La Justicia europea da la razón a un agricultor murciano frente al rey de Marruecos por una variedad de mandarina

Cuando hace más de un siglo el bisabuelo de José Canovas fundó la empresa de producción y exportación hortofrutícola 'José Cánovas Pardo SL', seguramente nunca imaginó que acabaría litigando con toda una dinastía como la alauí. Al más puro estilo bíblico de David contra Goliat, esta modesta empresa ha hecho frente a un gigante que le supera en influencia y medios. Sin embargo, cuando se trata de derechos, no hay motivo para el amilanamiento según su propietario.

Una variedad de mandarina, concretamente la 'nadorcott', es la culpable de los diez años de conflicto legal que lleva desarrollándose entre Cánovas y la propietaria de la patente de esta fruta desde 2004: una empresa registrada a nombre de la familia real de Mohamed VI, rey de Marruecos. Fue en 2006 cuando este empresario se decidió a cultivar casi 4.500 mandarinas en unos terrenos de su titularidad en Alhama. Al percatarse de ello, fue advertido por los poseedores de la licencia en octubre de 2007 para que cesara en su actividad hasta que solicitara el permiso correspondiente. Sin embargo, no fue hasta 2011, cuatro años más tarde, cuando la familia real de Rabat abrió diligencias ante un juzgado.

En la última actualización de esta telenovela legal, el Tribunal de Justicia Europeo intercedió este jueves en favor de Cánovas. Lo que reclamaban desde Marruecos era que se declarara como falta desde el inicio del periodo de protección de la patente, otorgada en 2004, hasta que cesara la producción de esta fruta por parte del infractor. La Justicia europea, en cambio, mantuvo con firmeza que para calcular el plazo de vencimiento del delito se deben tener en cuenta la fecha de inicio de la protección y el instante en que el dueño de los derechos tiene conocimiento de la infracción y de su autor. Si a esto añadimos que el marco legal europeo establece en tres años el tiempo a transcurrir para la prescripción de este tipo de delitos, se deduce que la denuncia presentada por Rabat se encontraba fuera de plazo.

Cánovas respira ahora aliviado, aunque momentáneamente, pues ya conoce varios cambios en el criterio de los jueces. «Cuando el primer juzgado me dio la razón, pensaba que el TSJ de Murcia también lo haría, pero no fue así», rememora. Tras este primer revés, acudió al Tribunal Supremo, que derivó a las instancias europeas la interpretación de la ley a aplicar. Eso ocurrió en la primavera de 2018 y ahora se han pronunciado, con final feliz para este empresario murciano.

«He intentado regularizar la situación pero, al tratarse de una patente, tengo que comprarla a agricultores y resulta muy caro», explica. En la cuidadosa regulación de sus concesiones radica la clave de su éxito y el motivo de que esté tan cotizada, según explica Cánovas. A diferencia de otros productos, «el precio para su venta suele mantenerse estable porque la oferta no crece exponencialmente» como sucede cuando no hay tal control para su cultivo.

«He estado buscando otras variedades por si el fallo no era en mi favor», confiesa con cierto cansancio. El laberinto legal llegó a tal punto que, comprobando otras sentencias relacionadas, pensó que no le darían la razón, algo que «no me hubiera importado tanto con tal de acabar ya con esto». «Se puede decir que he seguido cultivando con la espada de Damocles sobre mi cabeza», añade para quitar hierro al asunto.

Aunque por el momento parece que su afilada hoja no segará las ramas de sus árboles frutales, aún falta un último y crucial escollo: la resolución, ya vinculante, del Tribunal Supremo. Este órgano judicial tiene la última palabra, y debe dictar una nueva resolución tomando como referencia el razonamiento ofrecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El abogado de Cánovas estima que este último paso se demorará entre «tres y seis meses» más.

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