Miguel Pasqual del Riquelme: «En la reivindicación de medios hemos encontrado más palabras que hechos»

-Su decisión de no intentar un segundo mandato, pese a que éste era posible, ha sorprendido al mundillo judicial de la Región. ¿Por qué ha tomado esa decisión?

-A nosotros los presidentes nos nombran por cinco años con la posibilidad de un segundo mandato de otros cinco años. Y a mí me hubiera gustado poder optar a ese régimen. Lamentablemente, como consecuencia de una disfunción institucional, por la falta de renovación en tiempo del CGPJ, he cumplido el plazo máximo de diez años en el primer mandato. Siempre he visto que esa disfunción fue fruto de una deslealtad institucional por parte de las fuerzas políticas. En conciencia creo que no debo participar de sus efectos y, por lo tanto, no aspirar a una renovación que sería forzar en mi beneficio una previsión legal que es clara. Las leyes hay que cumplirlas no solo en su literalidad, sino también en su espíritu.

-Aunque aún le quedan meses de mandato, qué logros destacaría de esta década al frente del TSJ. Y la espina que, de alguna forma, se lleva clavada.

-Bueno efectivamente todavía no he terminado el mandato. Probablemente a mediados del año que viene se produzca la renovación. Quiero seguir trabajando estos meses en lo que han sido los principales ejes de mi actuación desde el inicio. El primero de ellos ha sido trabajar en el ámbito de la gestión y cambiar el modelo de gestión que es habitual en los tribunales superiores de justicia por uno basado en planificación estratégica, en gestión por proyectos, transparencia, participación y rendición de cuentas. En otro orden de cosas he trabajado muchísimo en las infraestructuras tecnológicas, sobre todo en la digitalización de la justicia. Cuando yo llegué en 2015 solo había expedientes en papel. Hoy ya tenemos completamente instalado en todas las jurisdicciones el expediente judicial electrónico.

-Una tarea no exenta de ciertas resistencias...

-Como todos los cambios. Nos ha costado muchísimo. Hemos sido, no solamente acompañantes, sino avanzadillas y provocadores del cambio a nivel nacional. Otra cuestión son las infraestructuras judiciales. Están en marcha ya los cuatro grandes retos en materia de infraestructuras: el viejo Palacio de Justicia de Murcia, la Ciudad de la Justicia de Cartagena, el Palacio de Justicia de Lorca y el nuevo edificio de los juzgados de Molina. Solo a partir de los siguientes años se verá el trabajo ímprobo que hemos estado realizando todo mi equipo para desatascar cuanto había que desatascar, conversar y provocar....

-¿Y la espina clavada?

-Es una espina que es común a todo el sistema de justicia en España pero que incide especialmente en la Región, y es la falta de medios. Es sin duda una patología que no hace sino incrementarse porque cada vez son más las necesidades. Hubiera sido importantísimo haber tenido un respaldo que no hemos tenido, ni de la Administración de Justicia en general ni en la Región en particular.

-La Audiencia tiene que juzgar al expresidente regional Ramón Luis Valcárcel por el caso de la desaladora de Escombreras, uno de los más importantes de las últimas décadas, y no encuentra hueco hasta dentro, ni más ni menos, que diciembre de 2027, veintiún años después de que se produjeran los hechos. ¿Es asumible una justicia así?

-Sin hablar de casos particulares, cada vez nos enfrentamos en la justicia penal a juicios de una gran complejidad y envergadura. Nos encontramos con que las carencias de medios inciden, tanto en los tiempos de la investigación, que se van más allá de lo que sería razonable, como en los tiempos de enjuiciamiento. Tenemos una Audiencia Provincial muy sobrecargada a la que le faltan personal y medios que hemos reclamado infructuosamente. Lamentablemente tiene la agenda ocupada hasta fechas que impiden señalar procedimientos con la celeridad que nos gustaría. Es fácil encontrar un hueco para una o dos sesiones, pero prácticamente imposible encontrar un hueco para 20 ó 25 sesiones o muchas más como es el caso de los asuntos especialmente complejos.

-El retraso de las causas conlleva en múltiples ocasiones el reconocimiento de la atenuante de dilaciones indebidas y unos acuerdos de conformidad que acarrean penas mínimas en casos de corrupción, pero también de drogas, delitos sexuales… ¿Qué cuerpo se le queda con estos casos?

-Son dos conceptos distintos y yo creo que conviene diferenciar las dilaciones indebidas y las conformidades. Son dos instituciones que forman parte de nuestro sistema legal y no son caprichos del sistema o de sus operadores. Las dilaciones indebidas obligan a los tribunales a atenuar la respuesta penal en aquellos asuntos en los que se producen retrasos indebidos. Es una exigencia de nuestro ordenamiento y son irrenunciables. Por otro lado, las conformidades son otra figura que además es interesante en la medida en que en ocasiones produce beneficios. Por ejemplo, la conformidad permite al inicio del procedimiento acuerdos que favorecen la sostenibilidad del sistema. En ocasiones también es un recurso que utilizan las acusaciones para dar salida a procedimientos en los que la prueba no tiene la consistencia como para asegurar la condena. Y en ocasiones las propias defensas son partidarias para evitar a las víctimas el siempre amargo trago de tener que comparecer el juicio y rememorar una experiencia tan negativa. Sí que es verdad que en ocasiones han generado una enorme frustración en la medida en que acusados pueden beneficiarse de las dificultades del sistema.

-Si los tribunales, en este momento, no son capaces de ofrecer unos tiempos de respuesta más ágiles, por la falta de medios, y las atenuantes de dilaciones indebidas de alguna forma se vuelven irrenunciables, ¿no le preocupa que se llegue a la sensación de que los tribunales no son capaces de ofrecer una respuesta adecuada?

-Sí, pero tenemos que identificar claramente cuál es la causa. La causa es la falta de medios que genera dilaciones que pueden ser luego aprovechadas por determinadas personas para producir resultados que trasladan una sensación de frustración o incluso de impunidad. Sí, nos preocupa, es por eso que reclamamos continuamente medios, pero también creo que deberíamos ser cuidadosos a la hora de indicar las causas y los responsables. Las dilaciones indebidas son por la falta de medios y eso nos concierne directamente a los tribunales y a quienes nos tienen que surtir de medios. En las conformidades no está involucrado el tribunal y por lo tanto no puede controlar cuando acusaciones y defensas hacen uso legítimo de esa figura. Pero quizás quienes tienen en sus manos la posibilidad de conformar o no debieran ser cuidadosos a la hora de administrar esa figura.

-¿De qué forma?

-Creo que sería importante una reflexión sobre la institución de la conformidad en línea con los siguientes puntos. La primera, que la conformidad tiene un especial sentido y utilidad al inicio del proceso, no al final. Y que no deberían promoverse sucesivas ofertas de conformidad cada vez más a la baja según avanza el proceso. Esto es algo que corresponde a quien corresponde administrar. Al mismo tiempo creo que cualquier conformidad debería ser muy sensible a las víctimas y no debería haber conformidades sin previamente chequear con las víctimas cuál es su impresión, su sensación y su deseo. Y finalmente creo que no hay que perder nunca el contacto con la sensibilidad social y por lo tanto intentar que a través de las conformidades nunca se traslade una sensación de impunidad que pueda mermar la confianza ciudadana en la administración de justicia.

-¿Cree que en los últimos años se ha abusado de esta figura?

-No creo que pueda hablarse de abuso de la figura, pero sí de pertinencia en algunos supuestos. Creo que debería hacerse una reflexión, a nivel nacional, sobre el uso de la institución de la conformidad, reconociendo sus bondades, pero alertando y controlando sus eventuales desviaciones.

-¿Entendió la crítica social que acarreó el caso de los empresarios que eludieron la cárcel pese a asumir que habían pagado por tener sexo con adolescentes?

-Entendí la frustración que el resultado de ese o de otros juicios puede producir en la ciudadanía con esa sensación de impunidad, pero creo que se equivocan quienes señalan las causas de ese problema en una imputación a la justicia de una visión patriarcal. Lo peor que nos puede ocurrir es identificar mal las causas de lo que nos ocurre, entonces nunca las solventaremos. Las causas de las dilaciones indebidas están en la falta de medios y en un sistema de instrucción penal que está anticuado. Creo que es injusto y que responde a un relato erróneo el imputar a una justicia patriarcal esos resultados. No reconozco la justicia que tenemos en esos paradigmas. El trabajo de cada día en los juzgados evidencia que eso no es así. Son extraordinarios los medios que hoy existen para la lucha contra la violencia de género y contra la violencia sexual, la formación y preparación de nuestros jueces, de nuestro personal y de nuestros equipos técnicos. Es más, hay que conocer a las personas, a los jueces y juezas que se les ha imputado frecuente e injustamente esa visión patriarcal, para darse cuenta de lo equivocado que es. Solo hay que ver sus trayectorias, su grado de compromiso, su trabajo de muchos años. Son absolutamente injustas esas críticas.

-¿Se ha sentido respaldado en su labor de reivindicación de más medios para la Justicia murciana? En un artículo publicado el pasado mes en LA VERDAD denunciaba que a veces los jueces están solos…

-Sí, hemos tenido más palabras que hechos. En todas las ocasiones en que yo he acudido a instancias autonómicas y nacionales creo que han comprendido la gravedad del problema de la Región por falta de medios, pero luego lamentablemente no se han visto cristalizado en resultados. Incluso a veces nos ha producido frustración ver que cosas que sí estaban en nuestra mano no llegaron a buen término. Me remito al Pacto por la Justicia que incluía 50 medidas y que sin embargo no fue aprobado por unanimidad en la propia Asamblea regional. A veces resulta incomprensible. En cualquier caso el resultado es que la Región está en la peor situación en cuanto a dotación de plazas. Lo he dicho mil veces. Tenemos 10,8 jueces por cada 100.000 habitantes frente a una media nacional de 12,1 y algunas situaciones como el caso de Asturias, que está en 15,7. Para ponernos en la media necesitaríamos 15 jueces más. Solo pedimos estar al mismo nivel que el resto de España y evitar que pueda hablarse de una justicia de primera y de segunda.

-Más allá de una mayor dotación de medios y de gestionar mejor los recursos, ¿qué pasos cree que debe dar el sistema en los próximos años?

-He reflexionado mucho sobre eso y creo que la justicia debería caminar por cinco grandes campos. Es absolutamente necesaria la existencia de un pacto nacional por la justicia que estableciera metas en un horizonte de medio largo plazo, de forma que todas las reformas fueran en una misma dirección y no con el tono errático que es habitual en la clase política o en quienes toman decisiones en materia de justicia. Además, es necesario incrementar los medios, especialmente el número de jueces.

-¿Y cómo deben trabajar?

-Es fundamental que pasen a hacerlo en formatos colegiados mediante el modelo de tribunales de instancia que está ahora mismo precisamente en debate en fase parlamentaria. La tercera gran línea de trabajo debería ser incrementar los avances en tecnologías de la información y la comunicación, especialmente en lo que todavía no se ha hecho que es mejorar la accesibilidad y el contacto con el ciudadano. Y otro aspecto creo que sería la optimización de determinados procedimientos, pero muy especialmente la justicia penal en la instrucción.

-¿Debe recaer en los fiscales?

-Es absolutamente necesario a mi juicio cambiar el modelo de instrucción y pasarlo a una investigación por el Ministerio Fiscal, previa desconexión política de la institución con el poder ejecutivo y el establecimiento de la figura del juez de garantías. Creo que esto reportaría extraordinarios beneficios porque aligeraría enormemente la carga de trabajo. Y la última, seguir insistiendo en el fomento de los medios alternos de resolución de conflictos. La judicialización masiva de toda la conflictividad hace insostenible cualquier sistema de justicia.