Identidad nacional y religión

En la moción original planteada por Vox se leían propuestas como instar al Ayuntamiento a prohibir conmemoraciones «ajenas a nuestras tradiciones, por tratarse de prácticas incompatibles con la identidad y usos y costumbres de la nación española», o apostar por impedir «la consolidación de prácticas culturales foráneas que no forman parte de la tradición española y que inciden sobre la cohesión social, generando tensiones y conflictos internos, desarraigo y erosión de la identidad nacional». La finalmente aprobada con las enmiendas del PP suaviza para quedarse, en lo que aquí interesa, en un instar a que se promuevan «actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones religiosas tradicionales en nuestro país». En la exposición de motivos (que no se enmienda) se apela a la necesidad de proteger aquellas costumbres y tradiciones con arraigo en España que configuran «el ethos del pueblo».

La propuesta original de Vox no cabe duda de que se opone frontalmente a principios democráticos basilares como el respeto al pluralismo y a la libertad, al pretender construir una identidad nacional con sentido excluyente, sobre la base de un determinado credo religioso y, a partir de ahí, prohibir las manifestaciones foráneas que se consideran como una especie invasora que puede pervertir ese 'ethos' patrio. La consecuencia es cercenar el pluralismo y restringir libertades y derechos de las personas. Un discurso que nos recuerda al mantenido por Erdogan en Turquía o por Putin en Rusia y que ahora penetra en nuestras democracias europeas a través de los partidos aglutinados en Patriotas por Europa, al que pertenece Vox. Hungría es dentro de Europa el mejor ejemplo donde este tipo de discursos se han traducido en medidas concretas que han llevado a que tenga hoy procesos ante el Tribunal de Luxemburgo por violaciones sistemáticas del Estado democrático de derecho por ataques a las libertades de personas y grupos sociales.

Pero tampoco la moción edulcorada por el PP creo que se libre de resultar inconstitucional porque, aunque el texto sea más sutil, se apela a que los poderes públicos reconozcan unas manifestaciones religiosas que se identifican con «nuestra identidad». Algo contradictorio con la aconfesionalidad del Estado y con el deber de colaboración de los poderes públicos con las distintas confesiones religiosas. Porque en España no hay un laicismo que ataque a la religión, todo lo contrario. La Constitución apela a la colaboración de los poderes públicos con las confesiones religiosas y en especial con la católica; pero sin exclusiones, ni dando a ninguna un tratamiento asimilable al de ser la confesión propia del Estado, frente a las demás que serían 'foráneas'.

Hay otro elemento en la moción que, a priori, no plantea problema constitucional: la restricción del uso de espacios deportivos para que se dediquen sólo a ese ámbito y no a otras actividades sociales, culturales o religiosas. Aunque podríamos plantear si los polideportivos son foros públicos que deberían estar abiertos a usos múltiples.

Y una reflexión final. Este intento de construir una identidad nacional sobre tradiciones y credos religiosos, como he dicho, es el mantra que alimenta el discurso de un pretendido patriotismo antidemocrático que busca 'resetear' nuestro orden de convivencia. Si en su día partidos como Podemos inauguraron el cuestionamiento del 'régimen del 78' e intoxicaron el léxico político con propuestas iliberales, ahora han tenido un sucesor muy peligroso en la extrema derecha. Algo que plantea un dilema para los partidos que quieran ser fieles al espíritu del 78 y a los valores democráticos. En lo regional, el legítimo reproche a las políticas del Gobierno de Sánchez no creo que justifique que el PP haya desaprovechado la oportunidad de abrir un diálogo constructivo con el PSOE regional, como hace en Europa. Entregarse en manos de los bárbaros al final tiene un coste que pagará nuestra democracia.