El juicio por la rama murciana de la 'Púnica' arrancará en mayo de 2024
La Audiencia Nacional prevé hasta 17 sesiones para la vista en la que el exconsejero de Turismo Juan Carlos Ruiz afronta cuatro años por presunto fraude y tráfico de influencias
El juicio por la pieza murciana del 'caso Púnica', una de las mayores investigaciones de corrupción desarrolladas en España en las últimas décadas, ya tiene ... fecha. Será a partir del 6 de mayo de 2024 cuando Juan Carlos Ruiz, exconsejero de Industria y Turismo en los gobiernos del popular Ramón Luis Valcárcel, se sentará en el banquillo, junto a tres de sus antiguos colaboradores en ese departamento y a varios supuestos conseguidores aventajados de contratos públicos, encabezados por quien fue alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso.
La Audiencia Nacional, en una diligencia dictada este jueves a la que LA VERDAD ha tenido acceso, fija el calendario para este macrojuicio, que arrancará en Madrid el 6 de mayo de 2024, dentro de más de un año. Hasta 17 sesiones ha reservado la Sala de lo Penal para destripar este caso que, si se respetan las fechas, quedará visto para sentencia el 12 de junio de ese año.
La Fiscalía atribuye un papel principal en esta causa al exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso, un presunto «conseguidor» quien, junto a su socio, el también imputado Alejandro de Pedro, se habría dedicado a ofrecer a cargos públicos unos trabajos de mejora de la reputación personal en internet, conocidos como 'networking management' y sobre los que en apariencia se buscaba que fueran sufragados con fondos públicos.
En concreto, lo que presuntamente se ofertaba a destacados políticos a través de la empresa Eico, controlada por Alonso y De Pedro, consistía en impulsar campañas personales de imagen que construyeran una reputación positiva en internet y que, a la vez, permitiera neutralizar las noticias negativas vertidas contra estos cargos públicos.
Lucha de poder
Una de estas ofertas de lavado de la reputación la habría recibido en 2014 el entonces consejero de Industria y Turismo, Juan Carlos Ruiz, en quien en ese momento se daba la circunstancia de que se disputaba con otro consejero, Pedro Antonio Sánchez, la posibilidad de reemplazar a Valcárcel como líder del PP regional y futuro candidato a la Comunidad.
Esa labor de mejora de la reputación personal de Ruiz, según sostiene el fiscal en su escrito, iba a ser camuflada presuntamente bajo un contrato con el Instituto de Turismo denominado Plan de Comunicación Digital del Instituto, por importe de 20.040 euros. También a través del Info, encubriendo los pagos bajo la denominación Nuevo Plan de Comunicación e Imagen del Instituto de Fomento, que importaba 50.000 euros, siempre según las acusaciones de la Fiscalía.
En ese presunto acuerdo ilícito con la firma Eico, por el que las arcas públicas iban a asumir el coste de unos trabajos de carácter personal, habrían intervenido presuntamente quien era el jefe de gabinete de Juan Carlos Ruiz, Fidel Saura Guerrero; la entonces directora del Instituto de Turismo, Mariola Martínez Robles; y su secretario general, Jesús Norberto Galindo. Todos ellos se enfrentan a peticiones de cárcel y de inhabilitación por supuestos delitos de fraude y prevaricación y, en algunos casos, de tráfico de influencias, aunque el mayor castigo, de cuatro años de prisión, se reclama para Ruiz.
El letrado defensor de Ruiz: «Mi misión es restaurar su honorabilidad para que quede, por fin libre de toda mácula».
Mariola Martínez afronta dos años y seis meses de prisión y dieciocho años de inhabilitación y Jesús Norberto Galindo, un año y seis meses de prisión y 16 de inhabilitación. A José Fidel Saura le piden tres años y diez meses de prisión, cuatro años de inhabilitación y multa de 100.000 euros.
La Fiscalía reclama, además, penas de dos años y medio de prisión para Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso por supuesto fraude y prevaricación, dos años para Agustín Alonso y otro tantos para los exempleados de Eico Francisco Javier Bueno y Sara Gargallo por esos dos mismos supuestos delitos.
Preguntado por esta redacción el penalista Raúl Pardo-Geijo Ruiz, que se encarga de la defensa de Juan Carlos Ruiz, sostuvo que «además de demostrar su inocencia, mi misión es restaurar su honorabilidad para que quede, por fin y aunque hayan transcurrrido varios años libre de toda mácula».
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