María Senena Corbalán: «Se está trabajando para ir a una valoración de la investigación más justa»

–Publicar trabajos especializados de forma casi irrefrenable se ha convertido en una de las tretas más usadas para trepar de forma dudosa en los rankings científicos, como hemos visto recientemente en casos de presunto fraude...

–Bueno, no es una práctica generalizada, aunque se ven algunos casos y hay que prestar atención. La Coalición para el Avance de la Evaluación de la Investigación está trabajando en la reforma de la Evaluación de la Investigación. El impulso parte precisamente de la preocupación que tiene la Comisión Europea para poder encontrar un sistema que no solo mida el número de publicaciones y las citas que tiene un investigador, sino también la calidad. Lo que estamos haciendo es preparar una serie de paneles con muchos indicadores que nos permitan evaluar otros productos de la investigación y su impacto en la sociedad y que no sea solo utilizando la cantidad y el índice de impacto de las publicaciones. Eso no quiere decir que las publicaciones vayan a dejar de valorarse, ni muchísimo menos. La ciencia actual tiene además muchos otros productos de la investigación que no tienen por qué tener formato clásico de publicación en revista especializada, o de capítulo de libro, o de libro.

–¿Cómo cuáles?

–Por ejemplo, en el campo de biomedicina: hoy en día puedes invertir una cantidad de tiempo enorme en generar un tipo de muestra biológica o un modelo que pueda servir para contrastar una hipótesis, pero a esto tienes que aplicarle un conjunto de técnicas que son muy complejas de aprender y ejecutar, muy complejas para interpretar los resultados obtenidos, y además pueden consumir perfectamente dos o tres años de tu tiempo como investigador, y no las puedes convertir todavía en una publicación. Sin embargo, parcialmente todas estas técnicas y resultados generan muchos datos que me pueden servir a mi propia investigación, y también a otros investigadores que las pudiera utilizar para otro propósito de otra investigación. Todo este trabajo tiene que ponerse en valor si se comparte en un formato de datos que sean entendibles por toda la comunidad científica en bases de datos públicas para que puedan ser utilizados. Imagínate el impacto que esto puede tener si evitas que otras personas tengan que volver a repetir el mismo experimento, el ahorro en la inversión de dinero y de tiempo, evitas así una gran pérdida.

– El comité de ética es un órgano consultivo, pero no tiene poder sancionador. El Ministerio de Ciencia le encargó un estudio sobre las publicaciones retiradas del rector de Salamanca y sus colaboradores por prácticas supuestamente fraudulentas y el resultado fue claro y crítico. Sin embargo, el rector dijo que no iba a dimitir. ¿Qué sentido tienen entonces esos informes?

– Hay que pensar en el componente legal. Siempre tienes que darle la palabra para que se explique y defienda a la persona que está siendo acusada. Y el problema de este tipo de casuística de la que hablamos es que no tienes una prueba clara que demuestre que esa persona estaba realizando ese tipo de práctica que se considera fraudulenta.

–Actualmente se dispone de nuevas herramientas para vigilar la integridad científica. El análisis masivo de datos permite detectar patrones sospechosos...

–Sí, pero estamos hablando de cálculos de probabilidad; el análisis de datos permite ver patrones sospechosos, pero no tienes una evidencia, y ante un juez, si no tienes la evidencia al 100%, resulta complicado. Nuestra ley en ese sentido complica mucho cualquier acción. Es por eso por lo que los comités de ética tienen que trabajar mucho en concienciar al personal investigador de lo que son las buenas normas de funcionamiento, las adecuadas y las no adecuadas.

–El avance de la ciencia plantea retos continuos en cuestiones éticas...

–La Inteligencia Artificial, la genética, los biobancos, la realidad virtual... Cuando tienes un área controlada, te encuentras con que la propia tecnología avanza a una velocidad de vértigo y tenemos que empezar otra vez. En la Universidad de Murcia estamos revisando el código de buenas prácticas, que es de 2022 pero ya se nos ha quedado antiguo en algunos retos. La ciencia avanza muy deprisa, y tenemos que ir con ella.

– A la sociedad le puede quedar la sensación de que hay cierta impunidad con el fraude científico, de que la actitud de las universidades es laxa ante casos que parecen flagrantes.

–Necesitamos una legislación que nos ayude más a poder tomar esa serie de medidas. Ha habido casos en España donde se ha podido proceder porque sí que había claramente una evidencia de que la afiliación se había cambiado y no figuraba la universidad que estaba financiando el salario de la persona. Se pudo proceder por esa vía, pero por los artículos o la sospecha de los artículos no se ha podido proceder. Es algo muy complicado y honestamente la legislación actual que tenemos en España no ayuda. La tipificación de delitos no avanza conforme a como lo hace la tecnología, es un tema muy complejo.

–Una investigación de 'El País' reveló hace dos años que universidades saudíes ofrecían sobornos para que profesores españoles mintiesen sobre su lugar de trabajo (en la base de datos interna de la 'lista de científicos muy citados' de Clarivate), y figurasen falsamente como saudíes. Entre ellos se encontraban, al parecer, algunos de la Región, que siguen en sus respectivos centros. ¿No aprecia cierta impunidad?

–No es que haya cierta impunidad, es que tener doble filiación está permitido; en el sentido positivo, permite que te acepten como 'visiting professor' en Harvard, Oxford o en universidades europeas de mucho prestigio. Lo lógico es que si sale un producto de investigación de esa colaboración figuren las dos filiaciones. ¿Qué puede haber pasado en esos casos? Es difícil saberlo, solo conocemos lo que se ha publicado en la prensa. La cuestión de la doble filiación se complica cuando se alienta a las universidades a hacer esa política de rankings y a intentar estar en los 'highly cited' (altamente citados), que podía ser algo beneficioso, pero como cualquier sistema, al final se desvirtúa. Quizá ha llegado un punto en el que hay que parar un momento y corregir. Es una transición, Hay que adaptarse a los tiempos; los rankings también están siendo cuestionados ahora porque se diseñaron para medir a universidades top mundiales y luego se ha intentado usar los mismos parámetros para todas las universidades y se está demostrando que no es del todo útil.

–El problema se generalizó cuando se dio más valor a los indicadores bibliométricos (el número de veces que son citados los estudios) para evaluar a un investigador. Quizá la solución pase por quitar valor a ese tipo de indicadores.

–Sí, ahora lo que dice el acuerdo de la reforma es que se tengan en cuenta, pero de una forma regulada. Que se haga un uso adecuado de ellos, pero que no sea eso solo lo que se valora. Hay muchísimos indicadores sobre el trabajo adicional que hay alrededor de todo lo que se hace en ciencia. Se está progresando para ir a una valoración de la investigación más justa.

–Se trataría pues de ir hacia una valoración más cualitativa, y menos basada en el factor de impacto.

–Yo soy partidaria de hacer una combinación, porque no se pueden olvidar los índices de impacto y las citas de forma rotunda. Todavía no hay una alternativa clara a las revistas científicas clásicas, que por otra parte también cobran una cantidad de dinero que es abusiva por publicar. Darle la vuelta a eso si no tienes una alternativa clara que te evalúe al mismo nivel que 'Nature' o 'Science' es complicado. En el baremo de la UMU para la contratación de ayudantes doctores y de profesores ayudantes doctores lo hemos hecho así. Es decir, no valoramos todas las publicaciones, solo un máximo de 12 trabajos. ¿Por qué? Pues porque de esa forma la persona tiene que ser capaz de poderlo justificar, y luego no solo se tiene en cuenta la parte de índice de impacto, sino que también se tienen en cuenta una serie de características cualitativas y de escala donde la persona dice cómo ha participado en los proyectos.

–¿Muchos de los problemas de la ciencia se solucionarían con una financiación más generosa?

–Obviamente sí. Es un déficit que arrastramos a nivel nacional, regional y europeo. Ahora mismo estamos en pleno debate para ver cómo se va a organizar el nuevo programa marco de financiación de investigación que comienza en el año 2028. Los cálculos están hechos, y haría falta el doble de la financiación actual, que son 95.000 millones de euros, para poder financiar todas las propuestas que se presentan... Sin embargo está siendo muy dificil de convencer a la Comisión. Luego uno ve que para inversión en materia de defensa es menos problema, cuando realmente lo que nos puede salvar en el futuro es que invirtamos en ciencia.

–El comité aborda otros retos complejos relacionados con la integridad científica, con la bioética, la seguridad animal, la defensa...

- Sí, desde todo lo relacionado con las implicaciones que tienen el uso de las CRISPR (la tecnología que permite a los científicos cortar y editar de manera precisa el ADN de cualquier ser vivo) y todo este tipo de tecnología, ya no solo en biomedicina, también en agricultura y en muchísimas áreas de conocimiento. En investigación siempre llegas a un punto donde tienes la duda de si podemos dar un paso más o no, cuando estás hablando de quimeras y otros aspectos con muchísimas derivadas. Es complejo, sobre todo con las nuevas tecnologías y las cuestiones que plantean. Porque tú puedes aprobar ahora mismo un proyecto que implica IA o manipulación genética, y en este momento, a día de hoy, no le ves ninguna implicación negativa. Pero dentro de un año se puede utilizar para otra cuestión que a lo mejor no es tan ética. Probablemente necesitas decir: ese proyecto tiene que ser evaluado retrospectivamente dentro de dos años y volver otra vez al comité, lo que genera un volumen de trabajo tremendo. Otra cuestión compleja es la normativa de doble uso que ya ha regulado la Comisión Europea. Muchas investigaciones del programa marco de financiación de investigación europea se tendrían que clasificar de doble uso civil y militar. Y ahí llega el dilema, porque todo lo que vaya para uso de defensa tiene que ser secreto, cerrado y confidencial. Y esas mismas tecnologías, si van a ir a uso civil se publican y disponen en abierto para que todo el mundo las pueda utilizar, y por tanto, ocurre todo lo contrario. La tecnología va muy rápido, y se generan conflictos complicados de resolver, sobre todo de forma retrospectiva.