López Miras prorrogará con un decreto ley la moratoria urbanística en el Mar Menor
El Ejecutivo prevé «corregir los errores» de la iniciativa del PSOE que no se debatió en la Asamblea
El Gobierno regional ha reaccionado a la polémica sobre la negativa del parlamento autonómico a prorrogar la moratoria urbanística del Mar Menor y ha tomado las riendas para mantener el veto a las nuevas urbanizaciones. Un día después de que la Asamblea Regional rechazara la propuesta del PSOE de prolongar la prohibición, al unir sus votos PP y Vox, el ejecutivo del popular Fernando López Miras trabajaba ayer en una iniciativa por la que prolongará este jueves la suspensión temporal en las concesión de nuevas licencias de obra, hasta que no se disponga del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, en cuya redacción trabaja la Consejería de Fomento e Infraestructuras.
Así lo confirmaron ayer a LA VERDAD fuentes del Gobierno regional, quienes precisaron que la fórmula legal elegida para prorrogar la moratoria, cuya vigencia de tres años expira precisamente este 3 de agosto, es el decreto ley. Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma están dando forma al «armazón jurídico» de la propuesta, que será abordada y, salvo imprevisto, aprobada en el Consejo de Gobierno de este jueves.
Las fuentes consultadas destacaron que, de esta forma, el ejecutivo «corregirá los errores» de la proposición de ley impulsada por los socialistas en la Asamblea. Aludieron así a que el PP se opuso al texto del PSOE porque «no había posibilidad de enmendarla y subsanar» fallos como el haber obviado los apartados de la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor relativos al área de exclusión temporal de construcción y su correspondiente mapa. Vox justificó su «no» al afirmar que la moratoria y el resto de esta ley no contribuyen a la mejora de la laguna, mientras que PSOE y Podemos enmarcaron la posición de los partidos de la derecha en sus negociaciones para la formación del nuevo gobierno regional, tras las elecciones del pasado 28 de mayo.
También ayer y sin que hubieran trascendido las intenciones del Gobierno de Miras, distintos responsables municipales avanzaron su postura ante el fin de la moratoria, que dejaba en manos de los ayuntamientos la tramitación de los proyectos. Las reacciones oscilaron entre la tranquilidad expresada por la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo (del PP), quien aseguró que los ayuntamientos tienen capacidad suficiente para suspender la concesión de licencias, y la preocupación del regidor de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera (del PSOE). Este último calificó de «auténtico error» la decisión de la Asamblea, por ir en contra de las medidas de regeneración de un entorno deteriorado por «la acción humana».
En todo caso, Cervera y los ejecutivos de San Javier y San Pedro del Pinatar (gobernados respectivamente por los populares José Miguel Luengo y Ángela Gaona) coincidieron en señalar, que a día de hoy, no hay nuevos proyectos de relevancia pendientes de avanzar. Explicaron que apenas queda suelo por ocupar y que hay zonas protegidas por sus valores ambientales. Es el caso del Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.
Ni Novo Carthago ni El Vivero
Arroyo aseguró que tiene «herramientas legales suficientes» para frenar nuevas construcciones. En una rueda de prensa junto al consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, recordó su promesa de desclasificar la finca Lo Poyo para evitar la edificación de hasta 12.000 viviendas del residencial Novo Carthago; de El Vivero, para abortar unas mil casas y alojamientos turísticos; y de La Loma de Mar de Cristal, con otras mil viviendas al norte de Los Belones.
Arroyo también se opondrá a cualquier obra en la antigua estación de telegrafía de Cabo de Palos. Y admitió que el fin de la moratoria supondría el desbloqueo de la ampliación del centro comercial Las Dunas, en Cabo de Palos, si bien afirmó que esta iniciativa «no tiene ningún impacto en el Mar Menor, ya que no está en la cuenca».
Pérez Cervera dijo a Onda Regional que en Los Alcázares «no hay nuevos planes parciales ni conocimiento de promociones que se quieran desarrollar». Pero añadió que cualquier urbanización en otra zona supondría «el mismo daño». En San Pedro, fuentes municipales indicaron que «el 33% del territorio es parque regional y no hay ningún plan parcial o proyecto nuevo». Y fuentes del Consistorio de San Javier señalaron que tampoco hay constancia de este tipo de iniciativas, si bien no aclararon lo relativo a un posible hotel de 18 plantas en Santiago de la Ribera, al que se opone Podemos.
531 casas sortean el veto
Pacto por el Mar Menor insistió en la necesidad de rebajar la presión urbanística, pues, según el Centro Regional de Estadística, en abril había en construcción 531 inmuebles no afectados por la moratoria. Eso incluye viviendas unifamiliares, dúplex y edificios de diez plantas. Añadió que había planificados otros 116 apartamentos en La Manga, en San Javier.
Fomento tiene «muy avanzado» el plan de ordenación territorial
La Consejería de Fomento e Infraestructuras aseguró ayer que tiene «muy avanzado» el trabajo de elaboración del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, pero siguió sin concretar qué previsión maneja respecto a la fecha de aprobación. De la redacción de este documento, cuya ausencia llevó a la Asamblea Regional a establecer una moratoria de tres años en la aprobación de nuevos proyectos urbanísticos en torno a la laguna, se ocupa «un equipo de técnicos de la Comunidad». Así lo señalaron a LA VERDAD fuentes del departamento que dirige José Ramón Díez de Revenga, que este año asumió la tarea tras el fiasco del encargo a la empresa Idom Consulting, Engineering, Architecture. La Comunidad, que adjudicó los trabajos a esta firma en octubre de 2021 por 400.000 euros, detectó «gravísimos retrasos» en los plazos de entrega, «escaso rigor técnico» en la documentación recibida y errores graves.
