Guerra abierta entre PSOE y Cs por el acto de Semana Santa en Madrid
El partido naranja lleva el caso a la Fiscalía, el equipo de Gobierno asegura que el exvicealcalde miente y el PP vuelve a pedir la dimisión del regidor
El evento fallido de promoción de la Semana Santa que se iba a celebrar hace una semana en Madrid no solo ha dinamitado el gobierno de coalición en el Ayuntamiento, sino que ha desatado una guerra de acusaciones y reproches entre PSOE y Cs. Tres días después de ser cesado por irregularidades administrativas en la organización de ese acto, el exvicealcalde de Cs Francisco Morales compareció ayer junto al secretario de Comunicación de su partido, David Sánchez, para hacer partícipe de los hechos que le han costado el puesto al alcalde, Diego José Mateos, y a sus concejales de Semana Santa y Contratación, los socialistas José Luis Ruiz e Isidro Abellán, que dijo que eran conocedores del proyecto, suspendido por los informes contrarios de la Intervención y la Asesoría Jurídica municipal. Según Morales, el alcalde «era máximo conocedor y partícipe del proceso» y Sánchez afirmó que Mateos «no puede escurrir el bulto» y que «si hay un error administrativo, es de todos».
Cs entregó ayer a la Fiscalía toda la documentación de que dispone del evento cancelado y exigió al alcalde, a través de un escrito en el registro oficial del Ayuntamiento, que les entregue copia completa del expediente para remitirla también al fiscal. El secretario de Comunicación del partido naranja confió en que la Fiscalía «actúe y lo haga con celeridad para determinar cualquier tipo de responsabilidad, si es que la hay, de las actuaciones llevadas a cabo por todos los implicados en este asunto o si simplemente estamos ante un error de procedimiento administrativo», como sostiene Morales, que negó haberse atrincherado en el Consistorio y que reiteró que solo se borraron archivos personales de los ordenadores de la vicealcaldía, que sigue precintada, pero no discos duros.
La portavoz del equipo de Gobierno, Isabel Casalduero, del PSOE, calificó las explicaciones del ex vicealcalde como «un intento desesperado de justificar lo injustificable», porque para la contratación del evento de Semana Santa «intentó saltarse todos los procedimientos legales». Defendió que fue organizado exclusivamente por la vicealcaldía, sin conocimiento ni siquiera del jefe de servicio de la Concejalía de Turismo, que supo de éste cinco días antes de la fecha prevista para su celebración en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ese acto promocional «se planificó a base de mentiras continuas» de Morales al alcalde, a los concejales de Contratación y Semana Santa, y a los funcionarios, dijo Casalduero, que también acusó al exvicealcalde de mentir en el coste de ese evento «que fue variando con el devenir de los días». Según Casalduero, Morales fue avisado de manera reiterada del «importe desmesurado» del presupuesto, de la falta de planificación y de errores en el procedimiento por funcionarios y por el alcalde. Confirmó que se iba a gastar casi 100.000 euros en un acto de apenas dos horas y opinó que en el fondo eso era «un acto de autobombo» del exvicealcalde.
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Morales no accedió ayer a su despacho, que sigue precintado, evitando que el Ayuntamiento pueda recopilar la información que obra en su poder para «poner estos hechos en manos de todas las instancias legales oportunas para dirimir las responsabilidades», denunció la edil del PSOE. El concejal de Hacienda dijo tener constancia de que ya se habían efectuado gastos pese a que el evento fue suspendido horas antes de su celebración y que Morales tendrá que responder de ellos con su patrimonio, porque el Ayuntamiento no había contratado nada.
El PP aseguró que las revelaciones de Cs son «de extrema gravedad» e «incompatibles» con la continuidad de Mateos en la alcaldía. También se pronunció sobre este «escándalo bochornoso» el presidente de la Región, Fernando López Miras, que reclamó conocer «lo que está pasando, no solo durante las últimas semanas» sino en los últimos años de gobierno.
Aseguró que «dilatar este proceso no es bueno para nadie» y confió en que la Fiscalía «actúe con celeridad y que se puedan determinar las responsabilidades de todo tipo, civil, penal o las que existan para así determinar las responsabilidades políticas que a nuestro juicio no han acabado».
