La ley que elimina las asignaciones públicas a patronal y sindicatos en la Región de Murcia entra en vigor este miércoles
La norma, que se publica este martes en el BORM tras ser aprobada por PP y Vox en la Asamblea Regional en junio, apela en su exposición de motivos a acabar «con el monopolio sindical subvencionado que las distintas administraciones han promovido para acallar el malestar social»
Austeridad, independencia y transparencia. Estos son los tres principios que se esgrimen para justificar la reforma de la Ley de Participación Institucional de la Región de Murcia acordada por PP y Vox en el pacto de Presupuestos de la Comunidad para 2025, que acaba con la obligación por parte del Gobierno regional de consignar cada año partidas presupuestarias nominativas a la patronal empresarial Croem y a los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO.
La modificación de la ley, aprobada por la Asamblea Regional el pasado 17 de junio, se publica este martes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (Borm) y entrará en vigor este miércoles. La exposición de motivos reconoce que la Constitución y el Estatuto de Autonomía consagran el derecho a la participación institucional de las organizaciones empresariales y sindicales, «para la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales», así como para «facilitar procesos de concertación y diálogo social».
No obstante, considera el legislador que «es necesario actualizar a la realidad social imperante la legislación y remover los obstáculos para una participación efectiva de todos los interlocutores sociales y lograr un diálogo social lo más amplio y plural posible».
En ese sentido, se plantea «eliminar las prerrogativas que se reconocen a determinados agentes sociales», como serían las asignaciones económicas con cargo al erario público, invocándose quinco motivos como justificación. En primer lugar, se apela a «un ahorro y eficiencia del gasto público», ya que los recursos que se asignan a patronal y sindicatos (unos 300.000 euros, según calculaban los afectados) se destinarían «a otras áreas prioritarias como sanidad, educación o infraestructuras».
La segunda razón que indica la norma para eliminar las subvenciones directas es «evitar el clientelismo político, ya que estas asignaciones pueden generar dependencia de ciertos colectivos o entidades hacia el gobierno, lo que podría distorsionar la representatividad real de la sociedad civil y favorecer relaciones de influencia política».
«En tercer lugar, se ahonda en una mayor transparencia y control del dinero público, ya que obligaría a las organizaciones a financiarse con recursos propios o mediante mecanismos más transparentes, reduciendo el riesgo de uso indebido de fondos públicos», continúa la exposición de motivos, que señala como cuarto argumento que tanto patronal como los sindicatos mayoritarios ganarán en independencia, «permitiendo a las entidades que participan institucionalmente a actuar con mayor autonomía y representar con mayor fidelidad los intereses de sus afiliados o asociados».
El quinto motivo es acabar con «la desigualdad en el acceso a fondos, puesto que no todas las organizaciones pueden acceder a estas subvenciones, lo que puede generar un trato desigual y una ventaja injustificada para ciertos grupos sobre otros, encontrándonos con un modelo actual de participación institucional que no es eficiente o representativo de la sociedad en su conjunto».
Por sus propias cuotas
«En resumen, la eliminación de estas asignaciones podría alinearse con principios de austeridad, independencia y transparencia en la gestión del dinero público», finaliza la exposición de motivos, que insiste en que «para ejercer una verdadera representación de los trabajadores es necesario que los interlocutores sociales se financien a través de las cuotas de sus propios afiliados, evitando así el monopolio sindical subvencionado que las distintas administraciones han promovido hasta ahora con el fin de acallar el malestar social».
En cualquier caso, la modificación no cierra definitivamente la puerta a que la patronal y los sindicatos continúen recibiendo aportaciones públicas. La diferencia es que, a partir de ahora, ya no las tendrán asignadas por ley, sino que tendrán que superar un proceso de concurrencia competitiva «en base a necesidades concretas».
Tanto UGT como CC OO anunciaron su intención de recurrir la norma en los tribunales, al considerar que vulnera la Constitución Española. El PSOE también señaló que estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad.
UGT: «La exposición de motivos es un insulto a la inteligencia»
La secretaria general de UGT en la Región de Murcia, Paqui Sánchez, advirtió de que «por mucho que pese a la ultraderecha, UGT va a seguir trabajando y reivindicando mejoras y derechos para la clase trabajadora y la sociedad más vulnerable».
Para la líder sindical, la reforma de la Ley de Participación Institucional es una muestra de «la debilidad del PP a la hora de afrontar políticas serias y de interés para la mayoría de los ciudadanos, quedando en manos de la ultraderecha pese a que podría haber aprobado los Presupuestos Regionales con el ofrecimiento que en muchas ocasiones le brindó el PSOE». «También que han preferido tragar con las condiciones de Vox, que tiran por tierra tanto trabajo realizado y que siempre el PP ha reconocido como valioso y necesario», señala Sánchez.
Respecto a lo que pueda afectar a la organización, desde UGT afirma que esta pérdida de asignaciones «no va a frenar el trabajo que realizamos ni van a cambiar lo que pensamos. Que sepa Vox y todos sus votantes que el sueldo de ningún dirigente de UGT depende de lo recibido por el Gobierno regional ni de subvenciones».
«Consideramos una auténtica vergüenza e insulto a la inteligencia lo plasmado en la exposición de motivos que acompaña a esta modificación de la ley: parece que PP y Vox no conocen el sistema de elecciones sindicales que nos otorga esa representatividad, las cuotas de nuestros afiliados que son las que nos sustentan y son más del 90% de nuestro presupuesto y que la gestión económica es 100% transparente y está auditada por una empresa externa», indicó la secretaria regional de UGT, quien añadió que «hasta el último céntimo del dinero público que recibimos se audita por la Administración pública competente».
«No vamos a bajar nuestro ritmo de trabajo ni nuestras aportaciones y también nuestras reivindicaciones para continuar haciendo lo que consideramos nuestra obligación, que no es otra que defender a la clase trabajadora y a los estamentos más vulnerables de la sociedad», concluyó Paqui Sánchez.
