Una juez investiga si la alcaldesa de Jumilla enchufó para una jefatura a una compañera de la lista del PSOE

Los hechos que están siendo objeto de investigación se remontan al 27 de octubre de 2017, cuando una trabajadora municipal del servicio de limpieza, I.V.J., presentó una solicitud para ocupar en comisión de servicios la plaza de jefa de limpieza del Consistorio, que se encontraba vacante y a la espera de que se convocara la oferta de empleo para cubrirla. Se da la circunstancia, destacada en la querella, de que esa empleada municipal había integrado la lista del PSOE a los comicios municipales y que, por ir en el puesto 11, se había quedado fuera de la Corporación, ya que los socialistas habían sacado diez representantes.

Ese mismo día en que presentó la solicitud, la técnico municipal de Recursos Humanos ya emitió un informe favorable, una premura que lleva a sospechar a los querellantes de que ya existía «un concierto previo» para asignarle el puesto de jefa del servicio de limpieza. Y apenas unos días después, el 16 de noviembre, la Junta de Gobierno Local, presidida por la alcaldesa Guardiola, aprobó el nombramiento.

En este proceso hay dos circunstancias especialmente reseñables y que resultan fundamentales para explicar que se haya abierto un procedimiento penal. De una parte, no se dio publicidad alguna a la oferta de la plaza, con lo que se privó a cualquier otro interesado de la opción de solicitarla, y además no existía la urgente e inaplazable necesidad de cubrir ese puesto, pues no en vano llevaba vacante desde 2013. Pero lo más destacable es que, como el servicio de limpieza se encontraba externalizado desde dos años antes -se había contratado una empresa privada- y de hecho las tres empleadas del servicio habían sido reasignadas a puestos de conserje, la citada jefatura estaba en apariencia desprovista de cualquier función y competencia.

De esa forma, lo que se habría hecho desde el Gobierno local consistió en atribuirle una funciones que supuestamente nada tenían que ver con ese cargo, como las de «gestión, supervisión y control de los pliegos de condiciones técnicas y administrativas incluidas en el expediente de contratación profesional, entre otros el de Conserjería y Control de accesos; gestión del suministro de material de oficinas; gestión del suministro de mobiliario para oficinas; gestión del contrato de fotocopiadoras y gestión del mantenimiento e instalación de extintores y otros equipos de extinción de incendios.

Según los querellantes, estas atribuciones demostrarían que en realidad lo que se hizo fue «crear una nueva plaza 'ad hoc'» para la funcionaria citada, aunque formalmente su ocupación se denominara jefatura del servicio de limpieza. Con esta decisión, que a base de sucesivas prórrogas se ha extendido hasta la actualidad, ya que nunca se convocó la oferta de empleo para cubrir esa plaza, I.V.J. habría pasado a percibir unos 5.600 euros más cada año (de 25.072 euros a 30.618 euros).

De manera provisional, estos hechos han sido calificados como supuestamente constitutivos de delitos continuados de falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias, ya que los querellantes sostienen que la alcaldesa Juana Guardiola, «en virtud de su relación de compañerismo político con I.V.M., y con el fin de ser compensada por el hecho de no haber sido elegida en las elecciones municipales de junio de 2015, consiguió la adjudicación a dedo de la plaza de encargada de limpieza, con el consiguiente incremento de remuneración correspondiente a la que percibía hasta noviembre de dicho año por el desempeño de la plaza de conserje de colegio».

La querella ya ha sido admitida a trámite, al apreciar la magistrada que existe apariencia de posibles delitos, y han sido citadas a declarar las tres querelladas: la alcaldesa, la funcionaria que se adjudicó la jefatura y la técnico que hizo el informe avalando esa comisión de servicios. Igualmente, la instructora ha reclamado al Ayuntamiento que se le remitan todos los expedientes sobre esa designación.