La juez manda el 'caso Pokemon' a la Región con 7 ex altos cargos bajo graves sospechas

Pilar Barreiro, Mª Ángeles Palacios y Joaquín Moya Angeler /LV
Pilar Barreiro, Mª Ángeles Palacios y Joaquín Moya Angeler / LV

La exconsejera Palacios, la exalcaldesa Barreiro y varios antiguos ediles están acusados de recibir dádivas a cambio de un trato de favor a Aquagest

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Tres piezas del 'caso Pokemon', que desde hace un lustro investiga una supuesta trama de corrupción en torno a la compañía de aguas Aquagest para adjudicarse contratos públicos en ayuntamientos de toda España, terminarán de instruirse en los juzgados murcianos. Así acaba de decidirlo la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, quien obedeciendo las resoluciones de órganos superiores ha remitido las diligencias a los juzgados territoriales competentes para asumir la investigación. Entre ellos figuran los de Murcia, Cartagena y Lorca, ya que parte de las averiguaciones se han venido centrando en supuestas prácticas ilegales cometidas desde los consistorios de estas tres respectivas localidades, con el aparente objetivo de favorecer la adjudicación de concursos públicos a Aquagest o Hidrogea (empresas que integran el grupo Aguas de Barcelona-Agbar).

En el auto de inhibición dictado por la magistrada cartagenera De Lara, al que 'La Verdad' ha tenido acceso, se deja constancia de que directivos de Aquagest estuvieron durante años recurriendo presuntamente «a sobornos en todas sus modalidades (supuestas entregas de dinero, viajes, regalos, contratación de trabajadores 'enchufados'...)», con el fin de gratificar a los cargos públicos y altos funcionarios «que bien directa o indirectamente han realizado actos para beneficiar a esta empresa».

Una de las vías para hacerse con los concursos públicos, de forma supuestamente ilegal, habría consistido en influir sobre los técnicos que redactaban los pliegos de condiciones, estableciendo criterios que aseguraran que Aquagest iba a resultar adjudicataria. También se habría llegado a utilizar a sociedades afines, aunque en apariencia eran totalmente ajenas a este grupo empresarial, para simular que existía competencia en los contratos negociados sin publicidad.

Los investigados en la trama de Cartagena disfrutaron de viajes por España, Europa y América entre 2005 y 2012

Hasta el momento, y al margen de lo que ahora puedan decidir los jueces de Murcia, Cartagena y Lorca en quienes recaiga la investigación, la magistrada De Lara señala como sospechosos a un elevado número de antiguos altos cargos públicos y funcionarios de las Región, de quienes sospecha que se beneficiaron de sus relaciones con Aquagest. Entre los señalados destacan la exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, la exconcejal cartagenera y antigua consejera de Sanidad María Ángeles Palacios, los exediles cartageneros Agustín Guillén, José Cabezos Navarro, José Vicente Albaladejo Andreu; el exconcejal murciano Joaquín Moya-Angeler, y el exconcejal lorquino Melchor Morales Bernal. El resto de los investigados son Sergio Miguel Soriano Ruiz y Enrique Font Martínez (por la trama del Ayuntamiento de Murcia); Antonio Jesús Navarro Reina, José Juan González Giménez y José María Padial Gallego (Consistorio de Cartagena), además del alto directivo de Aquagest Luis Rodolfo García Berenguer.

En el caso de Murcia, el antiguo concejal de Economía y Hacienda, Joaquín Moya-Angeler, habría disfrutado entre los años 2005 y 2010 de una decena de viajes pagados por Aquagest a Barcelona, Ciudad Real, Albacete y Valladolid, además de otros viajes -en apariencia, de placer- a Oviedo, donde se alojó junto a un acompañante por espacio de varios días en un hotel de cinco estrellas.

Por lo que respecta a Cartagena la entonces alcaldesa Pilar Barreiro y varios de sus ediles disfrutaron de viajes a distintas ciudades de España, Europa y América entre 2005 y 2012, también supuestamente con cargo a Aquagest.

Las concretas imputaciones existentes contra quien fue concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Lorca, Melchor Morales, no han trascendido hasta el momento, aunque la juez De Lara lo señala expresamente en su auto como investigado por esa trama específica. El 'caso Pokemon' abarca presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude, uso de información privilegiada, asociación ilícita y falsedades documentales.