El Ministerio sigue diseñando la normativa que aclarará dudas sobre el fondeo en el Mar Menor

Hace ya trece meses, en abril de 2024, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunció que impulsaría un segundo real decreto sobre limitaciones a la navegación marítima para la protección y recuperación del Mar Menor, y despejar así la confusión generada entre autoridades, sector marítimo y dueños de barcos. El Ministerio que dirige Óscar Puente trató de resolver la situación dando una pauta sobre cómo debía interpretarse esta regla, y la situación de provisionalidad continúa.

«Para evitar errores en la interpretación de la normativa, se ha trasladado a la Región de Murcia que este precepto se debe interpretar en el sentido de que el fondeo en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) tenga lugar de acuerdo con los instrumentos de planificación y gestión de esa zona», informó el año pasado el Ministerio. Y añadió, expresando su compromiso de dar una solución definitiva a este problema: «No obstante, con el fin de dar seguridad jurídica a esta interpretación, se va a tramitar un Proyecto de Real Decreto para aclarar estas cuestiones, en cuyo proceso de elaboración se dará audiencia a la Región de Murcia para que alegue cuanto estime pertinente».

La polémica tiene que ver con el artículo 7 del real decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el 30 de enero del año pasado. Ese precepto prohíbe fondear «en zonas de especial protección para las aves, la cual comprende la totalidad del Mar Menor», admitió el Ministerio en respuesta a una pregunta del PP en el Senado.

Transportes indicó entonces a LA VERDAD que el decreto debía «desarrollarse con resoluciones por parte de las administraciones competentes en cada materia: Capitanía Marítima, Dirección General de la Marina Mercante y la Comunidad Autónoma». «Serán estas resoluciones las que delimiten exactamente los espacios establecidos para el fondeo», agregó, antes de reconocer los problemas prácticos de aplicación del decreto, de los que fue advertido por la Comunidad Autónoma (a través de la Consejería de Medio Ambiente) y por la Capitanía Marítima de Cartagena durante la redacción del texto. Esta semana, el capitán marítimo, Óscar Villar, indicó a este diario que el Ministerio está trabajando en la elaboración del nuevo real decreto, en coordinación con la Comunidad. Y mostró su confianza en que sea aprobado lo antes posible.

Fuentes del Ministerio indicaron que el área de asuntos jurídicos de la Dirección General de la Marina Mercante tiene en marcha el procedimiento de redacción del nuevo real decreto, dentro del cual «se están recogiendo aportaciones». No precisaron plazos de aprobación.

Villar recordó que ya en septiembre de 2023 –previa petición de Medio Ambiente–, Capitanía Marítima (que pertenece al Ministerio de Transportes) aprobó una resolución en la que prohibió el fondeo de buques y embarcaciones en cuatro zonas del Mar Menor para proteger la nacra común ('Pinna nobilis'), un molusco en peligro de desaparición. Posteriormente, el real decreto recogió el veto al fondeo en las zonas «de especial protección de la biodiversidad marina, incluidas las praderas de fanerógamas marinas y sobre sustratos rocosos, así como zonas con presencia de nacras».

En todo caso, el capitán marítimo hizo hincapié en la necesidad de aumentar los medios humanos y materiales para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales (sobre velocidades máximas, vertidos y otras materias), con una vigilancia permanente y adecuada de las actividades náuticas, sobre todo en los meses de verano. Villar insistió en su propuesta de que se cree una guardia costera, dado que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, la Capitanía Marítima y los agentes medioambientales de la Comunidad Autónoma tienen recursos limitados y la presencia de embarcaciones a motor es cada vez mayor, tanto en el Mar Menor como en la costa mediterránea de la Región de Murcia. A ello hay que sumar la «gran proliferación» de las motos de agua, cuya matriculación se ha disparado un 17% en su demarcación en lo que va de año. Se ha dado autorización a 35 motos y hay doce más en proceso.

En agosto pasado, Villar explicó que la guardia costera sería «un cuerpo permanente de agentes con competencias para poder tramitar denuncias» por el incumplimiento de las distintas reglas de protección de la laguna a nivel marino y terrestre. Eso sí, destacó el esfuerzo de la Capitanía por elevar los controles, así como la menor dispersión de los fondeos, gracias a sus inspecciones, a la labor de la Guardia Civil y al mayor apoyo de las policías locales de San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y Cartagena en las zonas de baño.

A pesar de ello, siguió habiendo quejas de bañistas y organizaciones ecologistas y vecinales por los fondeos irregulares y la convocatoria de 'botelleos' y fiestas con barcos en distintas zonas, como el entorno de la isla del Ciervo.