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Miras expresa su respaldo a que el Mar Menor tenga personalidad jurídica
La Comunidad ya ha suprimido 202 hectáreas de regadíos ilegales en el entorno de la laguna y ha revisado otras 19.000
El Mar Menor volvió a centrar ayer buena parte del debate político en la Región, 24 horas después de que los promotores de la iniciativa legislativa popular (ILP) defendieran en el Congreso su tramitación parlamentaria para dotar de personalidad jurídica a la laguna. Por una parte, el presidente regional, Fernando López Miras, expresó su apoyo a esta iniciativa popular, respaldada por más de 600.000 firmas. «Cualquier tipo de iniciativa o de acción que vaya encaminada a proteger y a recuperar el Mar Menor la veo bien», indicó el jefe del Ejecutivo. Pero fue la Asamblea Regional el escenario donde el estado de la laguna volvió a enzarzar a los grupos políticos.
El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo, que también se declaró partidario de la ILP, protagonizó la sesión plenaria celebrada por la mañana, en la que compareció a petición propia para informar sobre la ejecución de las medidas recogidas en la ley de recuperación del Mar Menor de 2020.
Durante su intervención, Luengo destacó que la Comunidad Autónoma ha devuelto ya a su estado original 202 hectáreas de regadíos ilegales en el entorno del Mar Menor y ha realizado 706 inspecciones sobre un total de 19.000 hectáreas.
Rafael Esteban acusó al presidente de «cobardía política» por no abrir expediente a las empresas contaminantes
Mientras que Luengo defendía «lo mucho que ha hecho» el Gobierno regional por el Mar Menor, los portavoces en el Pleno de PSOE y Unidas Podemos exigieron su dimisión por el incumplimiento de numerosas medidas.
En el detalle de las actuaciones que ha llevado a cabo la Consejería, Antonio Luengo explicó que a día de hoy «la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) nos ha trasladado 254 resoluciones firmes para devolver 3.809 hectáreas a su estado original. Dada la inacción mostrada por su parte para no llevarlo a cabo, les recuerdo que la Región de Murcia es la única comunidad autónoma que lo puede exigir, y lo hace a instancias de esta Cámara, que reconoció la inacción de la aplicación del ley por parte del organismo de cuenca». Precisó el consejero que todos los expedientes están en tramitación y que por el momento ya se han suprimido las 202 primeras hectáreas de regadíos ilegales.
La Asamblea Regional celebró por la tarde otra sesión plenaria con preguntas al jefe del Ejecutivo en la que el Mar Menor volvió a protagonizar el debate parlamentario por dos cuestiones planteadas por el PSOE y Unidas Podemos.
Control del Gobierno
Abrió el Pleno el representante del Grupo Mixto, el diputado de Unidas Podemos Rafael Esteban, quien interpeló a López Miras sobre las razones por las que el Gobierno autónomo no abrió expediente sancionador a ocho empresas agrícolas con responsabilidades en la contaminación del Mar Menor hasta que un fallo del Tribunal Superior de Justicia se lo exigió.
Esteban volvió a pedir la dimisión del consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo, por «su falta de acción» ante las empresas contaminantes.
López Miras expuso que si el Gobierno regional no intervino en un primer momento fue por que el instructor del expediente determinó que no era competencia de la Comunidad. «Ahora que el TSJ ha dicho que sí, empezaremos los trabajos y será la Consejería la que se encargue de iniciar los expedientes», agregó el presidente.
El jefe del Ejecutivo recordó los 85 millones presupuestados este año en proyectos para la recuperación de la zona
Esteban le acusó de «cobardía política» por escudarse en el instructor del expediente. «No quiero pensar que tenga algo que ver el que se trate de ocho grandes empresas del sector agrícola», añadió el parlamentario de la formación morada.
El portavoz socialista, Francisco Lucas, insistió en el problema del Mar Menor al preguntar al presidente sobre qué está haciendo su Gobierno para la recuperación de la laguna salada y echarle en cara su «incompetencia, incapacidad y negligencia». «El Mar Menor es una cuestión de Estado y aquí tampoco ha estado a la altura», agregó Lucas.
En respuesta a sus críticas, López Miras esgrimió una serie de cifras y proyectos en favor del Mar Menor puestos en marcha por el Gobierno, como los 85 millones presupuestados este año y los 27 inspectores que trabajan en la zona para velar por el cumplimiento de la ley.
Conferencia de Presidentes
El Pleno del control del Gobierno de ayer se completó con dos preguntas más, una por parte del portavoz popular, Joaquín Segado, sobre la valoración de Miras del resultado de la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado domingo en La Palma, y otro formulada por el diputado expulsado de Vox Juan José Liarte en la que aludía al «inasumible incremento del gasto en medidas de reivindicación de demandas de género y feministas».
Sobre la cumbre autonómica, Miras se quejó de que solo hubo acuerdo en la condena de la guerra de Ucrania, pero sin llegar a concretar actuaciones conjuntas y concretas.
Con respecto a la pregunta de Liarte, el presidente apuntó que «debemos centrarnos en que no haya familias que lo pasan mal por culpa de la inflación desbocada, que no tengan acceso a productos básicos, que no pueden llegar a fin de mes; es el momento de hacer política con altura de miras».
El PSOE exige a Luengo que dimita o se ponga las pilas
Los socialistas y Podemos señalan numerosos incumplimientos; mientras que los socios del PP defienden la actuación de la Consejería.
En su primera rendición de cuentas sobre el grado de cumplimiento de la ley del Mar Menor, el consejero Antonio Luengo recibió duras críticas del PSOE y Podemos, que le reprocharon que haya tardado tanto tiempo en comparecer en la Asamblea para este cometido, ya que según la ley debió hacerlo el pasado verano. La portavoz morada, María Marín, empleó el tono más duro, al acusar al consejero de «encubrir y proteger a los asesinos del Mar Menor. Dimita usted. Váyase. Pasará a la historia como el enterrador del Mar Menor. Espero que le estén pagando bien por el trabajo tan despreciable que hace».
El diputado socialista Manuel Sevilla exigió a Luengo que dimita «o se ponga las pilas». Acusó al PP de generar la crisis ecológica y, al igual que Podemos, destacó los incumplimientos, como que aún no se haya constituido el Consejo del Mar Menor, ni creado la figura de los operadores ambientales. También reprochó la baja ejecución presupuestaria. Ambos partidos sacaron a colación la sentencia del TSJ que señala que es competencia del Gobierno regional exigir responsabilidades a las empresas infractoras y contaminantes. Otra razón que esgrimieron para reclamar la dimisión de Luengo. Sevilla consideró «un caos» que la Consejería «tenga paralizados 2.400 expedientes».
La diputada Ana Martínez Vidal acusó al Ejecutivo de «aparentar que hace algo después del varapalo del TSJ». «Hay actuaciones que debían haberse puesto en marcha hace años».
Juan José Liarte dijo que los ciudadanos «quieren ver los resultados». Señaló que hay medidas positivas para la ganadería y apuntó que el «mantra» de la oposición se está desgastando. Cree que se deben exigir responsabilidades, aunque considera más importante restaurar los espacios dañados.
Francisco Álvarez, de Ciudadanos, indicó que se trata de «un problema de Estado». «Debe ser un orgullo tener una ley que ayuda al ecosistema y a la economía asociada».
El diputado del PP Jesús Cano destacó que López Miras está cumpliendo, y criticó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva «1.350 días sin actuar». «No hay ni una obra con el sello del Gobierno central».
