El abandono de colchones usados y muebles viejos en la vía pública sigue en aumento en Lorca
La vigilancia para multar a los infractores se intensificará el próximo año con la colocación de 15 cámaras en los puntos más conflictivos
En el Centro de Gestión de Residuos (CGR) entran al mes 600 colchones viejos. Es el residuo más problemático por la enorme cantidad que se ... acumula, su volumen y la complejidad de su tratamiento, según reconoce en declaraciones a LA VERDAD el jefe de planta, Francisco Javier Martínez. El centro tiene a su disposición una trituradora, la más potente del mercado, que se pone en funcionamiento cada dos o tres meses y en el proceso se recupera la parte metálica de los colchones de muelles mediante imanes para su valorización. El resto se desecha. Este servicio específico tiene un gasto anual de 103.000 euros. «Es una máquina muy especializada, el mantenimiento debe ser exhaustivo porque en el triturado se enredan el textil y el alambre y las reparaciones son muy costosas», advierte Martínez.
El año pasado la empresa municipal Limusa retiró de la vía pública 6.489 colchones, a los que sumaron otros 599 depositados por los ciudadanos en los puntos limpios, por lo que la cifra total de colchones viejos desechados por los lorquinos se elevó a 7.088. El número va en aumento, reconoce el concejal de Calidad Urbana, Juan Miguel Bayonas. El personal de Limusa recibe todos los días avisos para la recogida de colchones abandonados en la calle, en muchas ocasiones con plagas de chinches. El traslado se hace con vehículos especiales para que los trabajadores no entren en contacto con este residuo.
Ocurre lo mismo con los muebles viejos y enseres. «A cualquier hora, todos los días del año recibimos camiones cargados de muebles que han sido depositados en la calle», lamenta el responsable del CGR. Limusa tiene un servicio gratuito de recogida que funciona previo aviso en el casco urbano y las pedanías, para una mejor optimización de los recursos materiales y humanos de la empresa, pero es imposible organizar las rutas porque las llamadas son constantes desde cualquier punto.
El concejal asegura que la Policía Local ha reforzado la vigilancia y se han intensificado las sanciones por arrojar basura en horarios no autorizados o fuera de los contenedores. Los agentes impusieron 45 multas en el primer semestre del año y la cifra sigue aumentando por incumplir la ordenanza de limpieza viaria, pero «no hemos conseguido erradicar» este tipo de conductas incívicas. Anunció que a primeros de año dispondrán de la autorización necesaria para instalar 15 cámaras de videovigilancia que se destinarán específicamente a controlar focos de suciedad y poder identificar y sancionar a los infractores. Se situarán en los «puntos negros», algunos de ellos localizados en los barrios de Los Ángeles, San Cristóbal, en el casco antiguo y en la pedanía de Purias.
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