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La Comunidad adaptará el IRPF a la inflación para que los murcianos no paguen más en la renta
La mejora fiscal, que fue anunciada también por la presidenta de Madrid esta semana, beneficiará a 600.000 contribuyentes en la declaración de 2024
El Gobierno regional adaptará los tramos autonómicos del IRPF para evitar que los 600.000 contribuyentes murcianos sufran una doble penalización en su declaración de la renta de 2024: perder poder adquisitivo por la escalada de la inflación, y a la vez, pagar más impuestos por subidas de sueldo que no compensarán el aumento de los precios de la cesta de la compra.
Siguiendo la estela de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, anunció este viernes que su Ejecutivo ha decidido deflactar desde 2023 la tarifa autonómica del IRPF en la Región de Murcia, es decir, ajustar esa cuota a la evolución de la inflación para contrarrestar los efectos fiscales de la subida de los precios y los salarios, y compensar el impacto de la subida de los precios en los bolsillos de los contribuyentes, una propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, incluida en el plan económico que remitió a la Moncloa.
El ajuste supone, para López Miras, «un paso más para evitar que la subida de la inflación repercuta de forma negativa en el IRPF que pagan los ciudadanos. Todos los contribuyentes, más de 600.000, se beneficiarán de esta iniciativa, porque vamos a deflactar todos los tramos».
La deflactación busca, por tanto, corregir la inflación y evitar la subida encubierta de la presión fiscal que ésta provoca, ya que el ciudadano puede ver cómo se incrementa su tipo impositivo efectivo sin que realmente haya aumentado su capacidad adquisitiva en términos reales. Aproximadamente el 70% de contribuyentes presentan rentas de hasta 24.000 euros, por lo que la aplicación del ajuste en esos tramos iniciales será la que beneficie a un mayor número de ciudadanos.
La previsión que maneja la Consejería de Hacienda, según concretó López Miras, es que haya una rebaja del 3,5%, lo que supondría un ahorro total de unos 12 millones de euros. De esta forma, la subida del IPC que lleva aparejada el incremento salarial no computará como un aumento del IRPF y no conllevará un «salto ficticio» en el tramo autonómico de cada contribuyente. Trasladado a un caso concreto: si a un empleado su empresa le sube el sueldo un 5%, ese incremento no tendrá reflejo en un salto de tramo en el IRPF, que implicaría pagar más impuestos, ya que el Gobierno regional entiende que ese trabajador, en realidad, no habrá mejorado su capacidad de consumo y compra con esa subida, inferior al incremento de la inflación. Al contrario: a pesar de la subida salarial, el trabajador habrá perdido poder adquisitivo.
El presidente de la Comunidad enmarcó su anuncio, que hizo público antes de clausurar la 44ª Asamblea General de la patronal regional Croem, en la «política de reducción de impuestos» de su gobierno, que prorrogará dos años más la bajada del tramo autonómico del IRPF, que, según sus cálculos, ya ha permitido un ahorro de 55 millones de euros en los últimos tres años, y la aplicación de 13 deducciones. Frente a esta política, López Miras recriminó al Gobierno central que «no puede estar más tiempo parado» sin afrontar la «incertidumbre» económica actual, con la inflación «disparada» al 7,7% anual y los precios de la energía un 30% más altos que hace un año.
La adaptación del tramo autonómico del IRPF «se sumará a las 15 deducciones autonómicas que se podrán descontar el año que viene en el IRPF los ciudadanos en la Región». Además, la Comunidad mantendrá en vigor la propia reducción del tramo autonómico del IRPF «que venimos bajando de forma progresiva en los últimos tres años y que seguiremos reduciendo, al menos, en los dos próximos», dijo el presidente de la Comunidad, para quien «menos impuestos es más libertad».
López Miras se sumó al carro de las demandas empresariales referidas al retraso de las grandes infraestructuras y la provisión de recursos hídricos, y lamentó la situación del Mar Menor. «El Gobierno regional ha lanzado un grito de auxilio, pero hemos recibido silencio e indiferencia».
En respuesta a las demandas de los empresarios murcianos sobre la necesidad de que la ley de simplificación administrativa quede aprobada antes de que comience la precampaña electoral, López Miras se comprometió a tener lista la nueva normativa antes del verano.
Más de 300 empresarios se dieron cita este viernes en la 44 asamblea general de Croem, a la que acudieron también representantes de otras organizaciones y confederaciones territoriales, como el presidente de ATA, Lorenzo Amor; de CEV (patronal valenciana), Salvador Navarro; y el presidente de Asempal, la asociación empresarial de Almería, José Cano.
