lumbreras, Ricote, Torre Pacheco, Totana y La Unión, aparte de la citada mancomunidad turística.

Y al contrario, hay entidades que aparecen en la lista de 2021 y no repiten en la de 2022, como son Caravaca de la Cruz, Mazarrón, Pliego y Alguazas y la Mancomunidad de Servicios de la Comarca del Noroeste. También los hay que salen en la lista de 2022 y no estaban en la de 2021, como Abarán, Archena, Calasparra y Cehegín. En cualquier caso, solo Villanueva del Río Segura, Archena y Fuente Álamo se han acogido a un plan de sostenibilidad que incluye en algunos casos, ampliación de plazos de pagos a interés cero a cambio de subidas de impuestos.