El Ministerio inicia el traslado a la Región de Murcia de los 11 primeros menores de Canarias y Ceuta

La puesta en marcha de estas primeras reubicaciones a la Región, que ha podido constatar LA VERDAD y que corroboran fuentes de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad consultadas, supone un paso más en el choque que, a lo largo de todo el año, vienen protagonizando en materia migratoria el Gobierno central y el regional. De hecho, la Comunidad ya ha presentado alegaciones a todos los expedientes recibidos y ha recurrido legalmente el reparto por considerar que se realiza sin coordinación con las comunidades autónomas y sin la financiación necesaria para dar a los menores una adecuada atención.

El último episodio de esa batalla legal se concretó el pasado jueves, cuando el Consejo de Gobierno dio luz verde a la interposición de un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo contra este mecanismo de reubicación que se suma al que interpuso previamente ante el Constitucional. En todo caso, el Ejecutivo regional dispone de cinco días naturales desde la resolución de los traslados para hacer efectiva la acogida de estos menores, cuyo perfil aparece ya como nuevo motivo de disputa. Fuentes del Gobierno regional señalan que, entre los expedientes recibidos, destacan tres casos donde los menores propuestos «cuentan con familia localizada en distintas comunidades, como es el caso de Ceuta y Canarias». En concreto, se trata de dos menores que, según figura en la documentación remitida a la Comunidad, disponen de familia en las islas, y de otro más que tiene familiares en la ciudad autónoma.

También consta una propuesta de traslado de un menor que cumplirá la mayoría de edad en las próximas semanas. En este sentido, el Ejecutivo lamenta que «el Gobierno central esté realizando un reparto de menores sin sentido y sin humanidad», y defiende que hechos como este «demuestran que no está teniendo en cuenta el interés superior del menor, ni su arraigo familiar».

Para la Comunidad, «es indignante que, sabiendo en qué comunidades o países se encuentra su familia de apoyo o directa, apueste por el desarraigo y por trasladar a los menores como si se tratara de pura mercancía».

Política Social detalla que, «de los once menores, solo uno manifiesta que tiene familia en Murcia, y ninguno de ellos señala tener interés en venir a la Región, ya que tienen arraigo de al menos dos años en la comunidad donde reside su familia».

Estos niños y adolescentes en situación vulnerable se suman a los 340 que han llegado procedentes de Canarias a través del campamento del Hospital Naval de Cartagena en los dos últimos años, según la Comunidad. Es decir, migrantes que se presentaron en este recurso indicando que eran adultos, y que tras descubrirse que no era así, pasaron a estar bajo la tutela de la Comunidad. El desglose del Ejecutivo regional indica que en 2023 entraron en la Región por esta vía 24 menores; 184 el pasado año y, en lo que llevamos de 2025, van ya 132.

La puesta en marcha del mecanismo de reubicación del Ministerio añade tensión a los recursos de acogida con que cuenta la Comunidad, que se encuentra además inmersa en la búsqueda de una solución para el realojo de los cerca de 60 menores que actualmente residen en el centro de menores de la pedanía murciana de Santa Cruz, y que en cumplimiento del compromiso alcanzado con Vox para los Presupuestos, deben abandonar las instalaciones de forma inminente. El Gobierno regional está obligado por ley a seguir atendiendo a estos menores, aunque no ha facilitado hasta el momento información sobre su futuro destino.

El PP de la Región de Murcia acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de «enviar por la puerta de atrás a la Región» a 340 menores migrantes no acompañados como supuestos adultos desde 2023 y urge al Ejecutivo central a «determinar la edad antes del traslado».

Estos menores han sido enviados por «el Gobierno de Sánchez» desde Canarias hasta el antiguo Hospital Naval de Cartagena «cuando esto lo impide el protocolo» y con «la única finalidad de descargar su responsabilidad de la gestión de la crisis migratoria a la Comunidad Autónoma de Murcia», denunció el diputado del PP Miguel Ángel Miralles. Ante el «fallo persistente del sistema y el caos generado por el Gobierno de Sánchez», Miralles le reclamó «que asuma las consecuencias directas de su nefasta política migratoria y la atención de los menores, así como la financiación» porque «no se pueden tratar a los menores como mercancía».

Ante esto, el PP exigió explicaciones «urgentes» al delegado «del Gobierno de Pedro Sánchez», Francisco Lucas, «para que dé la cara y no siga escondiéndose, porque ante este drama humano, el Estado no puede mirar hacia otro lado, sino garantizar los protocolos, así como garantizar la financiación de la acogida».

Miralles subrayó que «la solidaridad de la Región de Murcia está más que demostrada», ya que «en el último año y medio se ha atendido a cerca de mil menores no acompañados».

El diputado acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de «desproteger» a estos menores, «permitiendo traslados junto a adultos y sin aportar la financiación necesaria para su acogida, al aportar solo el 5% del coste total». «Pedro Sánchez debe asumir las consecuencias de su nefasta política migratoria, la atención a los menores y su financiación», insistió.