La jueza del 'caso Puerto' amplía la investigación y pone más contratos bajo la lupa

La instructora ha solicitado a la APC el expediente completo de la carrera K-10 celebrada en Cartagena en el año 2021, un evento gestionado por una empresa de comunicación, al igual que el proyecto 'Vive tu Puerto', en el que la Justicia ya lleva meses buceando. La magistrada argumenta que ambos contratos se firmaron prácticamente en las mismas fechas y, según las diligencias practicadas hasta la fecha, se habría detectado «una interrelación económica» entre ambos eventos. La instructora remarca que «no se encontró precisión a la hora de fijar cómo se gestionó la carrera ni la forma en la que se abonó la misma», lo que motiva una ampliación de la investigación para esclarecer posibles responsabilidades.

A fin de determinar el servicio prestado y por quién se realizaron los pagos, la magistrada da diez días a la empresa para que proporcione toda la documentación sobre este contrato. La jueza advierte a la mercantil, al igual que a la APC, de que, en caso de incumplir esta petición, podrá abrir un procedimiento por un delito de desobediencia grave.

Este no es el único contrato que la jueza pretende despedazar en los próximos meses. También pone el foco sobre el proceso de selección de E. L., jefa de División de Relaciones Institucionales y de Comunicación del Puerto. La magistrada decidió el pasado abril detener la declaración de esta profesional, que acudía como testigo, para que volviese a declarar ya como investigada –y acompañada de un abogado– ante las manifestaciones que estaba realizando. La jueza explica en este nuevo auto que la entonces jefa de Comunicación «se mostró dudosa, no precisando de forma clara cómo se produjo su selección, e intentando justificar el mismo con expresiones incoherentes y con respuestas indecisas y vacilantes».

La instructora hace hincapié en que E. L. se incorporó a la APC después de haber sido la jefa del gabinete de Antonio Sevilla, expresidente del Puerto, cuando este era consejero y durante un periodo de más de dos años. Se incorporó a la APC meses después de que también lo hiciera Sevilla y lo hizo sometiéndose a un proceso de selección por la misma empresa que se encargó del fichaje de P. E., directora del departamento de Innovación e investigada también en la causa. El fiscal ha reiterado en diversas ocasiones la afinidad de esta procesada, con Antonio Sevilla, expresidente de la APC y exconsejero del Gobierno regional del PP.

Entre las medidas adoptadas por la magistrada Consuelo Andreo Ruiz se encuentran, además, nuevas citaciones. Entre ellos aparece Jaume R., que deberá comparecer como investigado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y revelación de secretos, este mes de enero.