La Comunidad continúa en el Supremo su batalla legal contra el reparto de menores inmigrantes
Después de acudir al Tribunal Constitucional, acuerda interponer un nuevo recurso contencioso administrativo, algo a lo que se había comprometido con Vox en el acuerdo de Presupuestos de 2025
El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, a propuesta de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, acordó este jueves interponer un un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, por el que se regula el reparto entre las comunidades autónomas de menores migrantes no acompañados. Este recurso se suma al que ya se interpuso anteriormente ante el Tribunal Constitucional. Hay que recordar que el acuerdo de Presupuestos firmados entre PP y Vox en la Región recogía el compromiso del Gobierno de López Miras de no aceptar el reparto de menores no acompañados (que Vox llama 'menas') y de emprender acciones judiciales contra el mismo.
Según comunicó el portavoz del Ejecutivo, Marcos Ortuño, entre los argumentos jurídicos que justifican la interposición de ese recurso, el Gobierno regional expondrá la invasión por parte del Estado de competencias autonómicas en materia de protección de menores, ya que ésta es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Además, el Ejecutivo autonómico considera que el Real Decreto vulnera el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas. Así, «el Gobierno central no ha asegurado la aportación económica necesaria para atender con garantías a los menores desplazados, ni ha llevado a cabo una previsión económica de lo que supondría esa atención durante el tiempo que dure la acogida», afirmó Ortuño.
Otro de los argumentos jurídicos que recogerá el recurso es la vulneración del principio de lealtad institucional, colaboración, cooperación y coordinación, dado que el procedimiento de reubicación y traslado se ha determinado sin consensuarlo con las autonomías en el órgano de cooperación en materia de protección de menores, es decir, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Por tanto, se entiende que el Ejecutivo central ha actuado, una vez más, de espaldas a las comunidades autónomas.
De la misma forma, el Ejecutivo regional estima que la norma vulnera el principio de igualdad y no discriminación. Según la Comunidad, el Real Decreto determina que las autonomías deben remitir al Estado el número de plazas de acogida que disponen para personas menores de edad extranjeras no acompañadas, y aportar la cifra de las que están siendo atendidas por su sistema de protección, pero para la Comunidad, «esta petición supone una discriminación directa de los menores migrantes, ya que, según la legislación de protección a la infancia, no pueden ser atendidos de forma distinta en función de su procedencia o nacionalidad».
«En la Región de Murcia no hay centros específicos de menores migrantes, ya que la Comunidad apuesta por la integración de estos menores atendiendo a sus necesidades y circunstancias específicas. No existen recursos específicos en función de la nacionalidad de los menores tutelados», afirma el Gobierno regional.
Inversores privados en empresas tecnológicas
Por otra parte, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, aprobó este jueves la convocatoria de ayudas por valor de un millón de euros para favorecer la entrada de inversores privados en empresas innovadoras con alto potencial de crecimiento ('startups'). La gestión de estas subvenciones corresponde al Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), cofinanciadas hasta en un 60 por ciento con Fondos Feder.
La dotación económica se repartirá de forma escalonada en tres ejercicios, 100.000 euros para el presente 2025, 600.000 euros en 2026 y 300.000 euros en 2027, lo que permitirá dar continuidad y estabilidad a los proyectos beneficiarios en varias fases de desarrollo.
Las ayudas respaldan la entrada de los inversores privados. De esta forma, se facilita el acceso de las pymes de la Región a socios estratégicos y al capital que les permita escalar su actividad, lo que trae consigo un mayor y más rápido crecimiento de la empresa.
Más formación para los trabajadores sociales
Asimismo, se autorizó la firma de un convenio entre la Consejería de Salud y el Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia para la puesta en marcha de actividades de formación y promoción de la profesión de trabajador social, específicamente en temas relacionados con el ámbito sociosanitario.
En virtud de este acuerdo, la Consejería de Salud pondrá en valor el interés sociosanitario de las iniciativas formativas y divulgativas que organice el Colegio en esta materia, además de facilitar su desarrollo mediante la cesión de aulas, medios técnicos y personal especializado. Asimismo, la Consejería de Salud se compromete a informar periódicamente al Colegio de actividades que sean de interés para los trabajadores sociales, y solicitará la opinión del Colegio en relación con normativas futuras sobre esta materia.
Por su parte, el Colegio Oficial de Trabajo Social se compromete a la organización de actividades de formación de interés para los profesionales sanitarios, a colaborar con la Comunidad en la elaboración de informes y estudios y a poner a su disposición los medios de que dispone para la organización de actividades conjuntas. El convenio tendrá una vigencia de cuatro años y podrá prorrogarse hasta un máximo de cuatro adicionales.
En los últimos cinco años, el Servicio Murciano de Salud (SMS) casi ha duplicado la plantilla de trabajadores sociales. Así, actualmente, 149 profesionales de Trabajo Social forman parte del SMS, de los cuales 65 se encuentran en Atención Primaria y 84 en Atención Hospitalaria.
Eficiencia energética en el IES Sanje de Alcantarilla
De igual forma, por iniciativa de la Consejería de Educación y Formación Profesional, se autorizó la contratación de las obras para la mejora de la eficiencia energética y la instalación de placas solares en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Sanje de Alcantarilla. En total, la Comunidad invertirá 1.432.190 euros en la redacción del proyecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y salud, y en las obras de rehabilitación sostenible del centro educativo.
En el centro se actuará sobre tres de las ocho construcciones, en concreto en el edificio principal, los talleres y el edificio destinado a aulario. Los trabajos se centrarán en la envolvente de las construcciones, fachadas y cubiertas, con el objeto de mejorar su aislamiento y reducir la demanda energética de cada inmueble. El plazo de ejecución de las obras será de seis meses.
Así, se sustituirán carpinterías y vidrios; se trabajará sobre patologías puntuales en pilares, principalmente del aulario, además de sanear las fachadas de los bloques y mejorar la accesibilidad.
En el edificio del aulario está previsto sustituir la cubierta plana e instalar una planta fotovoltaica para el autoconsumo eléctrico, con una potencia de 100 kilovatios que garantice la reducción del 30 por ciento del consumo actual de energía primaria.
El Instituto Sanje forma parte de los inmuebles beneficiados por el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep), del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cofinanciado en un 70,66 por ciento con fondos europeos NextGenerationEU.
Otras infraestructuras educativas beneficiarias del Pirep son el IES Beniaján (Murcia), con un presupuesto de 1,2 millones de euros; el IES Isaac Peral (Cartagena), con 1,36 millones; el IES Francisco de Goya (Molina de Segura), con cerca de 1,3 millones de euros; el IES Salzillo (Alcantarilla), con una inversión de 2,1 millones de euros; el IES Ricardo Ortega (Fuente Álamo) con 1,3 millones de euros; y el IES Pedro García Aguilera (Moratalla) con una inversión de 930.000 euros. Actualmente, las obras han comenzado en los IES Francisco de Goya y Ricardo Ortega.
