Manuel Luna Carbonell: «La dotación de medios tiene que ser abordada de manera inaplazable e inexcusable»

–¿Cuáles son los primeros retos que tiene encima de la mesa?

–Actualmente, la Administración de Justicia se encuentra en un especial momento de transformación y evolución. Los desafíos y los retos a los que nos enfrentamos son, en primer lugar, la mejora de la capacidad de respuesta de los tribunales a las demandas de los ciudadanos. Otro de los retos será la protección efectiva del derecho a una tutela judicial, particularmente cuando se ven afectadas personas de especial vulnerabilidad o con especiales necesidades de protección. Es importante procurar también una atención más empática al ciudadano que acude al servicio público de Justicia, para que este servicio pueda satisfacer de una manera más justa y directa sus pretensiones. La consecución de estos fines constituye, sin duda, una aspiración para la que trabajaremos desde el TSJ, pero su logro no podrá conseguirse si no es con la ayuda, la participación y la cooperación de todas las personas y operadores jurídicos que están relacionados con la Administración. Trataremos de aunar voluntades y capacidades para lograrlo.

–Se coloca al frente de una de las administraciones de Justicia más colapsadas y con los tiempos de respuesta más dilatados del país. ¿Comparte el diagnóstico?

–La fotografía actual de la situación de la Justicia en la Región ha sido expuesta recientemente en la memoria del TSJ y lamentablemente el diagnóstico no es bueno. El año pasado, los juzgados de la Región experimentaron un incremento notable de asuntos recibidos, de hasta un 16%, y se ha alcanzado ya un volumen de 255.000 asuntos. La Región se encuentra con una tasa de litigiosidad de 162 asuntos por cada mil habitantes, que supera la media nacional –160 asuntos–. Ese incremento paulatino de los asuntos minimiza otros buenos datos que se dan en nuestra comunidad, como la capacidad resolutiva. En 2024, la resolución aumentó un 27% y esto situó los tribunales de la Región entre los más resolutivos. ¿Qué ocurre? Que entran más asuntos de los que podemos, con los medios que tenemos, dar respuesta. La cifra de asuntos pendientes superó el pasado año los 200.000, una barrera histórica, pero con los medios que tenemos difícilmente vamos a poder rebajar esa pendencia. Ese será uno de los objetivos principales de este tribunal superior: hacer el mayor esfuerzo posible y buscar todas las posibilidades que permitan, de alguna manera, ir aminorando esta excesiva pendencia.

–Su antecesor, Miguel Pasqual del Riquelme, se despidió hace unos días denunciando la «asimetría» entre comunidades y que las necesidades judiciales de la Región habían sido sistemáticamente desoídas. ¿Espera mayor éxito en sus demandas?

–A ver, los datos lamentablemente se imponen. La realidad es un hecho. La Región cuenta con una tasa de 10,8 jueces por cada cien mil habitantes, cuando la media nacional se encuentra en 12,1. De 17 comunidades somos la quince. Ese dato es incontestable y genera un funcionamiento anormal del servicio público y retrasos. Si hacemos una comparativa con otros territorios con una población similar a la nuestra, se da esa asimetría. Es un dato objetivo. Para poder afrontar estos años necesitamos imperiosa e inaplazablemente que se dote a la Región de, al menos, 13 unidades judiciales para poder alcanzar la media nacional.

–En la memoria hablaban de 17.

–Efectivamente en su última memoria el TSJ ha identificado en 17 el número de unidades necesarias para poder dar un servicio con unos tiempos de respuesta más ágiles y cumplir unos estándares mínimos. La calidad la tenemos. Tenemos unos tribunales que trabajan mucho y se sitúan entre los que tienen un mayor porcentaje de confirmación de resoluciones por parte de sus órganos superiores. Pero esos datos positivos se empañan con esa situación tan demoledora, con el déficit histórico que arrastramos. Es necesario que la dotación de medios materiales sea abordada de una manera inaplazable e inexcusable. Si la litigiosidad aumenta y los recursos para dar salida a esos asuntos son los mismos, difícilmente vamos a poder mejorar la capacidad de respuesta. Trabajaremos día a día, como ha hecho la presidencia anterior, en demandar la cobertura necesaria para poder dar la respuesta adecuada que merecen los ciudadanos de la Región porque no son ni más ni menos que los ciudadanos de otros territorios que tienen una ratio mucho más elevada.

–Su toma de posesión prácticamente coincide con la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia Procesal que introduce, entre otras cuestiones, los tribunales de instancia. ¿Cree que la reforma será positiva para sacar a los juzgados de la situación actual?

–Efectivamente el 3 de abril entró en vigor la mayor parte del articulado de la ley que establece un nuevo modelo organizativo en la base del sistema judicial. La gestión de los procedimientos, de los asuntos y de la oficina judicial será distinta y tenderemos a un modelo que, confiemos, será más eficaz. Sin embargo, por sí mismo, sin más medios o medidas, difícilmente se va a poder resolver el problema de alta litigiosidad y alta pendencia que padece la Región. El 1 de julio ocho partidos judiciales comenzarán con este nuevo modelo –todos excepto Murcia, Cartagena y Lorca– y haremos el esfuerzo necesario para establecer los instrumentos necesarios para que este nuevo modelo se despliegue de la manera más eficaz. Pero insistimos. Podrá mejorar la tramitación, pero si no incrementamos el número de jueces, de funcionarios, fiscales y letrados de la Administración de Justicia difícilmente la propia ley traerá mejoras. La ley tiene ventajas porque permitirá la especialización de jueces, la unificación de criterios y, sobre todo, tenemos la esperanza de que reduzca el coste de creación de nuevas unidades. Esa es la ilusión que tenemos de que en los próximos años se puedan dotar de más unidades a la Región con el nuevo modelo.

–La ley amplía, además, las competencias de los magistrados de los juzgados de Violencia sobre la Mujer que, a partir de ahora, tendrán que asumir más funciones. Estos profesionales han criticado duramente que la mayor carga de trabajo no vaya acompañada de más medios. ¿Qué opina sobre esta situación?

–Efectivamente otra de las novedades que introduce la ley es la atribución de la competencia para la investigación y la instrucción de todos los delitos relacionados con la violencia sexual contra la mujer a los jugadores de violencia de género. El CGPJ hizo público un informe que determinaba que conllevaría un incremento medio de la carga de trabajo en los juzgados de la Región de, al menos, el 18%. La propia Sala de Gobierno del TSJ ha determinado que, al menos, necesitaremos tres nuevas unidades para poder asimilar esta nueva competencia y poder establecer un sistema de reparto de asuntos equitativo. Es una nueva competencia que, personalmente, creo que puede aportar una mayor especialidad y una mayor atención específica en la resolución de este tipo de delitos. Pero creo que requiere de una inversión inmediata. Tiene que ser inmediato porque octubre está a la vuelta de la esquina. Me consta que el Ministerio está trabajando también en un nuevo real decreto para crear nuevas unidades y necesitamos que efectivamente se materialice antes de entrar en vigor la reforma.

–La Audiencia tiene que juzgar al expresidente regional Ramón Luis Valcárcel por el caso de la desaladora de Escombreras, uno de los más importantes de las últimas décadas, y no encuentra hueco hasta, ni más ni menos, que diciembre de 2027, veintiún años después de que se produjeran los hechos. ¿Es asumible una justicia así?

–Lamentablemente, con demasiada frecuencia, no solamente en la Región, vemos estas noticias. ¿Qué duda cabe de que esto es inasumible? Demuestra en particular el grave déficit de planta que tiene la Región. Volvemos al origen del mal, que es esa insuficiencia de medios. La Audiencia es un órgano con una sobrecarga importante de asuntos. Funciona adecuadamente, tiene una capacidad de respuesta muy buena con profesionales de buena valía técnica y de gran calidad. Pero cuando debemos afrontar, como en este caso, el enjuiciamiento de asuntos complejos, que requieren agendar 20, 25 o 30 sesiones, la agenda, ya sometida a una tensión, no puede soportar. Es una situación que es difícil de paliar si no se incrementa la planta. Entre las necesidades que se han puesto de manifiesto por el TSJ se encuentra la de crear una nueva sección penal para la Audiencia con, al menos, tres magistrados que permita poder acortar estos tiempos. Un señalamiento a dos años vista es una situación que no podemos aceptar.

–El retraso de las causas conlleva muchas veces el reconocimiento de la atenuante de dilaciones indebidas y unos acuerdos de conformidad por los que muchos casos acaban en penas mínimas que la sociedad, en ocasiones, no acaba de entender. ¿Es necesario replantearse esta figura?

–Claro, evidentemente todo viene entrelazado. Una justicia lenta, una investigación que se dilata en el tiempo por la falta de medios, produce una dilación. La figura de las dilaciones indebidas está prevista la ley y tenemos que aplicarla. La conformidad también es una institución tradicional con mucha aplicación y muy beneficiosa en numerosos casos. Requiere de un concierto entre ambas partes y un control de legalidad por parte del tribunal. A veces esta figura puede producir una sensación de frustración, pero la figura existe y si concurren los requisitos para su aplicación no podemos hacer nada. Deberán ser las partes las que valoren en cada caso en qué medida es razonable.

–Entiende la crítica social que acarreó, por ejemplo, el caso de los empresarios que eludieron la cárcel pese a asumir que habían pagado por tener sexo con adolescentes?

–Claro que se entiende en un estado de Derecho en el que uno de los pilares fundamentales es la libertad de expresión. La crítica es necesaria y debe ser constructiva. Lo que no comparto son esas declaraciones un poco excesivas que apelan a la intencionalidad de los jueces, a su sesgo. Eso no se compadece con un Estado democrático. La libertad de expresión no supone una crítica gratuita y destructiva hacia el Poder Judicial y hacia sus integrantes. Eso es socavar la confianza del ciudadano en la administración de Justicia. A veces vemos hasta insultos hasta descalificaciones personales a los jueces y eso no lo podemos compartir.

–¿Qué le diría a aquellos que tildan a la judicatura de clasista, de conservadora...?

–A veces la sociedad etiqueta demasiado a los servidores de la Justicia. Los jueces y las juezas tienen su ideología como cualquier persona, pero siempre que ejercen sus funciones lo hacen de una manera técnica, responsable, con la única sujeción al imperio de la ley y con una absoluta independencia. Llevar el debate a esas clasificaciones estereotipadas entre conservadores y progresistas creo que no aporta nada. Es algo que tiene una absoluta falta de rigor y no comparto esas etiquetas. Los jueces son profesionales y actúan con una vocación de servicio tremenda, a veces son medios hasta precarios. Flaco favor hacen esas etiquetas vacías y que no aportan nada al debate jurídico.

–El Consejo de Europa ha afeado a España que todavía no haya modificado el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que califica como un «problema crítico». ¿Qué opina?

–Efectivamente el modelo de sistema de elección de los miembros del CGPJ constituye un problema que se ha enquistado en nuestro sistema. Prueba de ello son los cinco años de bloqueo que sufrió el Consejo anterior. El tiempo y las circunstancias han puesto de manifiesto que el sistema vigente ha quedado superado y que debe ser revisado y examinado conforme a las directrices que nos marca Europa. La propia ley 3/2024 ya establecía la obligación del Consejo de, en un periodo de seis meses, elaborar un informe que apunte una propuesta de modelo que pueda garantizar el cumplimiento de los estándares europeos con la participación directa de los jueces en la elección de sus representantes. Esto ya se cumplió por parte del Consejo. Ahora la tarea es examinar las alternativas y cumplir con la obligación de establecer un sistema de elección que cumpla con los estándares europeos, que están claramente definidos. Al menos la mitad de los miembros deben ser elegidos por sus pares y representar a los distintos tribunales, categorías y sectores que forman parte de la Administración. Sobre eso le corresponde la tarea al legislador, sin demorarse demasiado. Un modelo que evite situaciones como las vividas en el pasado de bloqueos interminables que determinó una limitación de las funciones del Consejo y que ha producido unos resultados bastante indeseables para el funcionamiento de la Administración de Justicia.